El hito histórico del estallido social

Edición #81

El 21 de noviembre de 2019 y el 28 de abril del 2021, son fechas que retumbarán en nuestra historia como el mayor estallido social del que se tenga conocimiento en los últimos 70 años en nuestro país. Las motivaciones de dicho estallido han estado en las políticas públicas neoliberales y fascistas del periodo neoliberal y, en especial, de este mal gobierno de Iván Duque, que no garantiza la vida, ni la democracia, incumple los acuerdos de paz, viola los derechos humanos, impone medidas ambientales regresivas, pero fundamentalmente anuncia, tanto en el 2019 como en el 2021, en medio de la pandemia, sendas regresivas reformas tributarias para salvaguardar los privilegios tributarios del capital financiero, de la grandes corporaciones nacionales y extranjeras y de los megarricos.

Por Fabio Arias Giraldo

Fiscal nacional CUT, Miembro del CEC del PTC

El 21 de noviembre de 2019 y el 28 de abril del 2021, son fechas que retumbarán en nuestra historia como el mayor estallido social del que se tenga conocimiento en los últimos 70 años en nuestro país. Son los episodios de mayor profundidad y extensión de la protesta social. Incluyó, además de los 26 sectores sociales del orden nacional que participan del Comité Nacional de Paro (CNP), como trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, diversidades étnicas y sexuales, mujeres, estudiantes, medianos y pequeños productores agropecuarios, etcétera, sectores especialmente de jóvenes de las barriadas populares de las grandes ciudades, que como en Cali, que demostraron una gran indignación por la falta de futuro mediante acciones valientes y osadas de múltiples bloqueos, con la cual impulsaron la lucha y su resistencia frente al gobierno nacional y territorial.

Las motivaciones de dicho estallido han estado en las políticas públicas neoliberales y fascistas del periodo neoliberal y, en especial, de este mal gobierno de Iván Duque, que no garantiza la vida, ni la democracia, incumple los acuerdos de paz, viola los derechos humanos, impone medidas ambientales regresivas, pero fundamentalmente anuncia, tanto en el 2019 como en el 2021, en medio de la pandemia, sendas regresivas reformas tributarias, que salvaguardando los privilegios tributarios del capital financiero y la grandes corporaciones nacionales y extranjeras y los megarricos, trasladaba la carga impositiva de impuestos a las personas naturales y al pueblo en general, imponiendo el IVA del 19% a la canasta familiar y aumentando el impuesto a los trabajadores, profesionales y pensionados. Además, anunció reformas laborales y pensionales que flexibilizan y precarizan, profundizando, todas ellas, la desigualdad y la pobreza.

El descontento generalizado tuvo su detonante en una serie de factores que muestran la indignación frente al pésimo gobierno de Duque y el hastío frente a la clase política que ha gobernado al país en los últimos 30 años.

Al estallido social el gobierno le dio un tratamiento de guerra y ordenó reprimirlo, con un resultado escabroso de cerca de 100 asesinados, 82 mutilados en uno de sus ojos, miles de heridos y detenidos y unos, no se sabe cuántos, desaparecidos. En estos días de mediados de noviembre, en una cacería de brujas, el mindefensa y la policía “nazional”, han informado de tener 256 jóvenes detenidos que participaron de la protesta social, acusados de vandalismo y terrorismo. Hechos todos violatorios de los DD. HH., constatados por la Cidh y de la cual se desprendieron 41 recomendaciones al gobierno, que se ha negado a implementar.

El país, con esas manifestaciones, ha sido notificado de una nueva agenda política, económica y social que contraría a la neoliberal y guerrerista de este gobierno, llama a atender las necesidades en materia de derechos, de empleo e ingresos, es decir, profundamente democrática y social que hoy requiere la otra Colombia posible que se desprende de esa nueva agenda.

Así, el estallido social, que si bien sobrepasó las expectativas, incluso del mismo CNP, siempre tuvo en ese Comité un punto de referencia para el accionar en la calle y reivindicar, mediante la exigencia de las garantías a la protesta y el pliego de emergencia, las más sentidas angustias de la población. Y el CNP lo hizo antes de la pandemia y también en medio de las grandes dificultades que ella ha traído, cuestión que lo hace más meritorio. Acertó en medir la necesidad de convocar sendos paros, para responderle al gobierno. Mención especial, la participación de los jóvenes.

El CNP al no recibir ninguna respuesta del gobierno al pliego de emergencia que le presentó, convirtió dichas solicitudes en 10 proyectos de ley que presentó el 27 de julio, respaldados y que acompañó con sendas movilizaciones nacionales en cada mes de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, frente a lo cual el congreso de la república por vía de las decisiones de la bancada de la coalición del gobierno representada en los partidos del Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, de la U y algunos liberales, determinaron hundir ya, a la fecha de hoy, 4 proyectos como son el de la renta básica de emergencia, desmonte del Esmad, condonación de deudas agropecuarias y derogatoria del Decreto 1174.

Así, hoy el país se debate entre quienes insisten en la agenda de este gobierno neoliberal y guerrerista y quienes levantan las banderas que propuso el estallido social, que son profundamente democráticas y sociales.

El estallido social, posibilita de que sí es posible otra Colombia para la inmensa mayoría de la población contraria a la de sólo para un puñado de plutócratas nacionales y extranjeros. Para ello hay una posibilidad institucional para voltear la arepa en la elecciones del 2022, respaldando las listas al Congreso del Pacto Histórico, allí estarán Edwin Palma al Senado y Francisco Castañeda a la Cámara en Bogotá, y al mejor candidato presidencial, como es Gustavo Petro. Ellos interpretan el estallido social.

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