Para decir no a la minería: dos municipios se movilizaron en corto tiempo

Teresa Consuelo Cardona
Docente, investigadora y poeta cucuteña, hija adoptiva de Palmira

Actualmente y desde el 2004, avanza un proyecto para la extracción de material de arrastre del río Amaime, ante la Agencia Nacional de Minería. El río, que es afluente del Cauca, nace en el páramo de Las Hermosas y desciende por la cordillera Central, oxigenando a lo largo de la cuenca tres tipos de bosques ubicados entre los 4.200 y los 900 metros de altitud que abarca un área de más de 100.000 hectáreas, de vital importancia para la estabilidad ambiental del territorio. En su entorno, en poblaciones rurales y urbanas, se asientan unas 450.00 personas. El proyecto de extracción minera está reconocido por la ANM con el contrato de concesión Djm121, en el que las empresas Gravarena Ltda. y Arenas Amaime, harán la explotación del río sacando de su cauce 76.000 metros cúbicos, en un tramo cercano a dos poblaciones rurales, con maquinaria pesada. Según se manifiesta en el seguimiento que la misma Agencia hace del contrato, los solicitantes requieren el permiso de la CVC para poder otorgarles finalmente la concesión.

El Pomch, Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hídrica, documento que designa el destino de las zonas de un municipio, delimita el área de recorrido del Amaime, en la zona montañosa, con una vocación distinta a la explotación minera de material de arrastre, ya que es una región destinada a la reforestación, las pequeñas parcelas, pequeños desarrollos agropecuarios, cultivos forestales y reserva ambiental. Este Pomch, es la guía del desarrollo de la región y debe ser consultado por todas las entidades que deseen hacer proyectos de cualquier tipo, ya que traza la ruta de lo posible y lo inaceptable en Palmira y El Cerrito, hasta el año 2030.

Por lo tanto, lo que se esperaría de la CVC, Corporación Autónoma Regional del Valle, entidad creada para proteger los recursos naturales, es que, teniendo el Pomch claramente definidos los límites de destinación de la región, hubiera respondido negativamente a la solicitud, con fundamento en ese documento. Sin embargo, la CVC ordenó un "Estudio de Impacto Ambiental para la Explotación de Materiales de Construcción en el Río Amaime, Departamento del Valle del Cauca" en el que se leen diversos análisis ambientales, sociales y económicos y que no contiene las recomendaciones expedidas por el Consejo Territorial de Planeación que específicamente dijo, en un oficio dirigido a la Alcaldía, que teniendo en cuenta los Impactos Físicos, de Calidad de Agua y Ecológicos (que enumera) le solicita “que impida la explotación mecánica de material de arrastre y mineral del río Amaime". Tampoco se tiene en cuenta que la Secretaría de Planeación Municipal expresamente, en carta dirigida a la CVC, anota que “podemos concluir que los predios dentro del polígono, tienen diversas áreas de actividad, pero ninguna posee área de actividad especializada en zonas de extracción de material de arrastre”.

Según la Agencia Nacional de Minería, en seguimiento hecho al desarrollo del contrato Djm121, por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, la empresa solicitante de la concesión ha incumplido con la renovación de la póliza y con la Licencia ambiental, sin la cual no puede hacer efectiva la concesión. Se esperaría que en consecuencia, el proceso de concesión se hubiera suspendido, pero continúa en la espera de la licencia, una licencia que se sabe de antemano, que independientemente de nuevos estudios, no puede ser concedida porque está expresamente prohibido en el Pomch.

En la fase final del análisis de la solicitud de la licencia ambiental, la CVC ha convocado a una audiencia pública a Asoamaime, la Sociedad Gravarena río Amaime, la Sociedad Arenas Amaime, quienes son la parte interesada en obtener la licencia. También dijeron haber invitado a la gobernadora del Valle, los alcaldes y personeros de Palmira y El Cerrito, el ingenio Providencia, el ingenio Manuelita, la procuradora Judicial y Agraria, el Defensor del Pueblo del Valle. Del mismo modo a la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rosario, de El Cerrito. El presidente de esta última entidad nos informó no haber sido invitado y la gobernadora y el alcalde de Palmira anunciaron no conocer el proyecto y al conocerlo, no estar de acuerdo con él. Como se notará, ni la comunidad de Palmira ni la de El Cerrito, ni las de los corregimientos y veredas de la zona de influencia, ni las juntas de usuarios de los acueductos, ni las Juntas de Acción Comunal de los corregimientos, ni los veedores ambientales, fueron invitados.

Los integrantes del Colectivo Prodefensa del Territorio y el Agua, iniciaron las actividades de socialización del tema, en cuanto supieron de la solicitud de licencia, apenas dos semanas antes de la audiencia pública, que no fue suficientemente promovida por la CVC. Llevaron hasta las comunidades más alejadas a los expertos en asuntos ambientales, que pusieron en contexto las consecuencias de la explotación del río, con maquinaria pesada. Expresando su preocupación, la comunidad se organizó en torno a la información que se fue obteniendo del "Estudio de Impacto Ambiental para la Explotación de materiales de Construcción en el Río Amaime, Departamento del Valle del Cauca", del seguimiento al Contrato de Concesión Djm121, del Ponch, de los documentos expedidos por planeación Municipal y por el Consejo Territorial de Planeación, a los que accedió gracias a la asesoría oportuna de los miembros del Colectivo. Así, los habitantes de las zonas aledañas al área de explotación lograron, con reuniones informativas, aclarar las dudas y acentuar su preocupación por no haber sido tenida en cuenta desde cuando se inició el proceso ante la ANM.

Se programó una estrategia de comunicación, para dar a conocer todos los detalles a la mayor cantidad posible de personas de las 450.000, que consideramos se verán afectadas con la licencia si llega a darse. A través de las redes sociales, se hizo la primera avanzada y como segunda medida, se visitaron Juntas de Acción Comunal, fundaciones y organizaciones comunitarias en zonas rurales y urbanas, entre otras, para explicar lo que estaba sucediendo. Tan sólo en 10 días se logró socializar la situación y explicar toda la cronología del proyecto de explotación en el río. Algunos medios de comunicación se fueron sumando tímidamente a la gesta informativa y se hizo una nota en el río, para mostrar la belleza natural que está en peligro, que fue emitida inicialmente en el Informativo Veredal, un programa alternativo, hecho por miembros de las comunidades, que logró acceso a un canal local de Palmira. Una vez se conoció la primera nota, varios noticieros locales y regionales, editaron las entrevistas e hicieron sus propias noticias de denuncia. El tema se puso en la agenda de los palmiranos, cerriteños y vallecaucanos, reforzado con la información voz a voz y a través de las redes sociales. Se creó una página en la que se fue colgando material útil para la investigación de veedores, periodistas e interesados en general. Con la página, según estadísticas entregadas por Facebook, se logró alcanzar cerca de 36.000 personas en una semana, con información confiable.

Dado el alcance de la información, la CVC publicó un video que intentaba desprestigiar a quienes consideraron los líderes, en un hecho que puede ser considerado como un intento fallido por dividir a la comunidad. La comunidad, organizada ya, en torno a la información cierta, rechazó el video y los ánimos se caldearon. En medio de la carrera por la divulgación de los hechos arriba anotados, se logró que el Consejo Territorial de Planeación escuchara a los miembros de la Comunidad para que hiciera las recomendaciones necesarias a las autoridades locales. Del mismo modo se logró que el Concejo Municipal realizara un cabildo abierto, el martes 7 de noviembre a las 8:30 de la mañana, para escuchar a los expertos y también a los habitantes de la región, a fin de tomar medidas específicas propias de su esfera pública. Al cabildo se invitó a toda la ciudadanía a través de redes sociales, llamadas telefónicas, perifoneo, volantes y otros recursos alternativos. Fue también una estrategia exitosa, en tanto que más de 250 personas, se dieron cita en el hemiciclo de Palmira. Allí, por más de 4 horas, los concejales escucharon los detalles sociales, culturales, económicos, financieros, ambientales, académicos, jurídicos y expresaron públicamente, uno a uno, desde todas las bancadas, su rechazo al proyecto de explotación del río Amaime. Durante la sesión del cabildo abierto, se sumaron al rechazo, la Personería, la Contraloría, los veedores ambientales con reconocimiento en la ciudad, asociaciones de ambientalistas y de ingenieros forestales y agrónomos, y también el alcalde municipal, a través de la Secretaría de Planeación y la oficina de riesgos. Todos ellos decidieron unánimemente, acompañar a la comunidad en la audiencia pública y respaldarla haciendo sus recomendaciones y exigencias a la CVC.

Así, el 8 de noviembre fue la audiencia pública con la CVC que, aunque se planteó de parte de la entidad como un espacio exclusivo para formular información técnica, la comunidad pudo expresarse para fortalecer la causa en defensa del río Amaime, contra la explotación minera.

La cita fue a las 9:00 de la mañana y desde las 8, largas colas de personas documentadas e informadas para defender su derecho a la conservación de la cuenca hídrica, se veían en el Parque del Azúcar, donde se hizo la audiencia pública. Al iniciar, más de 400 personas esperaban las explicaciones de la CVC, que nunca llegaron. Y contrario a lo previsible, durante toda la mañana, personas venidas de todos los rincones del Valle, seguían llegando. Varios buses llevaron a personas desde lejanos corregimientos, ubicados a más de dos horas de camino, lo que demuestra la enorme organización campesina en torno a esta defensa de los derechos colectivos.

Los datos entregados por todos expertos, dan cuenta de los peligros a los que se expone toda la cuenca hídrica, por cuenta del proyecto de explotación minera. Si se llevara a cabo, el nivel freático puede bajar y todo el bosque puede afectarse y, posiblemente, aún los árboles más grandes pueden secarse. Se afectará la fauna acuática y terrestre. Del mismo modo, la calidad del agua bajaría a niveles de impotabilidad. El transporte del material en vehículos pesados hasta otro corregimiento donde el proyecto contempla el procesamiento, pondría en peligro a una comunidad que sobrepasa las 3 mil personas, al exponerlas a niveles altos de sílice lo cual es peligroso para la salud, sin contar el deterioro de la vía que presta un gran servicio al turismo y a la agricultura. Al hacer las conclusiones, la CVC en boca de un delegado, porque no se presentó el director de la entidad, anunció que tiene 30 días hábiles para tomar la decisión, y que reiniciará el proceso de estudio de la licencia. Sin embargo, a lo largo de 4 horas, cientos de personas manifestaron su desacuerdo con la expedición de la licencia y también los areneros hicieron su exposición de motivos. Aducen ellos que son familias pobres, que derivan su sustento de la extracción artesanal de material de arrastre y también de la venta informal, cuando el río no está suficientemente colmatado. Informaron también que compraron al ex senador de la república Alberto Peláez, un derecho a explotar el río, por 70 millones y que participar ante la ANM por la concesión, les había tomado ya 400 millones más, que obtuvieron de una colecta entre amigos y familiares. Durante la jornada, se recibió el apoyo de la Procuraduría Agraria y Ambiental, el Alcalde de El Cerrito, la Secretaría de Infraestructura de El Cerrito, la Personería de El Cerrito, líderes comunitarios de ambos municipios, más veedores, y la Gobernadora del Valle envió su respaldo a través de un delegado. También recibimos la visita de líderes que viajaron desde otros territorios de Colombia a acompañar la justa petición.

Actualmente los miembros de las juntas de Acción Comunal de los corregimientos de Tablones, y El Rosario, principalmente, y todos los del área de influencia del río Amaime, hacen enormes esfuerzos de difusión e invitación a las actividades programadas en Palmira, para hacerle seguimiento al acta de la audiencia pública y a la decisión que debe ser tomada en medio de las fiestas de fin de año. Del mismo modo, los veedores ambientales, veedores rurales y las juntas directivas de usuarios de los acueductos de la región, realizan tareas de información y fortalecimiento de la unidad comunitaria. La comunicación sigue fluyendo, ahora, cuando asociaciones de todo el país han puesto los ojos en el río Amaime y se ha recibido su apoyo en difusión y apertura de medios para hacer pública la denuncia.

A la fecha, asesorías jurídicas, legales, politológicas, comunicacionales, de ingeniería ambiental y forestal, líderes religiosos, exalcaldes, se han sumado a esta gesta, demostrando que hay consciencia en que la unión por la defensa de los recursos naturales de Palmira, dará los resultados necesarios. 

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