S.O.S por la vida y el territorio: los peligros de la extracción petrolera en la provincia de Sugamuxi

Dianna Camila Dávila* / Somos Ciudadanos.

Muchos rumores han surgido sobre la suspensión de la audiencia pública del 29 de septiembre, a realizarse en el municipio de Pesca (Boyacá). El encuentro, tenía como objetivo socializar la intención de la multinacional francesa Maurel & Prom de explorar y explotar petróleo en inmediaciones de la Laguna de Tota. Finalmente esta fue aplazada para el domingo 6 de noviembre.

Maurel & Prom lleva más de cinco años intentando extraer crudo del suelo de la Provincia de Sugamuxi. En 2011 esta transnacional anunció la puesta en marcha del proyecto Muisca 3D, que pretendía sacar petróleo de 6 municipios de la región. En alianza con la Compañía Geofísica Latinoamericana, CGL, en su momento socializaron ante las comunidades de Aquitania, Tota, Pesca, Firavitoba, Iza y Sogamoso un engañoso proyecto de sísmica y extracción petrolera, que atenta gravemente contra la zona adyacente a la cuenca del Lago de Tota.

Recientemente Oscar Vanegas, ingeniero de petróleos y docente de la Universidad Industrial de Santander, en entrevista reciente advirtió sobre los peligros de dicho proceso de exploración lo siguiente: “no podemos arriesgar un ecosistema tan frágil como este porque según el mismo Ideam, la zona más débil con el cambio climático es Boyacá y casi toda la cordillera oriental, los páramos no son capaces de adaptarse a este cambio y va a haber menor lluviosidad y está propensa a que el cambio climático la convierta en un desierto por lo que no se puede permitir que esta zona sea explotada” . [1]

A un centenar de kilómetros, en el Departamento de Casanare, permanecen vivas las imágenes, en la retina de miles de compatriotas, del agotamiento de las fuentes hídricas que ese territorio experimentó producto de la extracción de petróleos con la técnica de fractura hidráulica o fracking , la cual requiere de ingentes cantidades de agua para la exploración y explotación. 

Los daños ambientales de este método para Casanare, no solo significaron la extinción del agua subterránea, el desecamiento de lagos y ríos sino la muerte de miles de aves, babillas, chigüiros, vacas y peces.

No sobra redundar y repetir que la minería y la extracción de hidrocarburos es una actividad que produce millones de dólares en dividendos para las compañías multinacionales que la llevan a cabo. Lo inverosímil del caso es que dichas empresas pagan impuestos casi nulos al fisco nacional; evaden gravámenes; transfieren miles de millones de dólares sin ningún control tributario; desplazan comunidades; amenazan líderes que se oponen a los proyectos minero-energéticos en las regiones, hasta llegar al punto en que dichas advertencias se traduzcan en asesinatos.

Boyacá no es la excepción a la regla ya que sufre de manera agresiva los efectos devastadores de la minería y los hidrocarburos. El enfrentamiento de las comunidades con los proyectos extractivitas se han agudizado y multiplicado en los últimos 10 años.

En el caso del ecosistema que rodea el Lago de Tota, las actividades de sísmica iniciales realizadas por la empresa Maurel & Prom han acabado con 210 cuerpos de agua.

El ejemplo del municipio de Pesca es escabroso: la actividad de Maurel & Prom desplazará aproximadamente a 7000 habitantes del municipio y de las dos veredas de la población de Tota. De las 21 veredas de Pesca, 15 estarán expuestas a la exploración y explotación petrolera, salvándose solamente 6.

Todo comenzó 5 años atrás cuando los ingenieros crearon una sinuosa manera de engañar a las comunidades diciéndoles “estos son unos aparaticos que no les van a afectar”.

El tiempo se encargó de corroborar de que dichos “aparaticos” son en realidad detonadores que han producido fuertes explosiones y el progresivo desecamiento de nacimientos de agua, pozos comunales, múltiples agrietamientos de sus hogares y deslizamientos de tierra continuos.

La dimensión del engaño, contra los campesinos, incluye frases como "nosotros vamos a ingresar a su predio una carga de Sismigel, que explota pero no explota". El sismigel es un explosivo de nivel 6 de riesgo, según información obtenida de la ficha técnica suministrada por la Industria Militar Colombiana, Indumil, en la ciudad de Sogamoso.

Muchas viviendas de la región son elaboradas con adobe y tapia pisada, estructuras frágiles que colapsaron como consecuencia de las múltiples explosiones. Los afectados han recibido respuestas como el ofrecimiento, a manera de indemnización, de 80 mil pesos por cada vivienda dañada así como promesas de vacantes laborales para los habitantes de la zona.

Desde nuestro tejido organizativo local, en defensa de la vida y el territorio, denominado Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi, en relación a los tópicos descritos anteriormente, hemos establecido e inferido lo siguiente:

1. Esta afectación sísmica ha generado un impacto directo en el recurso hídrico que hace parte del rio Chicamocha, afluente de agua que atraviesa gran parte del país y cuya cuenca esta afectando a uno de los municipios en cuestión, Pesca.

2. Inicialmente el territorio otorgado por el ANLA a la multinacional, para la exploración y explotación petrolera, fue de 35.000 hectáreas que se redujeron a 8.033 hectáreas, al hacerse efectivas algunas denuncias en un comunicado emitido por la Contraloría, el cual estableció que en esa zona no es posible hacer actividad petrolera por las “irreversibles afectaciones que se generan en el Lago de Tota y comunidades aledañas”. Sin embargo, la cuenca del río sigue siendo vulnerada al extenderse el impacto más allá de las comunidades rurales, llegando a afectar a los habitantes de la ciudad de Sogamoso, quienes consumen las aguas de esta zona de recarga hídrica.

3. Lo sucedido en la región ha servido de oportunidad perfecta para que personas inescrupulosas, algunas financiadas por agentes políticos locales, y la misma Maurel & Prom, hayan querido usufructuar el proceso de lucha ambiental para beneficio propio. Estos “falsos ambientalistas” han intentado tomar la vocería de las comunidades para frenar cualquier tentativa de la población de enfrentar a quienes actúan en contra de sus intereses, en este caso los organismos públicos cooptados por la multinacional.

* Dianna Camila Dávila es integrante del Colectivo Somos Ciudadanos.

Notas

[1]"La explotación en Boyacá es más grave que en Caño Cristales", entrevista a Oscar Vanegas. Periódico Entérese, octubre 23 de 2016. 

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