¿Qué ha pasado con las acciones del gobierno frente al covid-19?
Se puede concluir que el resultado del aislamiento obligatorio y declaración de la emergencia social durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, como tiempo de preparación para “fortalecer el sistema de salud”, ha tenido como resultado la profundización del modelo de mercado de la enfermedad, fortalecimiento de la intermediación financiera de las EPS, la desfinanciación de clínicas y hospitales, así como la definición de una ruta para la quiebra de la red pública hospitalaria, bajo el pretexto del covid-19 y la declaratoria de emergencia social.
Por Edilma Suárez
Enfermera, magíster en Administración en Salud, magister en Estudios Políticos, Especialista en Bioética, PhD EN Ciencias Sociales. Presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, Seccional Cundinamarca.
En Colombia, el primer caso de covid-19fue reportado el 6 de marzo y el aislamiento preventivo obligatorio inició el 25 del mismo mes. Pese al comportamiento epidemiológico de la enfermedad en países europeos y pese al desbordamiento de los sistemas de salud en Italia y España, desde finales del mes de abril el presidente Iván Duque propuso flexibilizar la cuarentena bajo la denominación de “aislamiento inteligente” con el argumento de activar la economía. Si bien Duque ha tenido que prorrogar la cuarentena, esta se ha realizado con un número importante de excepciones que exponen a la población más vulnerable al riesgo de adquirir la enfermedad. Como resultado se tiene un importante incremento de casos desde la segunda quincena del mes de mayo, con un crecimiento acelerado en lo corrido del mes de junio como se puede apreciar en la gráfica del histórico de casos del Instituto Nacional de Salud.
Fuente: Instituto Nacional de Salud.
De los 50 millones de habitantes que tiene el país, a 50.939 personas les ha diagnosticado covid-19 y en 101 días se han realizado 495.024 pruebas que equivalen a cerca del 1% de la población, cifra que sigue siendo muy baja. Este limitado número de pruebas se explica en la debilidad del accionar de los programas salud pública y de atención primaria en salud. Además, pese a que el gobierno nacional giró $782.515 millones a las Empresas Promotoras de Salud, el costo de las pruebas no es cubierto por las estas y si alguien quiere realizarse la prueba tiene que pagar $300.000 de su bolsillo.
En relación con los trabajadores del sector salud, el estudio sobre Monitoreo crítico de bioseguridad y condiciones laborales, encontró un recrudecimiento de la precarización laboral y afectaciones a las condiciones de trabajo. Se encontró que el 42% del personal de salud no dispone de condiciones laborales dignas, se ha dado un aumento en horarios de trabajo, disminución de los salarios, excesivo aumento en la carga de trabajo, cambio en la forma de contratación, acoso laboral y además continúa la discriminación hacia el personal de salud por parte de la comunidad. En materia de entrega de elementos de protección personal y bioseguridad los entregados son insuficientes y no cumplen con las características de calidad exigidas. Se encontró que los trabajadores de salud que trabajan por Orden de Prestación de Servicios tienen peores condiciones de bioseguridad en comparación con los trabajadores de salud que se encuentran con vínculo laboral.
Los trabajadores de la salud que trabajan en hospitales públicos y privados, así como quienes trabajan en atención domiciliaria no cuentan con los elementos de protección personal. En el caso de los trabajadores de salud de hospitales al 51% no les han entregado el respirador N95, al 94% no le hacen entrega de guantes, al 45% no le han entregado gafas, al 79% no le han entregado el peto antifluidos y al 65% no le entregan uniformes quirúrgicos. La situación es más preocupante en los trabajadores que se desempeñan en atención domiciliaria, al 67% no les han dado reinducción sobre bioseguridad, el 51% no ha recibido capacitación sobre el covid-19 y el 58% no tiene información sobre protocolos de manejo. Como se observa en la gráfica a continuación, al 76% de los trabajadores que se desempeñan en atención domiciliaria, los empleadores no les han proporcionado los elementos de protección personal.
Entrega de elementos de protección individual al personal sanitario que se desempeña en atención domiciliaria
Fuente: Monitoreo crítico de bioseguridad y condiciones laborales, junio de 2020.
Por otra parte, el rápido incremento de casos covid-19 ha llevado a una ocupación mayor del 50% de las camas en las Unidades de Cuidados Incentivos en Bogotá, mayor exposición del personal de salud que, junto con la no entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores de la salud, han llevado a un alto número de trabajadores infectados. En el caso del personal de enfermería el reporte de contagios ha tenido el siguiente comportamiento: 19 de abril 57 casos, el 19 de mayo 357 y al 14 de junio 537.
Fuente, elaboración propia a partir de los boletines del INS abril a junio de 2020.
Las medidas de flexibilización del aislamiento han llevado a tener un incremento acelerado de contagios por covid-19 para los meses de mayo y junio, al punto que según del director de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales, Juan Carlos Giraldo, el 61% de las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos se encuentran ocupadas. Además, Giraldo ha señalado que “pese a los anuncios del gobierno nacional sobre el giro de recursos para la salud, a muchos hospitales aún no les llegan estos recursos”, y que las EPS están “adeudando a los hospitales y clínicas por prestación de servicios de salud, $11,2 billones de pesos, con una morosidad del 61,3%”. Las 10 EPS morosas con el pago de la cartera a las clínicas y hospitales son Nueva EPS, Medimás EPS SAS, Cafesalud EPS, Coomeva EPS, Savia EPS
Desde antes de la declaratoria de la pandemia, pero especialmente a partir del mes de marzo la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales, así como la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos le han pedido al gobierno nacional ordenarle a las EPS “que se levanten y paguen de manera inmediata las glosas y objeciones vigentes como herramienta para que las clínicas y hospitales cuenten con liquidez inmediata. Sin embargo, el gobierno nacional no ha tomado medidas al respecto y el 12 de junio la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- giró $399.307 millones a las EPS para financiar los tratamientos de pacientes de alto costo y las pruebas covid-19.
Por su parte la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) ha denunciado que los decretos de emergencia de covid-19 abren la puerta a la desfinanciación de la red pública hospitalaria del país. Es el caso del Decreto 538 del 12 de abril de 2020 en los artículos 2 y 3. Para Olga Lucía Zuluaga, presidenta de ACESI este decreto “le da a las EPS del régimen subsidiado la potestad de contratar servicios con Instituciones Prestadoras de Salud -IPS- privadas o propias, eliminando la obligatoriedad de contratar con hospitales públicos”, llevando a la desfinanciación de la red pública hospitalaria en todo el país. Situaciones que ponen en evidencia el interés por quebrar la red pública hospitalaria y que la prioridad del gobierno nacional es seguir girando recursos a las EPS que hacen parte de grandes entidades financieras.
Finalmente se puede concluir que el resultado del aislamiento obligatorio y declaración de la emergencia social durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, como tiempo de preparación para “fortalecer el sistema de salud”, ha tenido como resultado la profundización del modelo de mercado de la enfermedad, fortalecimiento de la intermediación financiera de las EPS, la desfinanciación de clínicas y hospitales, así como la definición de una ruta para la quiebra de la red pública hospitalaria, bajo el pretexto del covid-19 y la declaratoria de emergencia social.