Algunas reflexiones históricas sobre “la paz total”

Edición #90

Las fallas de los procesos de paz anteriores demuestran que no es posible construir una paz verdadera mientras no se logre la desmovilización de todos los grupos en confrontación. No habrá verdadera paz mientras la salida de un grupo signifique la llegada de otros actores a los territorios. No habrá paz verdadera si los grupos armados desaparecen sin que desaparezca la confrontación.

Por Juan Orlando Bonilla  

Historiador y docente de secundaria estatal

Artículo 22: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Constitución política de Colombia de 1991

En los últimos días hemos visto como el proyecto de ley de Paz Total, propuesto por el actual gobierno y aprobado por la gran mayoría de los partidos políticos con representación en el congreso, se ha vuelto uno de los principales temas de discusión en la nación.

Los grandes medios de comunicación que, desde hace un par de meses, y luego de cuatro años de silencio, recordaron la función de control político que puede ejercer el cuarto poder, han dado gran visibilidad a varios sectores que se oponen al desarrollo de esta iniciativa del gobierno; lo curioso es que (además de querer imponer excepciones) esta oposición no cuenta con propuestas. De cierta forma estamos regresando a los tiempos de la “Paz si pero no así” del 2016, una oposición radical y sin contenido, que se pronuncia negativamente frente a una posible salida negociada a algunos de los múltiples conflictos que vive el país.

Es así como algunas asociaciones de militares retirados ordenan, en resumen, dejar por fuera de las posibles negociaciones de paz a todos los grupos subversivos. Humberto de la Calle, luego de ser el principal artífice del proceso de paz de 2016, sugiere sacar de una eventual “Paz Total” a los miembros de las antiguas FARC reincidentes. Varios sectores minoritarios hablan de la no negociación con los grupos involucrados en el narcotráfico (que son técnicamente todos los grupos armados ilegales del país). Y los sectores más radicales del uribismo insisten en que la solución no-armada a los conflictos colombianos es un insulto para el honor de los miembros de la fuerza pública.

Y ni hablar de la especial situación de las AGC, que afirman estar comprometidas con el proyecto de “Paz Total” mientras niegan la autoría de los panfletos que a su nombre amenazan a los activistas que promueven este proyecto. Gran evidencia de la participación de grupos con intereses políticos en el fenómeno del paramilitarismo.

Esto es muestra de cómo en los últimos años la paz se ha transformado en un elemento que, en lugar de aglutinar a la población como un objetivo común, ha politizado y polarizado a los colombianos de una forma que pocas veces se ha visto en su historia. Gran cantidad de personajes, desde distintas posturas han opinado sobre las razones de este fenómeno de politización en torno a la paz. Como aporte a la discusión es mi deseo compartir esta breve visión histórica.

Colombia es un país experto en hacer acuerdos de paz, debido a que la mayoría de nuestros 200 años de vida republicana los hemos vivido en guerra. No hay país en la región que tenga más experiencia en empezar y terminar conflictos armados que Colombia. El artículo Las Guerras Civiles y la Negociación Política: Colombia, primera mitad del siglo XIX de María Teresa Uribe da buen testimonio de eso. Pero sólo a partir del 4 de julio de 1991 hacer la paz se transformó en un mandato constitucional.

Luego de la proclamación de la Constitución Política de 1991 hubo un par de gobiernos nacionales entusiastas con la construcción de la paz. Primero se puede nombrar a Cesar Gaviria, que mantuvo los acuerdos de paz con el EPL y el M-19 e hizo nuevos tanto con las milicias populares como con Pablo Escobar (gran error). Y no se puede dejar de mencionar al gobierno Pastrana con su intención de hacer la paz con las FARC (enorme error).

La ingenuidad no es un pecado, pero es un crimen condenable cuando la posee un mandatario. Tal vez por un optimismo extremo, o por el modo en que esas organizaciones tenían sometido al estado, Gaviria y Pastrana intentaron diálogos de paz con organizaciones que no estaban dispuestas a dejar las armas. Los acercamientos de Gaviria con el Cartel de Medellín, lejos de acabar con el narcoterrorismo, permitieron que este mutara de formas insospechadas. Pastrana, al interpretar el abrumador resultado positivo del “Referendo por la Paz” como un mandato popular, cedió a las FARC un territorio tan grande como Suiza en el cual este grupo se reorganizó y recrudeció la guerra. Ambos episodios fueron puntos de inflexión en la historia de nuestro país

El fracaso de los diálogos del Caguán, junto con otros factores externos como el discurso antiterrorista promovido por la Casa Bush luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, fueron determinantes en la llegada del uribismo al poder. Este movimiento aglutinó en sus filas políticos tradicionales, narcotraficantes, una gran masa popular descontenta y traicionada… centenares de sectores, incluso de la izquierda. Es importante señalar que la principal promesa de campaña de Álvaro Uribe siempre fue la solución armada al conflicto interno colombiano.

Aunque en las filas uribistas se contaba (y se cuenta) con desmovilizados del M-19 como Everth Bustamante, ex-militantes del EPL como Darío Acevedo y varios cuadros históricos del MOIR, este movimiento se fortaleció con un discurso antisubversivo que cobijó incluso a la izquierda democrática y cerró todas las posibilidades a los diálogos de paz con los grupos subversivos entonces activos. Se debe señalar que, especialmente las FARC, también se cerraron a la posibilidad de negociar con el gobierno Uribe al sentirse (o creerse) respaldadas por varios gobiernos de la “Primavera Latinoamericana”. Lo curioso es que, en medio de un clima de violencia armada y ataques verbales, tanto el gobierno como los insurgentes manifestaron durante los dos periodos de Uribe su voluntad de hacer la paz.

Aun así el gobierno Uribe realizó acciones para cumplir con el mandato constitucional de hacer la paz (no estoy hablando de la falsa desmovilización del supuesto frente “Cacica la Gaitana”, pantomima de desmovilización por la cual todavía sigue siendo buscado por las autoridades Luis Carlos Restrepo). Con todo y lo cuestionable del proceso, se debe decir que el acuerdo de paz de San José de Ralito sacó de la guerra a miles de miembros de los grupos paramilitares y llevó algo de justicia a centenares de víctimas de estos. Es de anotar que este proceso tuvo poca oposición, ya que, como lo muestra el documental “La Sierra”, era una condena de muerte cuestionar las irregularidades del mismo.

En 2010 Juan Manuel Santos llegó a la presidencia como supuesto sucesor de Uribe, y aunque el manejo económico fue uno de los factores que distanció a ambos personajes, los acercamientos de paz de Santos con las FARC fueron el factor que causó el rompimiento definitivo dentro de las filas de la derecha colombiana. De este rompimiento nació el Centro Democrático.

Juan Manuel Santos lideró un proceso de paz largo y con altibajos importantes, el cual en su momento fue el hecho político más importante del país (muchos sectores democráticos apoyamos la reelección de Santos por la promesa de la paz). La reelección presidencial fue una victoria pírrica: era preferible la paz de Santos que la continuidad de la guerra que sugerían los votantes de Zuluaga. Pero el plebiscito de 2016 fue una derrota catastrófica. Durante ambos procesos electorales la no continuidad con el proceso de paz fue la bandera electoral del Centro Democrático.

Se debe reconocer que Santos se jugó todo su capital político en construir el proceso de paz, tanto así que en las elecciones de 2018 su vicepresidente, Germán Vargas Lleras, no pudo pasar la primera vuelta. En aquel momento la elección se redujo a la posibilidad de la llegada de Petro, un ex militante del M-19 al poder, o (en palabras de Fernando Londoño) “hacer trizas los acuerdos de paz” con Duque.

Y Duque lo logró. Manteniendo un doble discurso (en el que hablaba de los avances en la construcción de la paz en el extranjero, mientras saboteaba activamente el proceso en Colombia) el gobierno de Iván Duque llevó al país a una crisis humanitaria inmensa. Más de 300 desmovilizados asesinados fueron una macabra adición a los títulos de “País más peligroso para defender el medio ambiente” que Colombia ganó en 2019, y “País más peligroso para defender los Derechos Humanos” con que el país fue galardonado en 2020 y 2021. Con maquiavelismo extremo Duque ganó reconocimiento internacional por cuestionar en Cuba, Venezuela y Nicaragua lo mismo que sucedía en Colombia.

Podemos asegurar que la nación percibió al gobierno Duque como un mal gobierno. Se puede decir que los niveles de aprobación del expresidente (que en un momento fueron más bajos que el IVA) es prueba de ello, o las multitudinarias protestas contra dicho gobierno (las más grandes en la historia del país) lo confirman, pero más contundente es el hecho de que su partido, el Centro Democrático, no pudo llegar ni a la primera ronda de las elecciones presidenciales (además de sufrir una derrota atronadora en las elecciones legislativas) y todo candidato presidencial al que se intentó aproximar fue derrotado.

Ahora, a menos de 100 días de gobierno de Gustavo Petro los poderes tradicionales, sectores minoritarios, aunque muy poderosos, observan la velocidad pasmosa a la que el actual mandatario cumple sus promesas de campaña. Cuestionan y señalan como elementos destructores de la economía varias políticas del actual gobierno que no son más que promesas incumplidas del gobierno Duque. Entre ellas la “Paz Total”.

¿Y cuál es el sentido de este recorrido histórico? En todos los procesos de paz anteriores se cometió el mismo error fatal. Tal vez por el poco interés de fondo en la construcción de la paz, o por la fuerza de las circunstancias, todos los gobiernos que se han embarcado en procesos de paz han realizado avances con uno o pocos grupos, sin contar con el resto de actores de la confrontación ¿Qué resultado ha tenido esto? Sin nombrar la tragedia ocurrida con la Unión Patriótica, fruto de un proceso de paz anterior a 1991, se puede nombrar: el exterminio de los desmovilizados del EPL o su absorción por parte de otros grupos; el homicidio de Carlos Pizarro Leongómez, ex comandante del M-19, en el momento en que se empezaba a consolidar su movimiento político; la mutación del Cartel de Medellín en La Oficina de Envigado o los grupos paramilitares; el surgimiento de las llamadas Bacrim (que no son más que la continuación de las AUC); el surgimiento de la Nueva Marquetalia y/o las Disidencias de las FARC, además del asesinato de cientos de desmovilizados.

Las fallas de los procesos de paz anteriores demuestran que no es posible construir una paz verdadera mientras no se logre la desmovilización de todos los grupos en confrontación. No habrá verdadera paz mientras la salida de un grupo signifique la llegada de otros actores a los territorios. No habrá paz verdadera si los grupos armados desaparecen sin que desaparezca la confrontación.

Lo que el gobierno Petro ha planteado es nada más que el cumplimiento del mandato constitucional de la paz de un modo más eficiente de lo que lo hicieron sus antecesores. Ha realizado pasos importantes en dirección al asunto que más ha polarizado a los colombianos en los últimos años. Las soluciones superficiales son más llamativas que las soluciones de fondo, y la Paz Total (siendo una solución de fondo) entra en consonancia con las otras reformas a la sociedad que intenta el actual gobierno. Esperemos que, desenmascarados los verdaderos enemigos de la paz, sea esta la oportunidad para por primera vez vivir en total y absoluta democracia.

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