Covid-19: Entre el capital financiero y la protección de la vida
En el caso del sector salud, la implementación de este modelo llevó a la privatización del sistema con la intermediación realizada a por las EPS, empresas que además de recibir un 10% por la administración de los recursos del sistema según el parámetro establecido en la ley 100, durante tres décadas han venido quebrando a los hospitales públicos.
Por Edilma M. Suárez
Enfermera, magíster en Administración en Salud, magister en Estudios Políticos, Especialista en Bioética, PhD EN Ciencias Sociales. Presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, Seccional Cundinamarca.
Las promesas que políticos y economistas han realizado desde la década de 1990 sobre las bondades del modelo neoliberal, se han concretado en la incapacidad de este modelo para gestionar las problemáticas que a diario viven los ciudadanos colombianos y en naturalizar la desigualdad en la provisión de servicios esenciales. No ha sido así para para el sector financiero, los grandes empresarios y los dueños de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), quienes han sido los beneficiados y quienes han obtenido las mayores rentas a través de la captura del Estado.
En el caso del sector salud, la implementación de este modelo llevó a la privatización del sistema con la intermediación realizada a por las EPS, empresas que además de recibir un 10% por la administración de los recursos del sistema según el parámetro establecido en la ley 100, durante tres décadas han venido quebrando a los hospitales públicos y privados con la demora o el no pago por los servicios brindados o el simple saqueo de los recursos puestos a su disposición como lo recuerdan los múltiples desvíos de recursos descubiertos en Saludcoop para pagar carros, fincas, acciones y fiestas a sus directivos sin contar los desproporcionados salarios.
Esta situación también se ha acompañado de la precarización de todos los trabajadores de la salud, llevando al establecimiento de contratos tercerizados, bajos salarios y malas condiciones laborales. Con la quiebra de los hospitales públicos que ha dificultado la compra de insumos para la atención a los pacientes, el pago oportuno de los salarios a los trabajadores, el mantenimiento de la infraestructura física de los hospitales y el cierre de servicios. Todo esto con el beneplácito del gobierno nacional, quien no le ha exigido a las EPS pagar los dineros que adeudan a los hospitales y más bien las ha protegido por décadas.
Muestra de ello es que en medio de la Pandemia por el Covid-19, el gobierno nacional le giro $782.515 millones a las EPS, haciendo oídos sordos al llamado de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACCH) que le solicitaba al gobierno nacional, ordenara a las EPS levantar y pagar de manera inmediata las glosas y objeciones para poder contar con liquidez inmediata para atender a los pacientes infectados por el coronavirus (Covid-19). El gobierno nacional también giro cerca de $15.000 millones de los recursos de los departamentos del país al sector financiero para “atender la emergencia”.
La radiografía del sector salud para dar respuesta al creciente número de pacientes infectados por Covid-19 no es la mejor. Desde que se empezaron a presentar los casos y se declaró el asilamiento preventivo obligatorio, los trabajadores del sector han venido solicitando sin éxito, que se les haga entrega de los elementos de protección personal. Si bien el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Salud le ordenó a las Administradoras de Riesgos Laborales y a los Hospitales garantizar estos elementos a los trabajadores, la entrega se ha dado de forma lenta y hay hospitales como el del Chocó o el de Leticia donde estos elementos aún no han llegado.
Hace unas semanas, las directivas de los Hospitales del país le informaron al gobierno que no contaban con los recursos para hacer la compra de estos elementos a los trabajadores, aun así, el gobierno insiste en que deben comprarlos. Por su parte la Federación de Aseguradores Colombianos -Fasecolda- presentó el cronograma para la entrega de los elementos de protección personal, equivalentes al 7% de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales. Mientras el gobierno señala como responsable a unos y a otros, y no se compromete, los trabajadores del sector han empezado a comprar de su propio bolsillo el kit de protección personal que oscila entre $160.000 y $450.000 pesos, para quienes tiene capacidad de comprarlo o deben endeudarse para protegerse del riesgo biológico derivado de su trabajo.
Antes de continuar quiero hacer algunas precisiones sobre la expresión personal sanitario. Aunque es común escuchar hablar del “cuerpo médico” o del “personal médico” este lenguaje corresponde a la medicalización de la salud y de la vida y es incorrecto su uso porque además de hacer referencia sólo a los médicos, invisibiliza al resto de trabajadores sanitarios. El personal sanitario involucra al personal asistencial (profesional, técnico y auxiliar), al personal administrativo (admisiones y facturación entre otros) y al personal de apoyo (servicios generales, vigilancia y conductores de ambulancias).
Como se observa el personal sanitario implica a todas aquellas personas involucradas en la prestación de los servicios de salud. Además, según datos del Observatorio de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección social, en relación con el personal asistencial el 80% son mujeres. Entonces cuando se señala la no entrega de elementos de protección personal, esto implica que son principalmente las mujeres quienes se exponen a contraer la enfermedad. Pese a no tener una cifra exacta, no se puede desconocer que la gran mayoría del personal de servicios generales de los hospitales también está integrado por mujeres en precariedad salarial y si al personal asistencial no se le ha hecho entrega de elementos de protección personal a las trabajadoras de servicios generales menos.
Las consecuencias de la demora en la entrega de los elementos de protección personal son causa de preocupación en los trabajadores sanitarios, en particular de las mujeres por ser la mayoría madres cabeza de familia y responsables del sostenimiento de los hijos. Además, esta demora es posiblemente la principal causa del contagio de un poco más de 169 trabajadores sanitarios infectados con el virus y cuatro médicos muertos. Cifra que evidencia un subregistro, cuando se tiene información de 45 trabajadores sintomáticos en la Clínica de la Paz, cerca de 60 trabajadores del Hospital Simón Bolívar y diez trabajadores en una Clínica en la Ciudad de Pereira, además de la demora en los resultados de las pruebas por el represamiento en el laboratorio del Instituto Nacional de Salud.
Para entender la importancia de LA preparación del sistema de salud, es necesario hablar de las etapas de la Pandemia. Desde la epidemiología se señalan las etapas de contención, mitigación y supresión. La etapa de la contención corresponde al aislamiento preventivo obligatorio en el que nos encontramos desde el 24 de marzo, la etapa de mitigación corresponde a la salida gradual de la población de sus casas y su reincorporación a los puestos de trabajo, y la etapa de la supresión implica un nuevo confinamiento ante un ascenso creciente de casos y el 100% de ocupación de los hospitales habilitados para la atención a los pacientes Covid-19.
En la etapa de confinamiento hemos visto el ascenso lento en el crecimiento de los casos y del número de muertos como efecto del aislamiento social. Una vez se inicie la etapa de mitigación, el sistema de salud debe estar dotado de elementos de protección personal, pago de salarios atrasados, sistema de contratación laboral con afiliación ARL y seguro de vida, personal de salud entrenado y mayor número de camas de cuidados intensivos para atender a los pacientes infectados que según la gravedad de la enfermedad lo requieran.
Según las proyecciones epidemiológicas se espera que en el mes de junio el sistema de salud reciba un pico de 613.037 pacientes, de los cuales es probable que entre 36.782 y 122.607 requieran atención en Unidades de Cuidados Intensivos. Sin embargo, el tablero de control del Ministerio de Salud y Protección Social al 20 de abril reporta 3.281 camas de cuidados intermedios y 5.374 a camas de cuidados intensivos y se están adecuando camas hospitalarias hasta alcanzar 15.000. Según estas cifras, una vez se levante el aislamiento se acelerará el número de casos y de acuerdo con la proyección, el número de camas de cuidados intensivos será insuficiente para atender a todos los pacientes.
Estas situaciones descritas ponen en evidencia la tensión existente entre, el favorecimiento por parte del gobierno de Iván Duque de la acumulación de capital del sector financiero sobre los procesos de producción de la vida a través del sistema de salud, del trabajo como forma de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, de la demanda de cuidados especializados ante la enfermedad derivada o no del Covid-19, así como de la demanda de cuidados en el hogar para los pacientes en etapa leve. Es inocultable la elección del gobierno nacional de priorizar la acumulación de capital, rescatar y proteger del sistema financiero a costa de la salud y vida de los trabajadores de salud y de la población colombiana. Recordemos que para el rescate de los bancos los primeros recortes que se hacen son en los sectores de salud y educación.
Mientras los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar y de otros sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad protestan por falta de alimentos en la cuarentena, el presidente de la República Iván Duque estableció un decreto de rescate y protección a los dueños de los Fondos Privados de Pensiones trasladando a cerca de 20.000 afiliados al sistema público de pensiones Colpensiones. Tal parece que el gobierno de Iván Duque niega que la vida es el centro y objetivo principal de la economía. En palabras Amaia Pérez, “la economía es cuidado” y por ello es obligación del gobierno garantizar la provisión necesaria para la sostenibilidad de la vida, porque sin vida no hay economía. Según María Eugenia Palop “cuando la vida está literalmente amenazada, es el trabajo de cuidados (remunerados y no remunerados) en su dimensión física, emocional y relacional, es el único que permite que la vida salga a delante, y es por esta razón que deben desprivatizarse, desmercantilizarse y desfeminizarse”.
El Covid-19 visibiliza un sistema de salud mercantilizado, que impone leyes de mercado sobre la salud y sobre la vida, sobre los trabajadores del sector salud y de los otros sectores. Esta es una de las principales explicaciones a la falta de voluntad política del gobierno nacional para garantizar elementos de protección personal, pagar salarios y establecer un trabajo digno y decente. Así como la negativa para que las EPS, que hacen parte de las empresas más rentables del país, paguen lo que le deben a los hospitales públicos y privados en todo el territorio nacional. Es también la explicación para que un grupo de ciudadanos vulnerables, deban salir del aislamiento preventivo para vincularse desde el próximo lunes 27 de abril al sector económico, en un país que aún no ha subsanado los problemas del sector salud.