El atentado a las pensiones en Colombia y su nueva amenaza La seguridad social requiere un cambio de rumbo

Luis Édgar Gutiérrez GutiérrezPresidente de la Asociación de Pensionados de la Caja Agraria, seccional Huila

Esta es una invitación a la reflexión, por cuanto los colombianos no somos los responsables de la crisis de la seguridad social sino las víctimas de una política equivocada trazada para enriquecer aún más al capitalismo financiero.

En este artículo se pretende, además de orientar a los pensionados, educar a los trabajadores prepensionados y al lector en general en un tema que cobra vigencia sobre todo ahora que la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y Fedesarrollo le han recomendado al gobierno de Santos presentar una reforma pensional que iguale “la edad de la pensión del hombre con el de la mujer (57 versus 62); equiparar el régimen de prima media (sistema público) con el sistema de ahorro individual (público y privado); bajar la pensión mínima a menos de un salario mínimo; reducir la tasa de reemplazo, es decir bajar más el ingreso, como porcentaje del salario devengado en los últimos 10 años, que recibe el pensionado”.

La verdadera causa del problema que enfrenta la seguridad social en Colombia, tiene su raíz en el Consenso de Washington acordado en 1989 donde Colombia adquirió el compromiso de privatizarlo todo y facilitar la penetración del mercado y el capital extranjeros, receta neoliberal ratificada por el Congreso de la República desde el 22 de febrero de 1990 consistente en entregarle el control y manejo de las jugosas utilidades de los recursos públicos a la gran burguesía financiera con el argumento de que ellos sí son transparentes en sus ejecutorias. Casi tres décadas de una cadena de privatizaciones. Entidades claves del Estado tanto por la presencia misma en la geografía patria como por el desarrollo económico y social que generaban progreso en sectores como el agropecuario, el transporte y las comunicaciones que fueron recompuestas y fortalecidas financieramente para luego ser cedidas al voraz capital extranjero o puestas en la subasta pública más desventajosa que se haya tenido en la historia de Colombia; igual suerte tuvieron las energéticas y hasta los recursos naturales (incluida las tierras y el agua); pero, aún falta por concluir el mejor de todos los negocios a favor de los intermediarios financieros, especialmente para la banca privada: la salud y las pensiones.

Es de advertir que el problema de la seguridad social en Colombia es estructural, siendo el modelo neoliberal y las leyes aprobadas para implementarlo como la ya trillada Ley 100 de 1993 la causa de la crisis por la que atraviesa.

Frente al tema, es muy importante advertir que los trabajadores y cotizantes al Sistema General de Pensiones que para pensionarse, junto con el aporte del patrono pagaron también un aporte legal por 20 años o más, es decir, fue un ahorro de muchos años para poder recibir su pensión fruto de su esfuerzo y constancia y no una dádiva del gobierno, y que es responsabilidad constitucional proteger y atender a los pensionados y adultos mayores brindándoles una vida digna y decente.

Pero al contrario, en lugar de tomarse los correctivos administrativos, financieros y disciplinarios ante la baja cobertura, producto de la informalidad imperante del empleo y el desempleo; eliminar la ineficiencia administrativa de las administradoras de pensiones responsables de acumular las soluciones a los trabajadores con el status jurídico pensional que han llevado al incumplimiento sistemático de los tiempos normados para el reconocimiento de la prestación económica y evitar la inmensa cantidad de demandas para el reconocimiento de los derechos pensionales, que obligó a la Procuraduría General de la Nación a requerirlas desde la emisión de la circular 54 de 2010:

Los gobiernos de turno han venido disminuyendo la posibilidades de acceder a una pensión digna: (i) Con la Ley 100 de 1993 posibilitó que el gran capital financiero pudiera administrar las pensiones mediante los Fondos Privados, incrementó la edad para pensionarse a los 55 y 60 años de edad, elevó la cantidad de semanas, creó la liquidación del Ingreso Base de Liquidación (IBL) con base en el promedio de los aportes cotizados en los últimos 10 años, autorizó las cuotas moderadoras e implementó el incremento de las pensiones con base en el IPC; (ii) con la Ley 797 de 2003 incrementó la edad a partir del 1 de enero de 2014, a 57 años las mujeres y 62 años los hombres, aumentó gradualmente los años de cotización para acceder a la pensión de vejez, con 1.300 semanas a partir del año 2015, lo cual implica cotizar más de 25 años para alcanzar el derecho, en el artículo 10 modificó el Ingreso Base de Liquidación (IBL) al decrecer las tasas de reemplazo para su liquidación iniciando con el 55% hasta el 65%; (iii) con el Acto Legislativo 01 de 2005, modificó el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 al establecer su vencimiento en 31 de julio de 2010 y dejó la excepción únicamente a quienes para el 25 de julio de 2005 tengan cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios hasta el 31 de diciembre de 2014, además, suprimió la mesada 14 para quienes devenguen pensiones superiores a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes y terminó con los regímenes especiales de pensiones y convencionales. Como puede observarse, las condiciones para acceder a una pensión del Régimen de Prima Media, fueron endurecidas en edad, tiempo de servicios (25,8 años mínimo), en Ingreso Base de Liquidación, en la supresión de la mesada 14, en la terminación de la transición y de los regímenes pensionales especiales y convencionales, entre otros.” (Carta de la Procuraduría General de la Nación dirigida al ministro de Trabajo).

Para el caso de la mesada 14, solo los pensionados antes del 31 de julio de 2011 y cuyo monto sea igual o menor a tres salarios mínimos mensuales vigentes legales, continuarán devengando la mesada 14, pues el Acto Legislativo 01 de 2005, inciso 8 y parágrafo transitorio 6 eliminó la mesada 14, o sea, la que se pagaba en junio de cada año. Sin embargo, hay una excepción para quienes hayan recibido su pensión desde 2008 y, para quienes tengan el derecho adquirido mediante convenciones colectivas de trabajo pactadas hasta el 31 de julio de 2010, por tiempo de servicios y quede pendiente la exigibilidad. (SU 241 del 30 de abril de 2015).

Por lo tanto una reforma pensional como la propuesta por la Ocde, Fedesarrollo y los Fondos Privados de Pensiones y Cesantías además de impopular, reaccionaria y atrevida, riñe con todos los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de Colombia, atenta contra el principal derecho humano que es la vida digna, se opone a la lucha contra el desempleo, la protección del adulto mayor y lo único que busca es enriquecer más los bolsillos del gran capital financiero.

Según el reconocido economista Eduardo Sarmiento:

Antes de la Ley 100 el país operaba con un sistema pensional de prima media. Las mesadas de los pensionados se cubrían con las cotizaciones de los afiliados existentes. En efecto, el sistema funcionó durante mucho tiempo con cotizaciones de 7% del ingreso.

La reforma de la Ley 100, que abrió la opción de los fondos privados, quebró el sistema. Montados por una propaganda falsa, los afiliados se trasladaron masivamente a los Fondos Privados de Pensiones (FPP). La relación afiliados-pensionados bajó drásticamente y hoy en día se encuentra alrededor de tres. No obstante que la Ley 100 y otras disposiciones posteriores determinaron una duplicación de las cotizaciones, los egresos del Seguro Social disminuyeron con respecto a los ingresos y la diferencia tuvo que ser asumida por el Gobierno. En la actualidad el subsidio para cubrir los faltantes de las pensiones del Seguro Social y de las entidades públicas, que no hicieron las provisiones adecuadas, asciende al 4% del PIB, cifra similar al presupuesto de la educación.

Lo grave es que el sistema ha resultado muy inequitativo. Sólo los individuos que laboran en el sector formal y que están en capacidad de mantenerse en él logran cumplir los 20 años de periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión. Así, mientras el acceso promedio de la población es de 27%, el de los estratos 1 y 2 es apenas de 4%.

Las personas que se han trasladado a los Fondos Privados de Pensiones (FPP), han quedado sometidas a un sistema en el que las pensiones corresponden a las cotizaciones individuales ampliadas por los rendimientos financieros. No es cierto que obtengan pensiones similares a las del Seguro Social. A tiempo que este entrega pensiones correspondientes al 75% del salario o más, los FPP no dan más del 40%. Aún más dramático, no están en capacidad de asegurar una pensión equivalente al salario mínimo a más de la mitad de los afiliados.

La verdad es que los nuevos cotizantes de los fondos privados de pensiones se consiguieron a cambio de reducir el saldo de recursos que permitía cubrir parte de las pensiones. Así, el subsidio del Gobierno resulta del traslado de fondos del sector público a los balances de los FPP.

Estamos ante otro fracaso de las teorías de libre mercado y privatización que se adoptaron al principio de la década del 90. El sistema privado de pensiones en un país con niveles de ingreso e informalidad de Colombia es una afrenta a la equidad. No permite que los afiliados obtengan una pensión que corresponda siquiera a la mitad del ingreso, no asegura la pensión mínima, no evita la quiebra del sistema público y restringe el acceso de los estratos menos favorecidos.

La propuesta de elevar la edad pensional reduciría aún más el acceso a los sectores pobres por la simple razón de que viven menos tiempo, y no resolvería el problema de fondo. Lo que se plantea es modificar la concepción del sistema para ampliar el acceso de los sectores de menores ingresos y limitar los subsidios. El propósito se podría conseguir regresando las cotizaciones por debajo de 1,7 salarios mínimos al sistema público de prima media, y estableciendo un impuesto a las pensiones privilegiadas. Los FPP quedarían para las rentas altas.

Y como lo ha venido reiterando Fabio Arias, Secretario General de la CUT al referirse a la informalidad laboral creciente:

El 70% de los trabajadores en Colombia, casi 14 millones, no tienen una relación laboral de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo o las normas de la OIT. Ocho millones son trabajadores independientes o cuenta propia cuya responsabilidad de la afiliación a la seguridad social corre por su cuenta. Los otros seis millones son trabajadores subordinados, vinculados mediante las múltiples modalidades de la intermediación laboral, por fuera del Código Laboral, con lo cual se les desconoce sus derechos laborales y en especial la seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. A la seguridad social a la que acceden, que es de muy baja calidad y cobertura, lo hacen sobre la base de su precaria pecunia.

Entre las formas de intermediación preferidas se destacan las Cooperativas de Trabajo Asociado, los contratos de prestación de servicios, la contratación a destajo, contratistas, outsourcing, entre otras. Estas formas precarias empobrecen a la población, evaden los aportes a salud y pensiones a cargo del gobierno y los empresarios, reduciendo significativamente los recursos para atender estas obligaciones. Así pues, esta informalidad laboral desconoce derechos y desatiende la seguridad social de la mayoría de los trabajadores.

Hay sectores de trabajadores del sector público y privado en esta intermediación laboral. Tales como los trabajadores de la Red Pública Hospitalaria, tanto departamentales como municipales, agrupados en las múltiples Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA), así como también los más de 20 mil trabajadores portuarios, otro tanto en los corteros de caña; más de 30 mil trabajadores en la floricultura, mayoritariamente trabajadoras y miles y miles en la producción y extracción de aceite de palma, entre muchos, todos ellos presos de las variadas formas de la esclavitud moderna de la intermediación laboral en las CTA o contratistas que los superexplotan.

Todo lo expuesto, nos conduce a que en Colombia debe realizarse una reestructuración a fondo de la seguridad social que asegure la satisfacción de las demandas de los servicios de pensiones y jubilaciones dignas, de la mano con las cesantías que van en incremento, que mejore substancialmente la calidad de servicios en salud pública encaminada al desarrollo humano, y hacer una reingeniería en la parte administrativa.

Esto implica reconocer que el modelo económico y estructural no funcionó y que hay necesidad de implementar uno más justo y equitativo.

Obviamente, los pensionados y trabajadores colombianos debemos repudiar y rechazar tales propuestas neoliberales. 

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