La nueva reforma tributaria: tropiezo al acuerdo de paz y afianzamiento de la estrategia neoliberal

Consuelo Ahumada

 

Ph.D. en Ciencia Política de New York University. Profesora universitaria y miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE. cahumadabg@gmail.com

 El gobierno de Santos presentó con carácter de urgencia esta semana su tercera reforma tributaria al Congreso, con el argumento de que se necesita recaudar los recursos que se han dejado de percibir en los últimos dos años, debido al derrumbe de los precios del petróleo. Pero esto es solo una explicación parcial del problema. La crisis fiscal del país es producto ante todo de la persistencia en un modelo basado en la llamada confianza inversionista, en especial en el sector minero-energético, la apertura económica, el endeudamiento externo y el abandono del sector productivo por parte del Estado.

 La presente reforma tributaria sobreviene en el peor momento posible, dadas las difíciles condiciones políticas del país. Pese a la creciente movilización social para que se concreten por fin los acuerdos de paz con las FARC, dicha reforma se convierte en un obstáculo adicional para la ratificación definitiva de los mismos. No es que la reforma en sí misma contradiga los acuerdos, por cuanto estos no ponen en cuestión la vigencia del modelo económico vigente, sino más bien que se trata de una reforma altamente impopular. Este proyecto, al igual que las otras doce reformas que se han aprobado en los últimos veinticinco años, incluidas las tres presentadas por el gobierno de Álvaro Uribe durante sus dos mandatos, busca ante todo favorecer a los inversionistas extranjeros y a los empresarios nacionales, a costa de los trabajadores y los amplios sectores de la población. Es decir, se pretende afianzar la estrategia neoliberal cuyos efectos han sido tan negativos para el país, en contravía de los vientos de cambio que empezaron a soplar desde las naciones del Sur del continente en el presente siglo.

 Las presiones internacionales para que se presentara esta reforma fueron muchas y muy fuertes. La OCDE, el FMI, el Banco Mundial y el BID insistieron en que se hiciera cuanto antes. La muy poderosa agencia calificadora de riesgo Standard & Poors (S&P), después de cambiarle la calificación de riesgo soberano a la economía colombiana de estable a negativa, le advirtió a la administración Santos en tono perentorio que, de no hacer con prontitud los ajustes que se requerían, el siguiente paso que adoptaría sería anunciar una baja de calificación de la economía del país (Crédito costoso y más impuestos, los efectos de la decisión de S&P”, El Tiempo, domingo 21 de febrero de 2016, p.17).

Para cumplir con dicha orientación, el Gobierno Nacional conformó la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria, con el objetivo de que formulara propuestas para hacer más equitativo y eficiente el sistema tributario del país. En diciembre de 2015 presentó su informe final, acogiéndose a las recomendaciones de las entidades internacionales. En términos generales, el proyecto de reforma que el ministro de Hacienda acaba de presentar al Congreso recoge los lineamientos de este informe.

 Es necesario destacar que la política tributaria es un mecanismo fundamental para mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza y desigualdad y sacar adelante las tareas del desarrollo y la construcción de la sociedad del posconflicto, en el caso de Colombia. Si se parte de una concepción que privilegie dichos objetivos, una reforma tributaria estructural es indispensable para obtener los recursos financieros con el fin de desarrollar las políticas públicas que se requieren.

 Por el contrario si, más allá de la retórica del texto y el discurso, el punto de partida y de llegada de la reforma tributaria es el afianzamiento del modelo económico vigente, esta se convierte más bien en un ejercicio tecnocrático, pretendidamente apolítico, cuyo objetivo es alcanzar eficiencia en la recaudación de los ingresos fiscales para que el Estado siga cumpliendo con la función primordial que se le ha asignado en las últimas décadas: garantizar las mejores condiciones para la inversión extranjera.

 Dentro de esta lógica, los principios básicos que sustentan esta reforma y sus medidas principales son las siguientes:

  1. Se parte de que los impuestos no pueden desestimular la inversión privada, considerada como la base del crecimiento económico. En este respecto, se contempla unificar el impuesto de renta para las empresas y reducirlo gradualmente, de manera que en el 2019 sea del 32%. Se plantea la eliminación del CREE, sin afectar los recursos que se asignaban al ICBF, Sena y la salud, por cuanto 9% del impuesto unificado de renta tendrá esta destinación. Se plantea gravar los dividendos en cabeza de las personas naturales, con tarifas diferenciales, según el monto repartido.
  2. Se propone bajar el umbral de tributación y ampliar la base tributaria, para incluir a quienes devenguen ingresos mensuales desde $2.750.000. Para el 2019 se estipula el monto gravable a partir de $2,480.000 (1000 UVT, Unidades de Valor Tributario a valores de 2016).
  3. Se crea el llamado monotributo, con el cual se pretende gravar a las personas naturales dedicadas al comercio al por menor y a las peluquerías, y se plantea como voluntario, en lugar del impuesto de renta, pretendidamente con el fin de que estos sectores hagan el tránsito hacia la formalización.
  4. Se propone incrementar los impuestos indirectos, en especial el IVA, del 16 al 19%. Aunque se dice que no se afectará la canasta familiar, esto no es cierto, porque efectivamente aparecen incluidos productos básicos de consumo popular.
  5. Se crea el llamado “impuesto al carbono”, que recae sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo. Este impuesto tendrá un impacto significativo en el precio del combustible.
  6. El proyecto propone algunas medidas de modernización tributaria, en materia de tributación internacional, al tiempo que plantea cárcel y otras medidas punitivas para los evasores de impuestos, No obstante, aunque la modernización tributaria es necesaria, el control de los recursos financieros y de los paraísos fiscales parece un objetivo cada vez más utópico, en un mundo diseñado a la medida de los grandes capitales financieros.

Queda claro, entonces, que la reforma tributaria presentada es fundamentalmente regresiva, tanto para los trabajadores y la clase media como para las perspectivas de desarrollo del país.

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