De la situación que atravesamos y las tareas que nos urgen

De la situación que atravesamos y las tareas que nos urgen
Por Marcelo Torres Benavides
Nosotros profesamos la idea de que la
transformación de Colombia no puede
ser la obra exclusiva de un solo partido
o de una sola clase. Las deficiencias heredadas
de un pretérito remoto, el
escaso grado de desarrollo y la asfixiante
dependencia económica de los grandes
emporios son factores ciertos y
supremamente adversos que deben
removerse con el concurso de obreros,
campesinos, intelectuales, comerciantes,
industriales, es decir, de todos los contingentes
patrióticos, democráticos, y progresistas.

Francisco Mosquera, 
“Avanzamos en la política unitaria”, febrero 8 de 1986. 

Hay que unir todas las fuerzas que crean
en la vida, y la democracia en el país.
Propongo un gran Frente por la Vida
porque está en peligro la Vida y la
Soberanía Nacional y las fuerzas más
oscuras de Colombia y le mundo tratan
de dominar a la sociedad colombiana.

Gustavo Petro Urrego, 18 de agosto de 2026.

Dos calamidades sucesivas se desataron sobre Colombia en un corto lapso: la imposición de Abelardo de la Espriella como presidente de la república y de su gobierno, y el terremoto del pasado 10 de agosto.

Tragedia, farsa y abyección colonial 

El sismo, de una pavorosa magnitud de 7,4 sacudió gran parte de Colombia, dejándonos una estela de tragedia y destrucción[1] . La incompetencia y los palos de ciego a la vista de la administración de la Espriella ante la catástrofe, suscitan justamente el enorme interrogante de la consecución de los 30 billones en que se estima la reconstrucción de los daños causados, y la ocasión que su utilización ofrece los mayores picos de sumos negociados y megacorrupción. 

De modo paralelo, la interminable parafernalia de teatro bufo y servilismo colonial proyanqui, sello distintivo del gobierno de Abelardo de la Espriella, ha indignado, suscitado fuertes críticas y rechazos, y abochornado a la Colombia democrática, la abrumadora mayoría de la nación. 

Un mandatario que reparte besos de comedia y balones a una población destrozada por el estremecimiento sísmico y en medio de escombros. Un gobierno que rechaza la solidaridad de países amigos porque así lo prescribe la lista de naciones que la administración Trump veta o considera enemigos o amenazas, mientras invita efectivos del ejército más repudiado del mundo, el de Israel, y restablece relaciones con el Estado más acusado hoy de genocidio y crímenes de lesa humanidad por su política de exterminio en Gaza. Que, para colmo, reconoce soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio cuya ocupación militar por el sionismo gobernante, producto de su guerra de conquista de 1967, ni la ONU ni ningún Estado reconocen, con excepción de Estados Unidos; un reconocimiento extendido a la ilegal ubicación de su capital en Jerusalén[2]. Una administración que en un acto de obediencia a la cruzada neonazi de su mentor de Washington contra el derecho internacional, anuncia desvincular a Colombia de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional[3] . Y que, en una abominable demostración de lacayismo progringo, violatorio de la Constitución, del Estado de derecho y que desconoce la atribución del Congreso, consiente en la realización de “operaciones militares conjuntas” con el ejército estadounidense en territorio colombiano[4] . Muestra de esa abyecta sumisión fue el anuncio, hecho desde el Pentágono desde antes que se posesionara como presidente De la Espriella, por el subscretario de Defensa gringo, Joseph Hume, sobre el Plan Colombia 2.0 de intervención militar estadounidense[5]. 

En un clima de abierta intimidación y amenazas procedentes contra toda oposición, tanto del gobierno De la Espriella como de oscuras organizaciones ilegales, dos voceros de la derecha, miembros de la Cámara y del Concejo de Bogotá, respectivamente, recogen firmas para adelantar un cabildo abierto que consiga aprobar la militarización de la capital de la república. Otro anticipo del anuncio del mismo De la Espriella de integrar e institucionalizar “bloques de búsqueda”, bandas armadas mixtas con personal del Estado y de privados, uno de los más característicos rasgos del fascismo de todas las épocas[6] .

Mediante resolución, la ministra del Trabajo del gobierno De la Espriella derogó 11 circulares expedidas durante el Gobierno Petro. Las 11 circulares, que regulaban la aplicación de la reforma laboral en asuntos claves relativos a derechos y garantías de los asalariados, garantizando su observancia de modo más estricto, ágil y completo, ya no podrán invocarse por los trabajadores como fundamento jurídico para exigir obligaciones, cargas probatorias, procedimientos, y sanciones a los patronos, ni para mejores condiciones de su acceso a trámites. Con esta primera medida regresiva, la administración del ciudadano gringo que ocupa el cargo de presidente de la república, notifica de modo categórico a la clase de los asalariados, su carácter antiobrero[7] . 

Una siniestra conjura imperialista

El análisis retrospectivo del resultado de las presidenciales de 2026 arroja un elemento clave de la actual situación del país: con ocasión de dichas elecciones, Colombia fue blanco de una conjura foránea imperialista, fraguada cuidadosamente con meses de anticipación y ejecutada con la estrecha complicidad de la oligarquía colombiana y sus agentes. Consistió en la consumación del plan de adulteración de los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 mediante el empleo de algoritmos activados con ese propósito mediante avanzada tecnología informática, manejada desde Estados Unidos por empresas contratadas por autoridades electorales del país para tal efecto. La nación empieza a enterarse de la trapisonda gracias a las muy numerosas denuncias hechas al respecto, en especial los estudios técnicos especializados de equipos de un colectivo civil integrado por miles de compatriotas residentes en territorio nacional y en el extranjero, conocido como testigos digitales. El seguimiento al proceso de fraude, registrado por dichos equipos y testigos mencionados, ha sido profusamente difundido por muchísimos colombianos en las redes sociales, incluido el propio expresidente Petro en una serie de sus post en la red X antes y después de las dos vueltas del proceso eleccionario. 

Desde Estados Unidos hubo manipulación algorítmica de los resultados electorales 

Desde fines de febrero de este año el presidente Petro insistió en una auditoría independiente al código del software electoral; cuestionó la exposición pública del código fuente del software electoral y aseguró que la verdadera garantía residía en entregar copia anticipada a auditores técnicos para verificar la transparencia de las elecciones. De modo reiterado, su Gobierno denunció que la Registraduría desacataba e incumplía el fallo del Consejo de Estado de febrero de 2021 que ordenó la utilización de un software electoral estatal[8] , de propiedad pública y no privado, ante lo cual el Registrador actual alegó que desde fines de 2021 se había adquirido un software a la empresa española Indra. El presidente Petro replicó que, pese a ello, el manejo del sistema no era público sino privado, contratado con la empresa Thomas Greg & Sons, que “el Estado no tiene la propiedad de una sola línea algorítmica del código fuente”, y además, que a esta empresa se le habían entregado 4,4 billones de pesos para manejar el escrutinio de elecciones desde el año 2007[9]. Entre fines de abril y la primera vuelta presidencial, denunció así mismo el presidente Petro, el censo electoral fue alterado en dos ocasiones con 885.409 cédulas añadidas irregularmente[10]. En 5.300 mesas —ubicadas en el interior del país y en el exterior—, se denunció, se registraron votaciones muy superiores al promedio estadístico observado y verificable por mesa, lo que habría generado en esas mesas una ventaja artificial, fraudulenta, de 635.000 votos para Abelardo De la Espriella[11].

Con posterioridad a la segunda vuelta presidencial, el Consejo de Estado admitió, entre las 40 demandas presentadas contra la elección de De la Espriella, una de nulidad, acaso la más fundamentada, la de los denominados 70 mil testigos digitales.
El 6 de agosto de este año, el presidente Petro se refirió con más amplitud a las irregularidades presentadas en las elecciones presidenciales. Los algoritmos utilizados en el escrutinio, afirmó, procedían de un servidor de los hermanos Bautista ubicado en Los Ángeles, suministrados por una empresa de inteligencia privada israelí, BlackCube[12]. Esos algoritmos utilizados en el escrutinio sacaron nombres de los no votantes del censo electoral y los ubicaban como votantes incluso repetidos. También los incluían en mesas con jurados homogéneos. En las mesas del exterior en Estados Unidos y España, siguió diciendo el mensaje del presidente Petro, pusieron jurados no residentes, lo cual es ilegal. Llevaron electores al Mundial de Fútbol que votaron 7 veces con los nombres de los no votantes. Ocurrió también, añadió, en mesas en Colombia: Medellín, regiones de Antioquia, norte de Bogotá, y Norte de Santander. A la empresa Balart, por un contrato millonario, la encargaron de la imagen de De la Espriella y de presentarla ante Trump. Señaló el presidente que los sistemas de ciberseguridad de la Registraduría fueron contratatados con dos empresas, una estadounidense y otra de Israel, que tenían su candidato[13]. La revista Raya subrayó el apoyo de Dan Newlin, frustrado nominado embajador gringo para Colombia, a la campaña de Abelardo De la Espriella, y como aportante de US$1.8 millones en propaganda en Meta para su aspiración presidencial[14]. Más tarde, el mismo presidente Petro anunció que la justicia colombiana y la de Estados Unidos recibirán las pruebas de estas denuncias, como también la bancada parlamentaria del Pacto Histórico. 

El declarado presidente en compañía de Javier Negre, socio de Fernando Cerimedo quienes comandaban el complot continental de fraude electoral con granjas de bots para manipular la opinión a favor de los candidatos afines al gobierno imperialista 
de Donald Trump

La injerencia del gobierno Trump 

Lo que puede denominarse con toda justicia conjura yanqui-sionista contra Colombia, forma parte de la estrategia continental y mundial de un imperio a la defensiva y en decadencia, pero dispuesto a desatar la guerra —sin descartar el holocausto nuclear— para impedir su desplazamiento del rango de superpotencia hegemónica unipolar. El mismo modelo que impuso al mundo desde el último cuarto del siglo XX, la globalización neoliberal, una vez efectuado el derrumbe soviético, con la exportación de capitales en una escala sin precedentes bajo el dominio del capital financiero, con sus más altas y extraordinarias tasas de ganancias provenientes de la superexplotación de los recursos y la mano de obra de los países periféricos, volcó sus efectos nefastos también sobre la metrópoli mayor originaria del depredador esquema. 

A la par con la centralización y concentración vertiginosa de la riqueza mundial en un puñado de superbillonarios, el período de la hegemonía unipolar estadounidense también generó el elevado grado de desindustrialización de su país, su hiperendeudamiento, y el deterioro progresivo de su nivel de vida, todo lo cual condujo a la ralentización del crecimiento mundial de la producción de los países capitalistas, a sus crisis de comienzos de la nueva centuria, a la lenta pero progresiva contracción del área del dólar, y coadyuvó al surgimiento del factor que altera el entero tablero global: la aparición de nuevos polos mundiales de desarrollo y de fuerza. 

Los llamados BRICS reúnen el 45% de la población mundial y más del 37,4% del Producto Interno Bruto mundial, medido en paridad de poder adquisitivo (PPA), superando la cuota del G7, inferior al 30% del mismo PIB global. Con una tasa de crecimiento promedio para los BRICS, estimada en perspectiva alrededor del 3,7%, también sobrepasan al promedio mundial del 2,6%. Según estimaciones de analistas del ecosistema Sk Fintech Hub (Grupo VEB.RF), más del 67% del comercio dentro del bloque ya se realiza en monedas nacionales[15]. Uno de sus integrantes, China, compite con éxito creciente no sólo en el terreno económico internacional sino en el de la alta tecnología con la antigua primacía de Estados Unidos.

El gobierno Trump, que expresa la prevalencia entre la oligarquía gringa de la tendencia a reemplazar la vieja democracia liberal por el fascismo o por una modalidad de dominación semejante, se ha propuesto obligar al planeta, empezando, por supuesto, por América Latina y los demás países del mundo pobre, a abrirle sus mercados, de grado o por la fuerza, a las exportaciones gringas como a los recursos nativos para paliar su creciente desbarajuste económico. Pero esta vez incluye a sus viejos socios de Europa Occidental, Canadá, Japón y Australia, sin miramientos, exigiéndoles concesiones unilaterales de tipo comercial, territorial, políticas y militares a Estados Unidos. Su “guerra de aranceles” registra un melancólico balance, pues, aunque viene sometiendo a su dictado a la franja más pobre de las naciones, sus viejos socios gruñen y se defienden, y no ha logrado afectar a sus más poderosos rivales, China y Rusia. Convierte a China en su blanco de ataque principal, tratando de forzar a sus aliados y neocolonias a alinearse con su belicosa política y a romper vínculos comerciales y de toda índole con la gran nación de Oriente —como obligó a hacerlo a Panamá— como con Irán y Cuba, sobre los cuales arrecia su criminal bloqueo.

Para contrarrestar las dos tendencias que amenazan su hegemonía en América Latina, a la que considera su patio trasero, los gobiernos progresistas y la influencia económica y política de China, ha desencadenado una agresiva y brutal política de sometimiento. 

Empantanada su maniobra envolvente con la OTAN sobre Rusia en la guerra de Ucrania, y con el fiasco de la guerra de aniquilación sobre Irán, Trump busca impactantes victorias en nuestro subcontinente. Envalentonado por el zarpazo contra Venezuela con el secuestro del presidente Maduro, y por los reveses propinados al progresismo latinoamericano en Argentina, Bolivia, Chile, y Honduras, acentúa hoy su ofensiva para recuperar terreno que venía perdiendo en América Latina. El acuerdo con los regímenes de derecha de la región en el llamado Escudo de las Américas, es la colaboración de esos gobiernos para agredir nuestros países con el expediente, a todas luces falso, de la lucha antinarcóticos. 

El Escudo de las Américas es ahora esa suerte de nuevo corral donde agrupa sus agentes más obedientes y agresivos contra sus respectivos pueblos; uno de ellos, el gobierno de Ecuador, suscribió un Acuerdo de entendimiento con Estados Unidos, durante el Gobierno Petro, para militarizar la frontera con Colombia. Es para colaborar con este Escudo proyanqui y sus fines de recolonización contra Latinoamérica, que De la Espriella ha ofrecido a Medellín como sede. 

Retomar una posición estratégica en la esquina noroeste de Suramérica, se presentó al imperio con ocasión de las elecciones presidenciales de Colombia en 2026. Arrastró en la intrusiva empresa a su alfil del Medio Oriente, Israel, cuya clase dominante está íntimamente entrelazada con el gran capital gringo; el gobierno de Netanyahu participó, ávido de venganza contra el gobierno progresista de Colombia por su denuncia mundial y su decisión de romper con el régimen que perpetra el genocidio contra el pueblo de Gaza. Y así, la conjura imperialista, con la complicidad de la oligarquía vendepatria y de su agente impuesto como presidente, se consumó contra Colombia. 

Antecedente inmediato de la operación imperialista contra nuestro país lo constituye el Hondurasgate, otra intervención de Trump para poner un gobierno pelele en Honduras. En aquella ocasión, mediante el indulto presidencial a un narcotraficante que cumplía condena en cárcel de Estados Unidos, liberado para llevar a cabo la misión en el país centroamericano de lograr que ganara en las elecciones presidenciales —como en efecto sucedió— el candidato señalado por Trump, Nasry Asfura[16]. Audios filtrados y dados a conocer con posterioridad revelan conversaciones y mensajes de los protagonistas de la componenda en los cuales revelan que lo de Honduras fue el primer paso de una plataforma digital continental para adelantar la batalla en el ciberespacio contra los gobiernos de Claudia Shimbaum en México, Gustavo Petro en Colombia e Inacio Lula Da Silva en Brasil. Trump aseguró, con la mayor frescura, para justificar su indulto al narco y sin aportar prueba alguna, que la administración Biden “tendió una trampa” a Juan Orlando Hernández, condenado por cargos de narcotráfico[17]. 

Finalizando agosto, se supo del descubrimiento policial de una granja de bots en Bolivia para efectos de manipulación virtual masiva de electores en procesos eleccionarios de distintos países en pro de candidatos de ultraderecha. La información forense del teléfono de Cerimedo, el argentino detenido en ese país acusado de feminicidio y por mantener en su domicilio la mencionada granja de bots, reveló que el sujeto dedicado a tan malas artes mantenía activa relación con funcionarios de Colombia. Un fuerte indicio de que esta manipulación, a través de millones de bots manejados por granjas automatizadas desde distintos puntos del planeta, incluyendo a Miami, también operó sobre electores en las presidenciales de Colombia[18].

El resultado hizo reflotar una conclusión de tremenda vigencia

Con todo lo malo del adverso resultado de las presidenciales de 2026, también contribuyó a reforzar algo muy relevante. Con la perspectiva tenebrosa que para Colombia implica el resultado de dichas elecciones, hizo reflotar, enteramente, una importantísima conclusión: que la política de una concentración de fuerzas tan grande como sea posible, vigente como fue durante el período de campaña y hasta el día de las elecciones, ahora, después del resultado y precisamente porque nos resultó adverso, mantiene una tremenda vigencia. Dicho de otra manera, la política de concentrar una fuerza popular y democrática tan grande como sea factible, está hoy más vigente que nunca en Colombia.

Por vigencia de una política entendemos aquella que reclama la situación en un momento dado, porque existen las condiciones para su realización y porque puede conducir a la victoria de la causa popular en curso. Sin embargo, que la política de concentrar una fuerza popular y democrática lo más grande posible esté hoy más vigente que nunca en Colombia, no significa que esta conclusión sea reconocida, sea comprendida, ni que se haya asimilado su necesidad. Este es el problema que tenemos hoy, acaso el principal, en las filas del conjunto del bando partidario del proceso de cambio, concerniente a los que atañen a la conciencia, la organización y la movilización de las fuerzas populares.

Como manifestación mayor de tal bache, hoy se constata que dista mucho de estar claro si la dirección del Pacto Histórico asimiló ya esta conclusión. No fue así durante el completo curso de la campaña presidencial. En especial, en la primera vuelta, se voceó un triunfalismo que, con excepción de las reiteradas alertas del presidente Petro, no parecía tomar en cuenta que la maquinaria yanqui-sionista, financiera, mediática, tecnológica, estaba en plena marcha, por demás acolitada por el sector más vendepatria de cuantos han sido en Colombia —el de la “patria milagro”—, al que a la postre se sumaron el resto de la extrema derecha y la derecha en su conjunto. Aquella coalición ultra reaccionaria, foránea y criolla, ameritaba la reflexión de que, para contrarrestarla y derrotarla, no bastaría la sola fuerza del Pacto Histórico, ni siquiera la de todo el conjunto unido de la izquierda (que por lo demás ni se buscó ni se concretó). Que en esta excepcional circunstancia, amén de un frente de toda la izquierda, resultaba indispensable un frente mucho más amplio que incorporara cuantos segmentos de las capas medias, del centro político, de la derecha civilista y del establecimiento fueran posibles. 

Tampoco se aclaró esta necesidad en la segunda vuelta. Siempre se concibió en la dirección de la campaña que todo el asunto se reducía a invitar a todo partidario del cambio y antiabelardista, a sumarse a la fuerza principal del proceso, la del Pacto. A lo sumo, cuando algunos personajes democráticos del liberalismo y otras vertientes progresistas, cuyo respaldo al Gobierno Petro era muy evidente, se acercaron desde antes de la primera vuelta para propiciar una consulta presidencial interpartidista –puesto que claramente expresaron que no lo harían como integrantes del Pacto–, se consintió en que así sería, bajo la denominación de Alianza o Frente por la Vida. Un paso adelante muy positivo. 

Para infortunio de la batalla que se libraba, que aquel acuerdo no pasaba de una venia formal a los preceptos democráticos lo reveló la ostensible displicencia de la dirección del Pacto a la iniciativa frentista. Para casi todos los medios progresistas y de izquierda era muy claro que de una consulta presidencial interpartidista de los candidatos partidarios del proceso de cambio, casi con toda seguridad saldría elegido Iván Cepeda. Debería haber sido también claro que una consulta de este tipo provee una muy poderosa palanca de difusión, quizá la principal según la experiencia vivida, de una campaña presidencial. Y, además, que de realizarse, habría provisto una inmejorable plataforma para el lanzamiento de una coalición muy amplia, más allá de la izquierda y del progresismo. Es cierto que la maniobra excluyente de la derecha al excluir al candidato del Pacto fue, en definitiva, lo que privó a la consulta del 8 de marzo del gran alcance que habría alcanzado con su presencia. Pero tan mayúsculo percance dista mucho de justificar el erróneo desinterés de la dirección de la campaña del Pacto en promover y aprovechar la Alianza por la vida en el rumbo necesitado. 

Visto el resultado de la primera vuelta, cuando procedía volcarse a explorar y buscar concretar, de ser posible, un acuerdo de alianza tanto con Sergio Fajardo como con Claudia López —a partir de la explícita base mínima de que ambos descartaron apoyar a De la Espriella—, y desde luego, con los otros aspirantes a la presidencia que habían hecho parte o apoyaban al Gobierno Petro, el Pacto Histórico apenas si les envió el condescendiente mensaje de que tenían la “puerta abierta”. El visible desgano y el retraso consiguiente en procura de alianzas que acrecentaran la fuerza, no contribuyeron a las tardías conversaciones cuando al fin se dieron. El significativo respaldo de Claudia López a Iván Cepeda obedeció más a la propia iniciativa de la alcaldesa de Bogotá que a las gestiones del Pacto. Ya consumado el aciago resultado de las presidenciales del 2026, candidato y dirección del mismo Pacto Histórico dieron la impresión de que seguían considerando varias de las posibles alianzas como “compromisos corruptos”. 

Una rectificación que resultó fugaz

Con posterioridad a las elecciones, el Pacto hizo conocer en el comunicado del 23 de junio de 2026, un llamamiento en el que invitaba a la conformación de un amplio frente. Decía la declaración[19]:

Convocamos al pueblo colombiano, a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientales, feministas, juveniles, culturales, académicas y a todas las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda a construir un gran Frente Amplio por la Vida, la Democracia, las Reformas Sociales, la Soberanía, la Paz y la Protección del Medio Ambiente.

Aquella magnífica convocatoria estaba seguida de un muy positivo anuncio[20]:

Convocaremos una Gran Convención Nacional del Frente Amplio por la Vida, la Democracia, las Reformas Sociales y la Protección del Medio Ambiente, como escenario de encuentro, deliberación y construcción colectiva entre las fuerzas sociales, políticas y democráticas del país, para defender las libertades democráticas, las conquistas sociales alcanzadas, la justicia ambiental y construir una agenda común para el futuro de Colombia.

Por un momento pareció que asomaba una saludable rectificación; sin embargo, más de un mes después, de nuevo varios sectores de izquierda —y tenemos noticia de que también varios otros de diversas orientaciones— nos quedamos esperando una convocatoria frentista. No hay visos hasta ahora de que el Pacto emprenda con resuelta decisión la tarea del frente, pese al mencionado comunicado, ni que éste haya sido algo más que un cortés saludo a la bandera. El Pacto Histórico ha estado ausente de los eventos adelantados actualmente en distintos puntos de la geografía nacional por la Alianza por la Vida, no obstante que su conformación fue acordada con el partido del expresidente que inauguró el proceso de cambio, y que este frente progresista y de izquierda se constituyó inspirado en el lema principal y la obra del Gobierno Petro. 
Alianza por la Vida, una acertada iniciativa frentista

Alianza por la Vida, integrado por destacadas personalidades políticas como Ernesto Samper, Clara López, Juan Fernando Cristo, Antonio Sanguino, así como por varios otros dirigentes de partidos de izquierda, ha realizado recientes seminarios políticos de sus movimientos y partidos integrantes en Medellín, y hace unas semanas una rueda de prensa y un conversatorio en Barranquilla, a lo cual estuvo invitado el presidente de la CUT, compañero Fabio Arias, con la presencia de líderes sociales y políticos de la izquierda del Atlántico. 

En su condición de frente, Alianza por la Vida, integrado por sectores liberales, de centro izquierda y de izquierda, está planteando que la pérdida del gobierno sufrida por el bando partidario del proceso de cambio, debe compensarse ampliando la considerable base popular que sirvió de apoyo al Gobierno Petro y pugnando por ensancharla mucho más, mediante la conformación de un amplísimo frente que integre la totalidad o la inmensa mayoría de las fuerzas democráticas y antifascistas del país. En el terreno de lo que toca hacer, respecto del bando que pugna por el cambio, esta es la iniciativa más importante del momento. 

Petro propone Frente por la Vida

El expresidente Gustavo Petro, luego de reunión sostenida con el también expresidente Ernesto Samper, anunció al país que trabajará precisamente en esa dirección. No cabe duda de que esta es la mejor noticia registrada hasta ahora en el esfuerzo por la conformación de un amplio frente democrático en Colombia, por cuanto el apoyo del expresidente del Gobierno del Cambio constituye una muy poderosa palanca hacia ese objetivo. Se espera, por supuesto, que con su presencia, el Pacto Histórico imprima un vuelco definitivo al inicio en marcha de la conformación del gran frente, la mayor concentración de fuerzas democráticas de que se tenga noticia en el país. 

Hay que unir todas las fuerzas que crean en la vida, y la democracia en el país. 

Propongo un gran frente por la Vida porque está en peligro la Vida y la Soberanía Nacional y las fuerzas más oscuras se Colombia y el mundo tratan de dominar a la sociedad colombiana pic.twitter.com/QDUQHFmTHo

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 18, 2026

El Pacto Histórico debe ser un movimiento amplio, con votaciones abiertas para elegir sus coordinaciones locales, regionales y nacionales.

El Pacto histórico debe convocar los movimientos sociales y regionales y políticas y personas para integrar la Alianza por la Vida que…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2026

Actuaciones del presidente del cambio con criterio de frente único, pero...

Durante su cuatrienio, el expresidente Petro planteó y tomó ciertas decisiones y puso en movimiento políticas que no contribuyeron propiamente a impulsar un frente amplio, como la de constituir un partido único, mas también llevó a cabo otras que materializaron, esas sí —verdaderos hitos en ese camino—, diáfanas políticas de una política de frente único. Como la de incluir a Armando Benedetti en su gabinete de gobierno y la de defender la presencia de Daniel Quintero en la Consulta presidencial del Pacto. Ambos, sin provenir de la izquierda sino del liberalismo, le prestaron valiosos servicios a la campaña y al Gobierno Petro, como al proceso de cambio, y pueden seguir haciéndolo. Pero mientras Petro mantuvo a Benedetti en su gobierno hasta su final, Quintero, como uno de los precandidatos de la consulta presidencial del Pacto, fue hostilizado hasta ser obligado a abandonarla. Como fuere, con inteligencia y pragmatismo, Petro procedió enteramente en estos casos con arreglo a una política de frente único. Así, Petro sostuvo su criterio sobre Benedetti, contra el parecer de la generalidad de sus funcionarios de gobierno —algunos de los cuales renunciaron a sus cargos a raíz de la mencionada decisión—, y luego de las presidenciales incorporó a Quintero a su Gobierno. 

Pero en contravía del orientador criterio, el grueso de la dirección del Pacto Histórico, rechazó trabajar con ellos y parece extraer la peregrina conclusión de que alianzas como estas fueron la fuente de las dificultades y tropiezos del Gobierno del avance y las transformaciones. En cambio, en la aurora de la revolución rusa, los Soviets, guiados por Lenin y Trotski, necesitados para su ejército revolucionario en formación de personal idóneo para los asuntos de la milicia y la guerra, acudieron a los servicios de quienes tenían tales conocimientos y experticia, los oficiales del antiguo ejército zarista. Es sabido que aquel experimento funcionó. En Colombia aún no hay aún una revolución sino un proceso de transformación progresista, ¿qué tuvieron de malo los acuerdos con políticos tradicionales duchos en los laberínticos e intrincados pasajes de la política colombiana, para que jugaran en ese terreno un papel eficaz al servicio del avance de las reformas de fondo, de la defensa del Gobierno del cambio? 

¿Partido único en reemplazo de un gran frente? 

En sentido contrario a este rumbo, el mismo presidente Petro, en pro de la decisión de convertir el frente que había sido el Pacto en partido único, arguyó en su momento que no había otra salida, dada la restricción constitucional que prohíbe la continuidad de una coalición que haya obtenido más del 15% de los votos válidos en una elección. Desde luego que el presidente tiene derecho como el que más, a fundar su propio partido y a invitar a integrarlo y a recibir a todos los que libremente así lo decidan. Lo controvertible, como veremos, está en proclamarlo “único”. De modo que esa decisión convirtió al Pacto legalmente en partido en virtud de una personería jurídica, aunque de hecho siguiera siendo un frente de distintos partidos y movimientos de izquierda y progresistas. Hasta ahí, todo bien. Un esguince para sortear la nada democrática, excluyente y regresiva camisa de fuerza plasmada en tres reformas regresivas a la actual constitución: el umbral, la cifra repartidora y la talanquera a las coaliciones o frentes para su continuidad si rebasan el 15% de los votos válidos. Reformas que materializaron un retroceso incluso frente a la conservadora y teocrática Constitución de 1886, que consagraba el cociente proporcional, el sistema electoral más democrático de la historia. 
La cuestión reside en que, además de eso, como muestra el desenvolvimiento posterior, de hecho, se quiso que el Pacto hiciera las veces de frente amplio al cual ingresara todo el universo democrático del país. Con lo cual, más que ofrecer una solución se habría configurado un problema. Puesto que aún respaldando plenamente el proceso de cambio y al Gobierno que lo inició, hay sectores, muchos sectores, que respaldan y respaldarán la batalla política por continuarlo y profundizarlo, pero a los que no les atrae o no prefieren ingresar al Pacto. ¿Se justifica acaso que a esos sectores se les estigmatice, se descargue sobre ellos “fuego amigo” como si fuesen activos del enemigo?, o ¿no es más acorde al sentido común entablar con ellos relaciones de buena vecindad, de colaboración y de alianza? De modo simple: esto último es lo que constituye una política de frente único. 
Un frente real es por definición un acuerdo entre partidos y organizaciones que expresan clases y sectores y capas de clase distintos con sus correspondientes intereses diferentes. Que aún persiguiendo el objetivo común de una república democrática que sirva al pueblo y al desarrollo nacional, como en el caso de Colombia, no enajenan sino que mantienen su identidad y autonomía ideológica y orgánica, y que sólo sobre esa base, en una muy amplia alianza, se coordinan para desplegar una gran acción política que potencie su fuerza conjunta y que torne alcanzables sus objetivos. 

Aspirar a reemplazar esta realidad multiclasista y pluripartidista con un partido único, se convierte, para quienes no opten libremente por esta última opción, en una camisa de fuerza. En un sometimiento a la idea y a la práctica de que un frente de izquierda, el Pacto —denominado “partido” por tener personería jurídica—, puede reemplazar al gran frente amplio que se necesita. Y así mismo, como corolario de tal política, que los partidos de izquierda que apoyamos el Gobierno Petro como partidarios del cambio, que optamos por contribuir a la conformación de este gran frente pero que creemos que eso puede hacerse también sin integrarse al Pacto, debemos ser hostilizados, satanizados, objeto de implacable ataque en sus redes y en la práctica política. Tal como ocurrió en las pasadas elecciones de Congreso y con respecto a la consulta presidencial adelantada entre candidatos de varios sectores políticos, todos defensores del proceso de cambio.

Una malograda consulta presidencial interpartidista

Debe recordarse que en noviembre del año pasado se acordó, entre el candidato del Pacto Histórico y otros precandidatos, la realización de una consulta presidencial conjunta para escoger así al que debía representar al conjunto del bando democrático en pro de un gobierno por la continuidad y profundización del proceso de cambio. La importante perspectiva, que habría permitido disponer a esta campaña de la poderosa herramienta de propaganda y difusión que es una consulta, y que habría sentado las bases iniciales para un amplio frente, se frustró por la jugada de las fuerzas de la derecha, implementada por el Consejo Nacional Electoral, con la decisión de este organismo de excluir de la misma al candidato del Pacto Histórico con el argumento de que no podía participar en dos consultas. Es claro que excluido de la consulta el candidato de la fuerza principal de las fuerzas democráticas, Iván Cepeda, esta quedaba sustancialmente disminuida en su votación y alcance. 

Era lógica entonces la propuesta de que, así desmantelada la consulta, se renunciara voluntariamente a esta por sus participantes y una vez resuelta esa situación se anunciara que el candidato del Pacto iría, en consecuencia, a la primera vuelta. Lo cual, como también resultaba muy lógico, requería una labor previa de persuasión y finalmente de negociación con los aspirantes presidenciales de la disminuida consulta. Proceder que habría correspondido a la voluntad de resolver mediante conversaciones e intercambios, diferencias superables entre integrantes del mismo bando partidario del cambio. 

En lugar de eso, se declaró de inmediato que Iván Cepeda iría a primera vuelta, y sin más, de modo tajante, y que la consulta tenía que cancelarse. Y acto seguido se desató una feroz campaña en las redes sociales contra los participantes en dicha consulta, como contra las listas de los agrupamientos frentistas que los respaldaban. En una palabra, en vez de ventilar el asunto como solucionable entre compañeros de lucha en el seno mismo del pueblo, se les empezó a tratar como adversarios o declarados enemigos. Lo que promisoriamente se prefiguraba en noviembre con la acordada consulta presidencial conjunta, como un paso en firme hacia la concentración mayor de fuerzas democráticas, un frente único, no sólo se malogró por la maniobra excluyente de la derecha, sino que por una estrecha idea de la necesaria unidad, se retrocedió hacia una disensión con ribetes de reyerta, propia de las peores épocas de la izquierda. 

En suma, con la decisión de copar todo el escenario de la lucha popular por el cambio, de sustituir la necesidad de una política de concentración de fuerzas expresada en una amplísima coalición, por un partido único denominado Pacto Histórico, la política de trabajar por la conformación de un gran frente único, se vio seriamente contrarrestada. Se le dio así pábulo y plena carta de ciudadanía en el Pacto, a la vieja y extrema dolencia universal hecha propia por el izquierdismo criollo: que las alianzas sólo son válidas con y entre sectores de izquierda. Las posteriores posiciones del presidente Petro sobre Benedetti y Quintero, en la dirección de una genuina política de frente único, acertadas y orientadoras como son, no lograron enderezar el rumbo. Al punto que, una vez planteada a fines de febrero de este año por la campaña del candidato del Pacto la no realización de la consulta presidencial a sus participantes y manifiesta su hostil actitud ante los mismos, el presidente Petro, a su retorno de Washington del difícil trance de enfrentar la conocida amenaza de Trump, refrendó la problemática decisión.

En la raíz de todo parece estar instalada en la dirección del Pacto la idea de que para continuar y profundizar el proceso de cambio basta su fuerza, que se autopercibe completamente suficiente, incluso ahora, luego de haberse perdido el gobierno, habida cuenta de la opresiva y amenazante realidad del gobierno De la Espriella, también para defender las reformas y medidas del Gobierno Petro y ocupar todos los lugares de comando en esta lucha. Sin duda que la aglutinada por el Pacto es la fuerza principal del país, y su concurso resulta imprescindible en la tarea de concentrar la totalidad o la abrumadora mayoría de la fuerza del pueblo colombiano y demás fuerzas de la nación que pueden contribuir al progreso sostenido de Colombia. 
Se requiere más todavía que la fuerza mayoritaria

Mas no es cierto que esta fuerza, con toda su indiscutible importancia, sea suficiente para afrontar y superar los enormes retos del momento. En el bando dirigido por el enemigo hay millones de colombianos, que no pertenecen a la oligarquía granburguesa y terrateniente, las clases dominantes y sus agentes, sino al pueblo y las capas medias, embaucados y desorientados por la propaganda y la ideología más retrógradas, contrarias a sus propios intereses. Están en esas filas cautivos ideológica y políticamente de la minoría gansteril, de corte fascista, que hoy comanda las fuerzas de la opresión y el atraso. Como gran parte de los italianos y alemanes con Mussolini y Hitler en los 1920 y los 1930; como una porción considerable de los norteamericanos con Trump desde hace una década. Es preciso ganar para la causa del cambio y el progreso, al grueso de esos colombianos. Sin eso difícilmente podrá completarse la magnitud de fuerza mayoritaria que resulte aplastante o abrumadora sobre la de la plutocracia adversaria del cambio. Aún con el gran avance logrado por el liderazgo de Petro y la rebelión social de considerable parte del pueblo, todavía estamos, respecto a la totalidad del país en materia del balance de fuerzas, casi mitad y mitad; fue la ligera ventaja con que contamos en 2022, lo que posibilitó la elección de Petro presidente y el inicio del proceso de cambio. 

Concentrar la fuerza en un solo gran puño del pueblo para adelantar la resistencia civil

Amén de lo dicho, concentrar la fuerza suficiente también implica ganar para la causa de la nueva Colombia al centro político, expresión de fracciones de las capas medias, a sectores empresariales vinculados a la producción nacional y dispuestos a defenderla, y a segmentos del establecimiento que respalden en algún grado las reformas progresivas o que se avengan a entablar negociaciones para abrirles camino. Esta gran juntura o amplísima alianza entre los heterogéneos sectores progresivos que integran la nacionalidad colombiana, es la que puede configurar la fuerza necesaria para una poderosa resistencia civil capaz de hacer frente y derrotar la tiranía abelardista impuesta a Colombia. 

Y el medio para aglutinarla, organizarla y ponerla en movimiento es lo que en términos clásicos de la izquierda llamamos una política de frente único y, en los más recientes de latinoamérica, de frente amplio. 

Ningún partido, ninguna clase social, ninguna fuerza política, por sí solos, por extendida que sea su influencia y grande su fuerza, podrá adelantar y llevar a término las históricas tareas de emancipar a Colombia, impulsar el progreso del país, contribuir a los comunes objetivos actuales a la especie humana, y elevar el nivel general de vida de nuestra población. Mientras se mantengan las condiciones que hoy afligen a la nación, siempre será necesario el concurso de las otras clases y capas sociales cuyos intereses confluyen hacia tales tareas, para concentrar y poner en movimiento la magnitud de la fuerza indispensable para superarlas y llevar a cabo las sustanciales transformaciones del país.