El presupuesto de 2027: narrativa engañosa como cortina de humo de un proyecto desmesurado y retrógrado

La presentación del presupuesto por el gobierno ante el legislativo es un ejercicio anual que permite el análisis concreto de la distribución proyectada de los recursos públicos, las fuentes de los mismos y la importancia relativa en materia de recursos de los distintos rubros de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. Su composición refleja las prioridades de las políticas públicas que adelanta cada gobierno. La fundamentación del presupuesto guarda relación principal con el estado real de la economía y la proyección de su evolución, así como su impacto sobre el equilibrio fiscal y el cumplimiento de las metas establecidas por la política económica y social del respectivo gobierno.

Por eso resulta insólito que el actual presidente haya pretendido en su discurso alusivo al presupuesto de 2027 reducir su defensa a un juicio sectario a la política económica del anterior gobierno a partir de afirmaciones falsas y cifras manipuladas. Incluyendo acusaciones categóricas sobre conductas que tocan el campo de lo penal, como la de que $10 billones de recursos comprometidos “en una semana” por el pasado gobierno iban “al robo masivo del tesoro público”, afirmación que presentada sin prueba alguna se convierte en una calumnia.

Repitió de esa forma lo ocurrido con el empalme entre el gobierno saliente y el entrante: un proceso administrativo, legalmente establecido, que el entonces presidente electo se propuso convertir en escenario de un juicio político y montar un espectáculo, promocionado con el nombre de “empalme anticorrupción”.  La maniobra publicitaria fracasó, pero el resultado neto fue que impidió la ejecución del empalme, con perjuicio para la nueva administración y para el país.

Estos hechos forman parte de una práctica que se viene observando como conducta habitual de este gobierno. Consiste en que como justificación de sus acciones adopta una extensión de la retórica de su campaña electoral por encima de una sustentación fundamentada que permita una evaluación racional e informada de las mismas. Así, al referirse a la supuesta “verdad que la izquierda radical y corrupta les escondió durante cuatro años”, empieza por la falsedad propagada sistemáticamente por los comentaristas neoliberales de que el gobierno anterior gastó mucho más de lo que el país podía pagar y acudió irresponsablemente al endeudamiento.

Las dos afirmaciones son inexactas. La primera, porque Colombia presenta uno de los niveles más modestos de esfuerzo fiscal en la región como proporción del Producto Interno Bruto, PIB, por debajo del índice promedio latinoamericano -de por sí muy bajo- y la única razón para que no tengamos un mayor equilibrio fiscal es la negativa rotunda de las élites económicas, mediante los partidos que representan sus intereses en el Congreso, a mejorar su contribución tributaria. Con mayor razón dado que en nuestro país la carga tributaria ostenta una participación sustancial de los impuestos indirectos como el IVA que no gravan la riqueza sino el consumo de los hogares y son socialmente regresivos porque ahondan la desigualdad.

Dicha negativa a la contribución tributaria más equitativa –para lo cual hay capacidad suficiente como lo indica la evasión fiscal calculada en más de $100 billones anuales- se manifestó en particular en los últimos cuatro años en el bloqueo intransigente a los proyectos legislativos que contribuirían a equilibrar las finanzas públicas con base en nuevos impuestos a las altas rentas financieras, incluyendo los que gravaban actividades del todo improductivas como los juegos de azar. Pero, además, por el contrario a la narrativa sobre el gasto desmedido del pasado gobierno, según estudios económicos internacionales serios como los del Center for Economic and Policy Research, CEPR, “en contraste con la narrativa de un gasto irresponsable por parte de Petro, el gasto del gobierno central se mantuvo razonablemente estable durante su administración, entre el 21,9 y el 22,6 por ciento del PIB en sus tres años calendario completo”.

Mientras tanto, en otra muestra de total incoherencia, el actual presidente olvidó mencionar en su discurso que, en lugar de la austeridad prometida en el gasto público, su gobierno ha presentado para 2027 un megapresupuesto de $634,9 billones, más alto en $59,3 billones que el presentado por el gobierno anterior para el mismo período. Por supuesto que ese sí es un hecho verídico al hablar del incremento del gasto público, no una especulación política.

La afirmación sobre el nivel de endeudamiento es igualmente inexacta: como proporción del gasto presupuestado -que es un indicador económico objetivo- el servicio de la deuda bajó de 22,6% en 2016 a 18% en 2026. En cambio, el proyecto presupuestal presentado por el presente gobierno sí se recuesta en un mayor endeudamiento sustancial, superior en $37,4 billones al que presentó el gobierno anterior, con lo cual la crítica que hace en este tema debería asumirla más bien como autocrítica. Y ese sobrendeudamiento es el resultado de su decisión política de no ajustar las cargas fiscales mediante una reforma tributaria progresiva como la propuesta por el pasado gobierno, que representaría nuevos ingresos fiscales por valor de alrededor de $30 billones, minimizando el déficit fiscal y sin afectar a la mayoría de las y los colombianos.

De hecho, la bancada del Pacto Histórico radicó el 23 de septiembre pasado una propuesta alternativa del presupuesto de 2027 por valor $598,6 billones, $36 billones menor que el del gobierno actual, acompañado de un proyecto tributario de financiamiento por $32 billones. Esta propuesta presupuestal incorpora un monto de $20 billones para la reconstrucción de la infraestructura destruida por el reciente terremoto, lo mismo que $1 billón adicional para la Educación Superior y $8,77 billones para subsidios públicos de vivienda urbana de interés social.

A tal punto llega la argumentación sofista de presidente De la Espriella en su discurso que, en su afán de dramatizar su propio endeudamiento proyectado, pero inculpando a la administración anterior, toma erróneamente el rubro de “recursos de capital” de su proyecto presupuestal como equivalente a endeudamiento, al afirmar que este último representaría 44% del presupuesto cuando en realidad es el 37,5%, como señala un análisis del discurso de la revista Cambio.

Al mismo tiempo, toda esta campaña oficial de pánico económico ha servido además para despertar el afán neoliberal de reanudar las privatizaciones. Por eso Mauricio Cárdenas, exministro protagonista de la venta de la estratégica generadora eléctrica Isagen, que favoreció la formación del actual oligopolio privado de la generación de energía -fuente de los abusos en las tarifas eléctricas- aparece ahora con la propuesta de privatizar la estratégica empresa estatal de transmisión eléctrica ISA y evaporar también, en forma de un prepago de la deuda pública, el ingreso por la subasta de este importante activo estatal. De la misma manera a como se esfumaron en el gobierno de Santos los ingresos por la venta de la estatal Isagen en los onerosos contratos con los constructores de las autopistas 4G, incluyendo el del conocido escándalo de corrupción de Odebrecht.

Es pertinente observar, por otra parte, como lo hizo el expresidente Petro en su réplica institucional del pasado 15 de septiembre, que el discurso aludido del nuevo mandatario pasa por alto completamente que el gobierno anterior heredó del gobierno de Duque un déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, FEPC, de $38 billones, ocasionado por su derroche en subsidios injustificados a la gasolina y el ACPM, así como la deuda de un préstamo de emergencia de corto plazo con el FMI por cerca de USD 5.000 millones. Obligaciones contraídas por la administración Duque que tuvo que cancelar el gobierno siguiente con cargo al presupuesto nacional y cuyo pago se incorporó al gasto público. Sin hablar de que la mayor parte de la deuda tomada por el gobierno del Cambio fue en realidad refinanciación relacionada con distintos créditos adquiridos por los gobiernos de Santos y de Duque.

Como era de esperar dentro de esta treta de defensa de su cuestionable presupuesto, basada en acusaciones gratuitas, no faltó en el discurso presidencial el negacionismo que profesa todo el establecimiento neoliberal sobre la indiscutible recuperación de la economía nacional durante el último cuatrienio. De modo que alcanzar un crecimiento de 2,6% del PIB -que se compara favorablemente con el de muchos países con desempeño económico positivo y está diametralmente lejos de una recesión- para el nuevo gobierno no le merece sino la descalificación lapidaria pero contraevidente de que “ninguna crisis ni recesión del pasado se compara con el desastre económico que Gustavo Petro y su gente ocasionaron”. Y por todo argumento supuestamente demostrativo de ello acude al dogma neoliberal de que se trata de un crecimiento impulsado por el gasto público (espurio y no legítimo, según esa doctrina), ya que la inversión privada permanece estancada.

No obstante, al igual que los gremios empresariales opuestos al progresismo, respecto a esto último omite vincular dicho estancamiento con las desproporcionadas tasas de interés que mantiene el Banco de la República y cuyo costo no solo está generando un marcado desestimulo a nuevas inversiones privadas, sino está propiciando la llamada enfermedad holandesa -amenaza que algunos hemos venido advirtiendo- por impulsar la revaluación excesiva del peso.  De hecho, ya algunos gremios de exportadores resentidos por el bajo precio del dólar empiezan a pedir una intervención del gobierno. Y la competencia desigual con las importaciones baratas golpea inclementemente a muchos productores nacionales. Aun así, ninguno de ellos se atreve a señalar abiertamente a la política monetaria del Emisor como parte esencial del problema ya que parecen profesar un respeto reverencial por la ortodoxia monetarista. Pero es en realidad esta política del Emisor la que con sus tasas de interés injustificadamente altas atrae los flujos internacionales de capitales especulativos, provocando la apreciación de la moneda.

Por otro lado, al descalificar sin razones válidas la inversión y el gasto público, el nuevo gobierno se limita a recitar el desacreditado dogma antikeynesiano que proscribe como inaceptable la intervención estatal y el activismo fiscal como instrumento decisivo para impulsar el crecimiento económico, el empleo y la redistribución del ingreso. Función esta que llena los vacíos que deja el comportamiento caprichoso y concentrador de la riqueza de los mercados y de la inversión privada, según la evidencia histórica.
Ahora bien, si en los ataques del nuevo gobierno se pone en tela de juicio el crecimiento real de la economía debido al relevo en los motores que jalonan el mismo (con más participación de los servicios sociales, el comercio, la agricultura y la manufactura que del extractivismo minero energético del pasado), mucho menos se reconocen los avances sociales sin precedentes logrados por las políticas públicas aplicadas por el gobierno anterior: disminución de la pobreza monetaria de 36,6% a 28% y de la pobreza monetaria extrema de 13,8% a 9,6%, caída del desempleo de 10,6% a 8% y de la informalidad laboral de 58,1% a 54,7%, aumento del salario real, cuya participación en el PIB subió de 29,2% a 33,1% -apalancado por un incremento sustancial del salario mínimo de $1 millón a $1,75 millones-, disminución de la inflación de alimentos de 27,8% a 6,2% y de la inflación general de $13,1% a 6,2%, además de la reducción del déficit de balanza de pagos de -USD 22.219 a -USD 10.931 y otras cifras económicas sobresalientes. El desconocimiento flagrante de esa realidad indica que para este gobierno el desarrollo nacional y las condiciones de vida de la mayoría de los colombianos son por completo irrelevantes.

Al hacer un balance somero de las cifras reales confrontándolas con las numerosas acusaciones infundadas de la citada alocución, no deja de sorprender la indulgencia con que la mayoría de los comentaristas habituales de los medios, tan críticos con el anterior gobierno, asumieron los rasgos claramente demagógicos del discurso presidencial sin acordarse del término “polarización”, tan reiterativo antes. Y sin aplicarle, esta vez con razones bastante más válidas, los juicios peyorativos de populismo y manipulación con engaños.

El debate posterior comprueba que, al igual que las afirmaciones hechas en esta alocución y en toda la retórica de campaña de Abelardo de la Espriella y su gente, el llamado “presupuesto de la verdad” se basa realmente en varias mentiras y contradicciones: habla de corregir el supuesto exceso de gasto público actual, pero propugna un incremento de más de 14% del mismo en 2027; acusa al gobierno anterior de haber sobre endeudado al país y de entregarle un endeudamiento “insostenible” (57% del PIB, 3% menos que el de 2020), pero se propone financiar el presupuesto del año entrante con un incremento sustancial de la deuda y del pago de la misma, con lo que contribuirá a elevar el déficit fiscal a cerca del 9,5% del PIB; critica el estancamiento en los recaudos tributarios, pero se propone socavarlos eliminando los gravámenes progresivos a los altos patrimonios; anuncia un recorte inverosímil de 40% al gasto de funcionamiento del Estado, pero incrementa ese mismo gasto de ministerios como Hacienda, Minas y Defensa mientras recorta drásticamente el de Salud, Educación y Ambiente. Y en casos como la JEP, mutila del todo el presupuesto de inversión.

A punto de vencerse el plazo para la aprobación del presupuesto en el Congreso, el pasado 20 de octubre el Gobierno promovió su aprobación exprés, sin debates y en jornada nocturna. Pero resultó inútil el esfuerzo del Mininterior de repartir gabelas entre las bancadas de la derecha para lograr una mayoría aplastante, ya que, en su afán de “pupitrearlo”, sus defensores incurrieron en un error de procedimiento que permitió al Pacto Histórico frenar su aprobación legislativa. En consecuencia, el gobierno De la Espriella se vio obligado a aprobarlo por decreto y se malograron los ajustes finales - resultado de acuerdos políticos con sus aliados- que pretendió hacerle a la propuesta original.

De todas formas, el resultado neto es deplorable para el país y refleja la ideología neoliberal que inspira su manejo de las finanzas públicas. Como observa el analista económico Jorge Coronel (x.com/coroneljecl/status), este presupuesto “reduce la inversión social y el gasto que financia derechos”, y “se fundamenta en deuda… un negocio financiero innecesario”. Por tanto, no tardarán en subir los índices de pobreza, desigualdad social y desempleo a los vergonzosos niveles anteriores, mientras se disparan las rentas financieras que generan la concentración de la riqueza. Y el crecimiento económico retrocederá al mismo tiempo con el debilitamiento fiscal del Estado.

Referencias

Becerra, Laura Lucía y Johnatan Beltrán. De la Espriella defiende el presupuesto de 2027 entre verdades, falsedades e imprecisiones. Revista Cambio, septiembre 15 de 2026.

Beeton, Dan. Más allá de los titulares: lo que realmente revelan las cifras de la deuda pública en Colombia. Center for Economic and Policy Research, CEPR, agosto 11 de 2026.

Cancino, Arturo. El Banco de la República empuja la economía hacia la enfermedad holandesa. Revista Encuentros No. 54, marzo de 2026.

Morales, Nazly Carolina. Vender ISA para bajar la deuda: la propuesta de Mauricio Cárdenas frente al hueco fiscal que dejó Petro. Portafolio, septiembre 14 de 2026.

Murillo, Juan Martín. En réplica, Petro responde a De la Espriella por las cifras fiscales y cuestiona el presupuesto de$635 billones. Portafolio, septiembre 15 de 2026.

Ramírez, María Camila. Caída del dólar amenaza la rentabilidad del banano de exportación: esto pide el sector. El Espectador, septiembre 19 de 2026.

Trujillo, Juliana. Bancada del Pacto Histórico radicó propuesta alternativa al Presupuesto por $598,6 billones. La República, septiembre 23 de 2026.

Coronell, Daniel. El vicio de trámite que tumba la Ley de Presupuesto: habla la senadora Esmeralda Hernández. Caracol radio, octubre 21 de 2026.