Efectos económicos y sociales de la pandemia

En suma, los efectos que la pandemia ha traído sobre Colombia, ahondan a niveles dramáticos la pobreza y la desigualdad. Parodiando la parábola bíblica de José: las vacas flacas para el pueblo y las vacas gordas para el Faraón.

Por Miguel Ángel Delgado R.

Comité de redacción de La Bagatela

La intención de este escrito es apreciar las consecuencias económicas y sociales que está dejando la emergencia de pandemia y confinamiento en Colombia. Para este menester se partirá de la situación del país antes de la crisis de salud, mirando de manera esquemática los principales indicativos preexistentes en estas materias, varios de ellos de 2108. Se exceptúan áreas fundamentales como salud y educación que serán tratadas aparte en esta edición de La Bagatela. Luego se describirán los escenarios más protuberantes que trascurren en esta realidad inédita sobre la población pobre, los trabajadores, la pequeña y mediana empresa y, lógico, sobre los potentados del país.

El país antes de la pandemia

Al analizar las cifras del cuadro inserto adelante, no se necesita ser experto en econometría para concluir la calamitosa situación que vivía Colombia en el preludio de la pandemia. Para comprar la canasta básica familiar, establecida por el DANE, una persona necesita $872.142 a precios de 2108, por tanto, más de la mitad de la población, proyectada por la misma entidad para febrero de 2020 en 50 millones, no tenía recursos suficientes para solventar los gastos elementales de subsistencia. El cálculo resulta de los mismos datos oficiales de informalidad y pobreza. Un contexto alarmante, lo que llevó a que Naciones Unidas señalara que “sus ciudadanos tienen un nivel de vida muy bajo”, en relación al rango del PIB per cápita mundial.

La desigualdad que mide el coeficiente Gini es patética. Según cifras del Banco Mundial, en el país al 20% más rico le corresponde el 57% de los ingresos, mientras que al 80% restante le corresponde el 44% del PIB. Para este organismo crediticio estamos ubicados entre los 10 países más desiguales el mundo, solo superados en América por Haití y Honduras. Como dijera Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, “la desigualdad es el corazón del desencanto social”.

Cifras oficiales de Colombia antes de pandemia

La corrupción, otra variante que influye negativamente en el nivel de vida de la población, al sustraer ingentes recursos del erario hacia manos particulares, los cuales podrían ser invertidos en infraestructura productiva o en gasto social, cunde en el país antes del coronavirus. El índice de percepción de corrupción de Trasparencia Internacional para el año 2019 nos asigna un puntaje de 37, cercano a muy corrupto que es cero. Reficar, Odebrecht, Agro Ingreso Seguro, carteles de la contratación, los ñoños, la Merlano y el Ñeñe Hernández con la compra de votos, las chuzadas, la corrupción en el ejército y la policía y decenas de otros casos, continúan, tras largos años, en “investigaciones exhaustivas”.

La seguridad alimentaria, componente fundamental para la existencia e independencia de las naciones, registra cifras alarmantes. Se importaron casi 15 millones de toneladas de alimentos el año pasado. Las cifras oficiales señalan que el 30% del consumo nacional es importado. El caso del maíz es aleccionador. Cereal que se cultiva en todos los climas del país, base alimenticia de la población, originaria de lo que hoy es América Latina y materia prima fundamental en la avicultura, la porcicultura y la ganadería, es importado en un 90%, preferencialmente de EE. UU.

El presidente Duque, en enero de este año, declaró como un triunfo el crecimiento de la economía de la nación por encima del 3%, resaltó que este crecimiento es superior al promedio de América Latina, señaló que la inversión extranjera directa creció por encima del 19%, enfatizó el mejor cumplimiento de la Regla Fiscal por la reducción del déficit al menor nivel histórico desde que existe esta herramienta y, días atrás, había recordado que su llamada Economía Naranja representa el presente y futuro del país.

Este crecimiento de la economía, sin embargo, a la luz de la realidad social que muestran las escalofriantes cifras de pobreza, desigualdad y corrupción imperantes, solo puede ser reclamado por la minoría de amos de las finanzas, los latifundistas, los importadores de mercaderías, los dueños de las grandes empresas y los inversionistas extranjeros. Esta ruta de normalidad del capitalismo salvaje fue interrumpida en marzo, según todos los indicios para profundizarse, con la aparición del paciente cero de coronavirus y la ulterior parálisis de la actividad productiva. ¿Qué sigue?

El país durante la pandemia

El 17 de marzo se dictó el decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica para enfrentar la pandemia de coronavirus, a reglón seguido se ordenó el aislamiento obligatorio a partir del 21 de marzo y hasta el 13 de abril, excepto los sectores esenciales para proveer alimentos, salud y servicios públicos. Se cerraron las fronteras, el transporte aéreo y terrestre. Ante las cifras crecientes de contagio y muerte, el 6 de abril se prolongó el confinamiento hasta el 26 de abril y luego, por las mismas razones, se estiró hasta el 11 de mayo, incorporando al trabajo los sectores de la construcción y la manufactura.

El resultado inmediato del aislamiento obligatorio fue la parálisis casi total del aparato productivo. La industria, el comercio y los servicios. Enseguida se decretó una cascada de medidas en materia fiscal, monetaria, laboral, crediticio, pensional, tarifario, inmobiliario, comercial, de control de precios, educativas, etc., etc., además de las obvias de salubridad y médico hospitalarias.

A la interrupción abrupta de la economía debe sumarse la caída internacional del precio del petróleo a límites nunca vistos y la recesión económica global agudizada por la pandemia. Este cuadro, sin duda, conduce a una agudización de la crisis económica y social que padece la población y el país entero.

El primer efecto social y, por supuesto económico, por cuenta del coronavirus es el padecimiento de hambre de la inmensa mayoría de colombianos. El trapo rojo, símbolo de este martirio, ondea en las populosas barriadas, comunas, tugurios y distritos de las ciudades, con sus consiguientes manifestaciones de justa protesta. La informalidad, que puede llegar a sumar 13,5 millones de personas, ha sido privada, por cuenta del confinamiento, de su rebusque diario que le permitía solventar su penosa existencia, uniéndose a los 3,5 millones de colombianos que viven en la pobreza extrema y al desempleo que en febrero bordeó los 3 millones de personas, cifra hoy desbordada. No en vano, para ilustrar esta realidad, la primera medida anunciada por Duque, al momento de declarar el confinamiento, fue la de reinstalar servicio de agua para un millón de familias que lo tenían cortado por falta de pago. La población indígena, afrocolombiana y los migrantes venezolanos no escapan a esta hecatombe de sufrimiento. Se atiborran los medios masivos de comunicación de notas periodísticas describiendo historias de la pobrería. Lo que el neoliberalismo esconde, detrás de cifras positivas de crecimiento, salió a flote, como nunca antes, con el virus.

Los trabajadores, los que sustentan la economía real del país, tienen, de hecho, una afectación muy grande por cuenta de la parálisis productiva. Como si fuera algo acordado en detalle los primeros 19 días de confinamiento fueron aprovechados por números empresarios para declarar vacaciones colectivas, causadas o anticipadas. También han despedido o suspendidos sus contratos a cientos de miles de trabajadores. Otros optaron por licencias unilaterales no remuneradas. Las más mañosas procedieron, de manera temprana, a rebajar los salarios, rebajando la jornada laboral. El trabajo en casa, para los empleados que sucumbieron a este holocausto laboral, se ha convertido en una extenuante jornada. Las cajas de compensación informaron que las solicitudes de subsidio de desempleo, por cuenta de la emergencia sanitaria, sobrepasan las 400 mil. El poderoso gremio de los comerciantes propone que los trabajadores asuman la pérdida del 33% de su salario. Se trasladó a Colpensiones el pago de 20 mil mesadas pensionales de salario mínimo, que eran responsabilidad de los fondos privados, a cambio de trasladar un menor valor de lo que deberían pagar. Como están las cosas, el desempleo registrado al comienzo del aislamiento de 12,2% podrá subir, por cuenta de esta emergencia sanitaria, a niveles cercanos al 25%. La aspiración del gobierno, anunciada desde el año pasado, de realizar una reforma pensional que debilite el sistema de prima media estatal y fortalezca las administradoras de pensiones privadas y una reforma laboral regresiva que implante el trabajo por horas, la rebaja del salario mínimo y la inestabilidad laboral, se ha puesto en marcha a la sombra del Covid-19.

El tejido empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa (mipymes), integrado por más de 1,6 millones de establecimientos de todo género, que proveen casi 8,4 millones de empleos, el 80% del total, está en peligro de desaparecer. En principio Acopi, el gremio que las representa, había exigido del gobierno nacional un subsidio por el valor del 70% de la nómina, pero ante la propuesta de Fenalco para que el pago del salario sea asumido, de forma tripartita, entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, finalmente cedió y se acogió a esta propuesta. Los grandes empresarios del comercio, la industria, el transporte y las finanzas, que vienen practicando toda clase de maniobras con tal de conservar su tasa de ganancia, son los inspiradores de rebajar el salario de los trabajadores y, sin duda, a través de sus gremios, respaldarán tal engendro. Y el gobierno, atado a su ortodoxia neoliberal, no tardará en simpatizar con este extravío.

La corrupción también se concentró en tan pequeño periodo. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía anunciaron la apertura de investigación al ministro de Agricultura por desvío en la asignación de créditos para garantizar la producción agrícola, de los pequeños y medianos agricultores hacia los grandes consorcios de agroindustriales e importadores por un valor que supera los 6,1 billones de pesos. De igual forma anunciaron la investigación de contratos suscritos, durante la emergencia sanitaria, por alcaldes y gobernadores por sobrecostos en los alimentos para paliar la hambruna de la población.

El resultado de las principales medidas en materia económica, social y laboral que ha producido el gobierno de Duque tiende a favorecer al sector financiero y a los grandes empresarios. Los bancos tienen un respaldo por parte del gobierno nacional de 17 billones de pesos para créditos empresariales, que solo están llegando a los grandes consorcios y no a la micro, pequeña y mediana empresa. El Ministerio del Trabajo ha repletado de resoluciones las vías por donde transitan las violaciones contra los ingresos y derechos de los trabajadores. Y las que, por ir contra su dogma neoliberal, se ha negado a tomar para poner a punto el sistema médico hospitalario y enfrentar la enfermedad o atenuar la realidad de hambre y padecimiento, como sería recurrir a las reservas internacionales de $53.144 millones de dólares o a impuestos de emergencia al gran capital.

En suma, los efectos que la pandemia ha traído sobre Colombia, ahondan a niveles dramáticos la pobreza y la desigualdad. Parodiando la parábola bíblica de José: las vacas flacas para el pueblo y las vacas gordas para el Faraón.

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