El exsenador por el PTC, Yezid García Abello, denuncia la ponencia mayoritaria sobre la reforma laboral presentada en la Comisión Cuarta del Senado como un grave retroceso para los derechos de los trabajadores en Colombia. Critica el uso de un “acuerdo de confidencialidad” entre senadores, calificándolo de inaceptable en un proceso legislativo que debería ser público. Según lo filtrado, la reforma excluye a trabajadores de pequeñas y medianas empresas de beneficios como recargos nocturnos y dominicales, vulnerando el principio de igualdad salarial. Además, elimina derechos sindicales, mantiene contratos precarios y reduce beneficios como la licencia de paternidad. García acusa a la ultraderecha de buscar deslegitimar la Consulta Popular impulsada por el gobierno de Petro y respalda el llamado de las centrales obreras a un Paro Nacional el 28 y 29 de mayo. Concluye que solo la movilización social puede frenar esta reforma regresiva y garantizar el avance hacia una legislación laboral más justa y democrática.

Alberto Herrera denuncia las maniobras parlamentarias que hundieron la consulta popular sobre la reforma laboral en Colombia. La decisión del Senado, marcada por tácticas fraudulentas como la alteración del orden del día, presiones indebidas y votaciones manipuladas, generó indignación y protestas masivas. Frente a este escenario, el presidente Petro propuso una nueva consulta popular con 16 preguntas —doce originales y cuatro nuevas sobre salud—, y el impulso de cabildos abiertos para fomentar el debate ciudadano. Paralelamente, las organizaciones sociales convocaron un paro nacional para el 28 y 29 de mayo en defensa de la reforma. Los cabildos se están desarrollando en todo el país, destacándose el de Barranquilla con la presencia del presidente Petro y diversos sectores populares. La lucha se intensifica entre un pueblo movilizado que exige derechos y una élite política que, según el autor, busca conservar privilegios mediante engaños, marcando un nuevo periodo de confrontación social en Colombia.

Se convoca a fortalecer la estrategia de comunicación con campañas gráficas, difusión en medios alternativos y acciones de denuncia contra los responsables de bloquear la consulta popular. El Partido del Trabajo de Colombia, se une a esta convocatoria y hace pública su participación en todos y cada uno de los eventos y actividades programadas por la Asamblea.

El texto de Consuelo Ahumada analiza la profunda polarización política en Colombia tras el hundimiento de la consulta popular sobre la reforma laboral, inicialmente propuesta tras el fracaso del proyecto en el Congreso. Esta reforma, construida con participación de sindicatos y organismos internacionales, busca mejorar las condiciones laborales de más de 22 millones de trabajadores, formalizar el empleo y garantizar derechos laborales. La oposición, sin voluntad de negociar, revivió la reforma solo como maniobra dilatoria. Ante esto, el gobierno impulsó una nueva consulta popular con 16 preguntas y convocó cabildos abiertos en todo el país. La Cumbre Social, Política y Popular respondió con un plan de movilización, incluyendo un paro nacional de 48 horas. La autora subraya el cinismo de la oposición, apoyada por sectores económicos y mediáticos, que pretende frenar el proceso de cambio. El conflicto actual refleja la lucha entre un gobierno reformista y una élite decidida a mantener sus privilegios.

En su texto, Amézquita analiza el sabotaje sistemático del Congreso y la Corte Constitucional contra las reformas sociales del gobierno Petro, en especial la laboral. Ante este bloqueo institucional, el presidente propone una consulta popular impulsada por cabildos para retomar los temas clave de las reformas laboral y de salud. Mientras crece el descontento popular, sectores empresariales y políticos intentan desmovilizar la protesta con una reforma laboral “de consenso” que en realidad favorece a los intereses de la élite. Esta propuesta excluye a la mayoría de los trabajadores —más del 76%— y aplaza su implementación hasta 2027. Además, se promueve como solución económica por medios afines al empresariado. El autor critica esta maniobra, que considera oportunista, y denuncia que la informalidad laboral no se debe a altos costos laborales sino a la estructura económica del país. Concluye que la consulta popular es la única vía actual para mejorar las condiciones laborales y desenmascarar la reforma alternativa.

El artículo analiza la propuesta de reforma laboral del gobierno Petro y la convocatoria a una consulta popular tras el bloqueo legislativo impuesto por sectores opositores en el Congreso. Cancino y Mendoza refutan los argumentos neoliberales que asocian mayores derechos laborales con desempleo, mostrando evidencia de que mejorar condiciones de trabajo estimula el consumo y el crecimiento económico. Se detallan los beneficios de la reforma, como la estabilidad laboral, inclusión social, formalización del empleo y protección a trabajadores vulnerables. Además, se incorporan nuevas preguntas sobre la reforma a la salud, destacando la necesidad de eliminar la intermediación financiera de las EPS y fortalecer la atención primaria. El artículo critica a la oposición por recurrir a maniobras antidemocráticas para frenar el debate, y defiende la consulta popular como vía legítima para que la ciudadanía decida sobre cambios estructurales en el país. Se hace un llamado a la movilización y participación para respaldar la transformación social propuesta.

La participación de las mujeres ha imprimido una vitalidad irreemplazable a los cabildos, con ellas la lucha por las reformas se fortalece. 

En reciente edición de la Revista Cambio la columnista Ana Bejarano conversó con el director de la comunidad judía en Colombia, Marco Peckel. Edwin Palma, ministro de Minas y energía, en carta a la columnista responde a las críticas hechas en la conversación dirigidas al presidente Gustavo Petro por su postura frente al conflicto en Gaza, defendiendo su denuncia del genocidio palestino como un deber moral y no como antisemitismo. Rechaza la confusión entre identidad religiosa y posición política, señalando que esta solo protege a los perpetradores. Critica la hipocresía de sectores colombianos que ignoraron las denuncias cuando provenían del Sur Global, pero las validan al ser repetidas por potencias occidentales. Palma condena el uso simbólico del sufrimiento palestino en contextos de vanagloria política, subrayando la necesidad de coherencia ética en momentos de horror. Reivindica el papel del gobierno colombiano al denunciar el genocidio ante organismos internacionales y destaca que muchas voces judías también se oponen a los crímenes en Gaza. Reitera su rechazo al antisemitismo y concluye con un llamado a combatir el fascismo y a estar del lado correcto de la historia.