¿Control o regulación de los bienes públicos?

La discusión académica sobre los conceptos de control y regulación estatal tiene trascendencia en las decisiones de política pública, sobre todo hoy cuando se ha subestimado la importancia de la intervención directa del Estado en asuntos relacionados con los bienes públicos, entregándoselos al sector privado para su usufructo a través del mercado. El papel del Estado frente al internet debe ser de control, no de regulador, porque internet es un bien público, y este control tiene mayor importancia cuando se demuestra que es gracias a la investigación del Estado que hoy podemos contar con tan valioso aporte a la información, comunicación, educación y, en consecuencia, a la calidad de vida y al crecimiento económico.

Por Higinio Pérez Negrete
Economista. Profesor universitario / higinio50@yahoo.com

En internet se ha querido precisar la diferencia entre estos dos conceptos, afirmando que “la regulación puede considerarse un control indirecto”. También se afirma que “el control es la vigilancia que se ejerce sobre el cumplimiento de la regulación (reglas, normas)”. Considero que estas interpretaciones son simplistas, porque sólo dan cuenta parcial de estos conceptos y ocultan lo más importante. Debemos mirar los conceptos con un sentido riguroso. Un ejemplo puede ilustrar la diferencia mucho más profunda entre control y regulación. Cuando el Estado asume directamente la responsabilidad de ofrecer educación, está ejerciendo el control, mientras que cuando la educación es ofrecida por el sector privado atendiendo algunas normas de manejo establecidas por el Estado, estamos hablando de una regulación.

Precisamente, en política educativa el “subsidio a la oferta”, que se otorga en universidades públicas, significa que en este caso el Estado tiene el control de la educación superior y, por el contrario, si se trata del “subsidio a la demanda”, que se entrega en universidades privadas, pero con recursos del Estado, al estilo de “ser pilo paga”, para favorecer a un sector específico de la población estudiantil, representa una política de regulación. Es muy diferente exigirle al Estado que controle la educación a simplemente pedirle que la regule. Hablar de educación, de salud y de internet, que son bienes públicos en razón a sus externalidades (consecuencias) altamente positivas para la sociedad y el crecimiento económico, nos lleva a preguntar si el Estado debe controlar o regular dichos bienes.

Si, como se establece en la Constitución Política de los países capitalistas, la educación es un derecho, y no una mercancía, lo mismo que la salud, es porque son bienes públicos y como tales no deberían quedar en manos privadas. Igual consideración debe tenerse respecto a internet. Sin embargo, en la política educativa y de salud, lo mismo que en la de internet, predomina hoy en la mayor parte del planeta la regulación y no el control. Sobre este tema, en artículos anteriores, he destacado la posición crítica de Mariana Mazzucato frente a la propuesta de Piketty y Stiglitz de regular a las “gigantes de internet” para corregir las fallas del mercado que impiden la competencia en el sector de la información y las comunicaciones. Para ella, el Estado, en este caso, debe ejercer el control de internet, no su regulación, porque fue su creador a través del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La propuesta de Mazzucato se fundamenta en el hecho de que internet es un mercado que ha sido aprovechado por las empresas tecnológicas. En otras palabras, para ella, siendo internet un mercado creado por el Estado, debe estar bajo su control, aunque sea parcialmente, a través de su participación en la propiedad de estas empresas. Cabe agregar que el control estatal, propuesto por Mazzucato, se extiende a las empresas que ofrecen el servicio de la telefonía celular, comenzando por la AT&T (American Telephone and Telegraph), porque ellas se lucran también de este negocio. Mazzucato no tiene en cuenta el carácter de bien público de internet, y el hecho de asumir que internet es valor y mercado creados por el Estado es lo que explica su inconformidad frente a la contabilización del PIB (véase mi artículo “El Estado frente a los bienes públicos”, en La Bagatela de noviembre de 2020). Pero plantear el análisis en estos términos significa colocar al Estado en la misma posición del capitalista, que busca el lucro. Además, queda la pregunta de si es el Estado un gran creador de valor o son los científicos y profesionales que se desempeñan como trabajadores del Estado los que crean valor.

La discusión académica sobre los conceptos de control y regulación estatal tiene trascendencia en las decisiones de política pública, sobre todo hoy cuando se ha subestimado la importancia de la intervención directa del Estado en asuntos relacionados con los bienes públicos, entregándoselos al sector privado para su usufructo a través del mercado. Considero que la reflexión de Mazzucato con respecto al papel del Estado frente al internet es más rigurosa que la de Piketty y Stiglitz, pero su argumentación pierde fuerza cuando compromete al Estado con el papel de creador de valor y de mercado y, por tanto, buscador de lucro. El papel del Estado frente al internet debe ser de control, no de regulador, porque internet es un bien público, y este control tiene mayor importancia cuando se demuestra que es gracias a la investigación del Estado que hoy podemos contar con tan valioso aporte a la información, comunicación, educación y, en consecuencia, a la calidad de vida y al crecimiento económico.

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