Educación superior en disputa: avances, crisis y el camino de las constituyentes universitarias

El proceso de reforma al sistema de educación superior en Colombia ha estado marcado por tensiones, contradicciones y movilización social. Las organizaciones estudiantiles, junto a sectores de la academia, movimientos sociales y territoriales, impulsaron un debate nacional convocado por el Ministerio de Educación, que en principio no buscaba una simple reforma, sino la construcción de una nueva ley de educación superior.  
En el segundo semestre del 2024, paralelo a este proceso, avanzaba en el Congreso un proyecto de ley estatutaria que pretendía garantizar la gratuidad universal de la matrícula universitaria como un derecho fundamental. Sin embargo, en el Senado de la República, y bajo la presión de mostrar resultados rápidos, el gobierno terminó cediendo ante las pretensiones del Centro Democrático. El resultado fue un proyecto desdibujado, convertido en un verdadero “Frankenstein” legislativo, que perdió el respaldo de las bases sociales y del movimiento estudiantil.

Aquella iniciativa que inicialmente generó expectativas pasó a convertirse en un objetivo a derrotar, algo que finalmente se logró gracias a la presión de la movilización social. Como consecuencia, el proyecto de una nueva ley de educación superior, construida con la participación de toda la comunidad académica y civil, quedó en el limbo.  
En este contexto surge la llamada micro reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, aprobada como la última carta del gobierno para mostrar avances en educación superior. Si bien esta reforma no logra saldar la deuda histórica ni resolver el desfinanciamiento estructural de la educación pública, sí representa un paso importante: a partir de ahora, el presupuesto de las universidades públicas ya no se ajustará con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino con el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES). Además, está incluido dentro del esquema de financiamiento a los (ITTU) Institutos Técnicos y Tecnológicos Universitarios públicos, una demanda histórica del sector.

No obstante, los problemas de la educación superior no se limitan al financiamiento. El sistema atraviesa una profunda crisis de gobernanza y gobernabilidad que afecta directamente la vida académica y democrática de las universidades. El caso de la Universidad Nacional de Colombia es un ejemplo claro: la disputa por la rectoría llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que destituyó al rector Leopoldo Munera en segunda instancia, pese a que este había obtenido la legitimidad de la mayoría de los estamentos universitarios. Todo esto ocurrió luego de un acto ampliamente cuestionado del Consejo Superior Universitario (CSU), que desconoció la voluntad mayoritaria y eligió al candidato con menor respaldo Ismael Peña, utilizando mecanismos y maniobras que dejaron en evidencia el carácter antidemocrático del proceso.

La respuesta de la comunidad universitaria no se hizo esperar. Cansados de que sus decisiones fueran ignoradas, estudiantes, docentes y trabajadores convocaron a un paro general exigiendo el respeto a la voluntad democrática. A esta situación se sumó lo ocurrido en la Universidad del Atlántico, donde la disputa por la rectoría, las denuncias de injerencia política, la intervención de la Procuraduría y del Ministerio de Educación, y los escándalos por certificaciones falsas, muestran una realidad que se repite en muchas universidades públicas del país.

Esta es la radiografía del sistema: universidades cooptadas por mafias corruptas y redes clientelares ligadas a las castas políticas regionales, lo que se traduce en el secuestro de la autonomía universitaria y del futuro de la academia. Frente a este panorama, surgen preguntas inevitables: ¿dónde queda la autonomía universitaria si las decisiones internas son intervenidas o anuladas desde fuera? ¿Dónde está la conciencia crítica del estudiantado? Y, sobre todo, ¿dónde está la democracia universitaria cuando la voluntad de la comunidad es pisoteada por pequeños grupos de poder?

Desde la Juventud Patriótica JUPA, tras analizar las crisis, los retrocesos y los pequeños avances del sistema de educación superior, consideramos fundamental reactivar la organización estudiantil desde las bases. Proponemos la realización de asambleas escalonadas en cada universidad, con el objetivo de llegar a asambleas multiestamentarias que permitan discutir colectivamente el rumbo de nuestras instituciones.

Estas asambleas deben tener dos propósitos centrales. El primero, preparar a la comunidad universitaria para ejercer control y orientación sobre el nuevo modelo de financiamiento que empezará a implementarse a partir del 2027, evitando que los recursos sean capturados por las mismas lógicas mafiosas y clientelares de siempre. El segundo, abrir un debate profundo sobre la autonomía y la democracia universitaria dentro de cada institución.  
De este proceso debe surgir la construcción de CONSTITUYENTES UNIVERSITARIAS, entendidas como espacios amplios, democráticos y participativos para redefinir el modelo de universidad que necesita el país. Mientras no exista una correlación de fuerzas en el Congreso que permita una reforma estructural del sistema y la construcción de una nueva ley de educación superior, las constituyentes universitarias se presentan como el camino para defender la academia pública y fortalecer su vínculo con los territorios.

Hoy ya existe un referente claro de este proceso: la constituyente universitaria de la Universidad Nacional de Colombia. A pesar de los ataques y campañas de desprestigio, este proceso sigue en marcha y se consolida como un faro para el movimiento universitario del país. En lugar de aislarlo, es el momento de arroparlo, fortalecerlo y replicarlo, pues desde allí se están trazando las rutas de la universidad democrática que necesitamos y hacia la cual debemos marchar.