Situación de los trabajadores de salud

La pandemia demostró que el modelo de salud impuesto por la Ley 100 de 1993 no estaba preparado para enfrentarla, la infraestructura y equipos de la red hospitalaria quedaron en la obsolescencia como consecuencia de la determinación que las instituciones hospitalarias del sector público deberían ser autosuficientes, teniendo que transferir la responsabilidad al sector privado, convirtiéndose los hospitales en intermediarios entre EPS y servicios privados, contratados por los mismos hospitales; la prevención y promoción fue abandonada y su valioso recurso humano fue despedido y hoy trabajan con contratos basura, a destajo, sin estabilidad, ni autonomía, con bajos salarios y nulas prestaciones.

Por Cecilia Vargas G.
Presidenta Organización Colegial de Enfermería. Fiscal Nacional Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, Anec.

Recordando la historia

En respuesta a las propuestas del gobierno de reformar la política laboral, pensional, de salud, derecho a la protesta, reforma tributaria entre otras, en octubre de 2019 surge el Comité Nacional de Paro, espacio donde confluyeron las Centrales Obreras, Federaciones, Confederaciones y sindicatos, organizaciones y asociaciones gremiales y sociales del país para presentar un pliego con 13 ejes desarrollados en 104 puntos al presidente Duque.

En este petitorio el sector salud, organizado en Salud en el Paro, planteo desarrollar un Pacto Social y Político por el derecho fundamental a la salud, universal, gratuito, de calidad y sin barreras que incluyo:

a) La financiación de la red pública hospitalaria a cargo del Estado.
b) Eliminar la intermediación de entidades privada de los recursos públicos en todo el sistema de salud; las actividades y recursos de salud deben manejarse a través de instituciones públicas.
c) La salud pública estará a cargo del Estado.
d) Formalización de los trabajadores y trabajadoras del servicio de salud, en un periodo no superior a seis meses, garantizándoles estabilidad laboral, y condiciones dignas de trabajo.
e) La nómina de los trabajadores y trabajadoras de las Empresas Sociales del Estado será responsabilidad directa del Estado.
f) Derogatoria de la Ley 100 y sus normas reglamentarias para dar paso a un nuevo modelo de salud que garantice el derecho a la salud.
g) Reglamentación de la Ley Estatutaria.

Ante la negativa del Ejecutivo de negociar y la propuesta de establecer solo “conversaciones” sin ningún compromiso con los diferentes sectores alrededor de las propuestas, se realizó el gran paro nacional el 21 de noviembre de 2019, con la participación de todos los sectores, resaltando la importante presencia del movimiento estudiantil.

Después de 21 meses y en medio de la emergencia declarada por la pandemia ocasionada por el covid-19, en la que el gobierno ha emitido cientos de decretos, resoluciones y circulares para enfrentarla, se ha demostrado la incapacidad del sistema de salud de enfrentar la situación y atención de la población afectada, las Unidades de Cuidado Intensivos en algunas partes del país han llegado a su capacidad máxima, otras se encuentran al 90%, además de la alta ocupación en los servicios destinados a la atención de pacientes covid diferentes a las Unidades de Cuidados Intensivos.

El gobierno nacional ha privilegiado la apertura de la economía frente a continuar con el confinamiento obligatorio, negándose a la discusión de la renta básica, a pesar de las recomendaciones de las diferentes organizaciones y sociedades del sector salud de mantener el aislamiento, con el fin de optimizar el recurso de las Unidades de Cuidados Intensivos y hospitalización y dar una oportuna atención de la población contagiada.

¿Es importante preguntarse qué ha pasado hoy con el sector salud?

Pasados 10 meses (300 días) de pandemia se ha demostrado que el modelo de salud impuesto por la Ley 100 de 1993 no estaba preparado para enfrentar la pandemia, la infraestructura y equipos de la red hospitalaria quedaron en la obsolescencia como consecuencia de la determinación que las instituciones hospitalarias del sector público deberían ser autosuficientes, teniendo que transferir la responsabilidad al sector privado, convirtiéndose los hospitales en intermediarios entre EPS y servicios privados, contratados por los mismos hospitales; la prevención y promoción fue abandonada y su valioso recurso humano fue despedido y hoy trabajan con contratos basura, a destajo, sin estabilidad, ni autonomía, con bajos salarios y nulas prestaciones.

En el análisis de la situación encontramos que:

La tasa de desempleo en Colombia: El Dane dio a conocer en reciente informe del mercado laboral en Colombia que el desempleo en el mes de noviembre de 2020 se ubicó en 13,3; mostrando descenso en referencia al 15,8% en septiembre, al 14,7% en el mes de octubre, este descenso no soluciona en nada la precaria situación que se atraviesa por la emergencia.

De acuerdo con los cálculos de la Ocde, Colombia es el país del grupo con mayor desempleo en agosto, seguido por España con el 16,2% y Canadá con el 10,2%.

Por género, el desempleo promedio en mujeres de países de la Ocde fue de 7,6% en agosto, mientras que en hombres se ubicó en 7,3%. Colombia es el país con el mayor desempleo en mujeres al registrar una tasa de 22,3%, mientras que España tiene el 17,2%. En cuanto a hombres, el mayor desempleo se dio en España con 15,3%, seguido por Colombia con el 14,1% y Lituania con el 10,9%.

La determinación de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente que no cubre las necesidades básicas de los trabajadores

El Instituto Nacional de Salud INS informa en su Boletín del 20 de enero: 1.956.976 casos confirmados de covid-19, fallecidos 49.792, es importante contrastar el comparativo que presento el Dane con las cifras del INS en relación con las defunciones, donde se resalta una diferencia al 1 de noviembre de 6.602 probables fallecimientos por covid sin prueba, con respecto al Instituto de Salud, es decir estamos sobre 56.000 defunciones.

El personal de Salud afectado por el virus, según el Boletín 62 del INS de enero 17 reporta: 34.673 casos, se resalta entre otros 9.903 auxiliares de enfermería, 5.396 médicos, enfermeras 3.620, 4.530 administrativos, 1.132 personal de aseo, 669 fisioterapeutas, conductores 286, técnicos de farmacia y regentes de farmacia 943, terapeutas respiratorias 209, instrumentador quirúrgico 226, seguridad, 214, otros auxiliares 1156, odontólogos 587, casos en estudio 1.163, estudiantes 942. Del total de afectados del sector salud, el personal de enfermería (auxiliares y enfermeras) representa el 39%. Los territorios de mayor contagio son: Bogotá, Medellín, Córdoba, Barranquilla, Cartagena, Nariño, Chocó, Valle del Cauca. Fallecidos: El INS reporta 185, pero en el control que llevan las organizaciones de los trabajadores hay más de 270 fallecimientos.

El aumento constante en los casos positivos por covid-19 desde el 15 de diciembre en el país, especialmente en Bogotá ha puesto en riesgo la capacidad de camas UCI; sumándole a esto el desabastecimiento de medicamentos, puntos de oxígeno, congestión en los servicios de urgencias.

La manifestación en los trabajadores de fatiga, sobrecarga laboral, incertidumbre sobre la estabilidad, aumento del señalamiento y agresión a los trabajadores de la salud por la comunidad.

Las cifras por fallecimiento han venido aumentando llegando a 390 y en Bogotá supera los 100 diarios.

El nuevo pico refleja en el país y en la capital del país, los errores de las medidas tomadas por el gobierno nacional y las administraciones territoriales para prevenir y controlar la pandemia y garantizar a la población las condiciones económicas, sociales, y de salud pública para enfrentarlas.

Las EPS han demostrado su incapacidad para dar atención a sus afiliados, identificar los casos positivos y hacer el seguimiento, además de adoptar medidas de atención primaria.

El sector salud se enfrenta hoy a una aguda crisis por el covid-19, donde el gobierno ha privilegiado el sector de la producción y el financiero frente a la atención de la salud y seguridad social, atención alimentaria; además del panorama sombrío que refleja la situación actual de los trabajadores, se contrapone las intenciones del Gobierno al tramitar una serie de proyectos de ley que pretenden una reforma al sistema de salud y a la contratación, entre ellos el proyecto de ley 010 de 2020 “Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del Sistema de Salud” y el 331 “Por medio del cual se fomenta el Trabajo Digno del Talento Humano en Salud y se dictan otras disposiciones”. Estas propuestas se discutieron en el 2020 y se logró por la movilización de todos los sectores que no fueran aprobados en esta legislatura; ya se oyen anuncios por parte de Cambio Radical de retomar la propuesta del Proyecto 010 para ser trabajada y llevada en la legislatura que se inicia en marzo de 2021. Este proyecto no da una alternativa para garantizar la salud como un derecho fundamental y no formula mecanismo alguno para una contratación digna, acorde con los postulados del trabajo decente y los planteamientos que en este tema tiene la Ley Estatutaria artículo 18; por estas razones los trabajadores de la salud seguirán elevando su voz al Congreso de la República para solicitar nuevamente su archivo.

En conclusión:

Es importante hacer un llamado al Congreso, al Gobierno y a los empleadores, a construir políticas con la participación de los trabajadores de salud en su conjunto, para garantizar las condiciones de bioseguridad y de trabajo digno y decente ya que estas son la seguridad para la vida de las personas que nos cuidan.

Enero 20 de 2020

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