En Bogotá. ¡La revocatoria avanza, las dificultades de Peñalosa crecen!

Por Yezid García Abello

Exconcejal de Bogotá y miembro de la dirección nacional del PTC

En esta ardua carrera de obstáculos que le ha tocado afrontar a la ciudadanía que tomó la decisión de revocar al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa –por la insatisfacción general frente a sus ejecutorias y por adoptar improvisadamente determinaciones de fondo que no hacían parte de su programa de Gobierno, que es una de las formas de incumplir el programa presentado a los electores–, el mes de junio trajo dos noticias importantes que despejan el camino de la revocatoria y dificultan, aún más, las maniobras arbitrarias de quienes quieren impedir el ejercicio de la participación ciudadana y el derecho a revocar mandatarios locales que establece la Constitución Nacional y las leyes de la República.

La primera de esas noticias se refiere a las facultades del Consejo Nacional Electoral (CNE). Es de conocimiento de la opinión pública que el presidente del CNE, Alexander Vega Rocha, militante del partido de la U, ha tratado de aprovechar una mayoría transitoria en ese organismo para impedir, sin importar la arbitrariedad de la medida, el proceso revocatorio en Bogotá. Se planteó que el CNE era la entidad facultada para examinar y aprobar si la revocatoria de Peñalosa cumplía con los “requisitos” establecidos, si Peñalosa había o no cumplido con su programa de gobierno, que insatisfacción e incumplimiento de programa eran condiciones inseparables, que no se podía imponer una “revancha política” de los opositores al alcalde y, en fin, muchas afirmaciones que no tenían nada que ver ni con sus facultades legales ni con las condiciones que están establecidas en las leyes estatutarias que regulan el tema.

Envalentonados por su “mayoría” en el CNE, Peñalosa y su apoderado Sierra Porto fueron más allá y presentaron una tutela para que el CNE agilizara sus determinaciones y reglamentara las condiciones de los procesos revocatorios que se adelantan en el país y, en particular, reglamentara la revocatoria en Bogotá. Todo ello con la vana esperanza de que “el doctor” que rige los destinos de la capital no se vea sometido el escrutinio público de una ciudadanía que según todas las encuestas rechaza abrumadoramente la gestión del mandatario.

Pero el tiro les salió por la culata, el Tribunal Superior de Bogotá, a través de reciente sentencia del 7 de junio decidió rechazar la tutela porque, entre otros argumentos:

Para la Sala no es posible, entonces, por la vía constitucional, ordenar al CNE que altere las reglas del juego democrático y mediante una reglamentación haga nugatorios los derechos ciudadanos y se atente contra el principio de la confianza legítima. Una vez se han iniciado los trámites de revocatoria, la modificación de las reglas existentes, no sería otra cosa diferente a violentar derechos fundamentales de quienes se someten al juego democrático.

No se olvide que la democracia se caracteriza por mantener vigentes y sin sobresaltos los preceptos que consagran los derechos políticos. El ejercicio efectivo de estos derechos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental para que las sociedades democráticas garanticen otros derechos. Como lo es, peticionar la revocatoria del mandato cuando se satisfacen las exigencias previstas en la norma, actuación que desplegaron los voceros de los grupos de ciudadanos que hasta ahora han acudido ante la autoridad competente.

De ahí que razón les asiste a los Regis-tradores Delegados cuando anunciaron que no procede reglamentar los requisitos de las iniciativas de revocatoria del mandato ni valorar los motivos que invocan los promotores, porque serán los ciudadanos, quienes en ejercicio de la consulta popular definirán si se revoca quien fue elegido como alcalde o gobernador y, con ello, calificarán si las razones presentadas por los promotores encuentran sustento.

¡Más claro no canta un gallo! Estos apartes de la sentencia constituyen un preciso testimonio de las dificultades en las que se encuentra Peñalosa, la cuestionada Fundación Azul y el estrecho círculo de financistas, urbanizadores y propietarios de tierras, encabezado por el Grupo Sarmiento Angulo, que lo respaldan incondicionalmente.

Pero como “al que no quiere caldo se le dan dos tazas”, la segunda noticia importante frente a la revocatoria es que el reciente 20 de junio la Registraduría certificó y validó 473.700 firmas de las 703.000 que el comité “Unidos revocamos a Peñalosa” había presentado a la entidad el dos de mayo anterior. Es evidente que Peñalosa y su apoderado harán uso de todos los recursos legales para prolongar en el tiempo la convocatoria al referendo revocatorio que definirá su suerte, y que tratarán de deslegitimar ante la opinión pública las firmas válidas, destacando las deficiencias de las que fueron rechazadas. A raíz de esta determinación, por primera vez en este proceso, Peñalosa queda en abierta desventaja frente a la ciudadanía que promueve su revocatoria.

La revocatoria no puede aún cantar victoria. Peñalosa tiene defensores de oficio muy poderosos que seguirán conspirando contra la convocatoria a las urnas. La Alcaldía está dispuesta a gastar miles de millones de pesos en una intensa propaganda mentirosa encaminada a tratar de mejorar la percepción de la ciudadanía sobre las ejecutorias del alcalde. Así sea apropiándose políticamente de obras que, en el pasado, una y otra vez, rechazó por “inconvenientes” como el cable aéreo para Ciudad Bolívar, cuya construcción le fue imposible suspender.

Pero la mona aunque se vista de seda mona se queda, dice el adagio popular. Peñalosa en sus recientes entrevistas en medios ha ratificado que el Metro es un señuelo para seguir construyendo troncales de Transmilenio e inundar de buses privados que funcionan con diesel a Bogotá, que la privatización que pretende hacer a ETB es sólo la punta del iceberg de la venta de los bienes y empresas públicas, que no respetará la Reserva Van Der Hammen y que va prácticamente a acabar con los programas y la inversión social del Distrito. Su último anuncio prepotente es que “nada ni nadie impedirá que se construya Transmilenio por la séptima”, a contrapelo de la voluntad mayoritaria de los habitantes de Bogotá que no quieren obras costosísimas que a la larga asumirán los contribuyentes, poco funcionales, que destrozan una emblemática arteria de la ciudad y cuya consecuencia es dilatar, aún más, la construcción del Metro.

Que sirvan estas semanas, entre la verificación de las firmas y la determinación de la fecha del referendo revocatorio, para llegar a los pocos sectores populares que aún no abrazan la causa de la revocatoria; para convencer a ambientalistas y animalistas que su avanzada agenda es antagónica con la trasnochada concepción de “ciudad de cemento” de Peñalosa; para unir voluntades en defensa de lo público; para reclamar inversión social para los sectores más vulnerables y para conformar un gran frente de fuerzas políticas y sociales que asuma la conducción de este legítimo proceso en defensa de una concepción de ciudad avanzada, desarrollada, sostenible, amable, democrática e incluyente.

Bogotá D.C., 6 de julio de 2017.

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