La universidad no es mercancía es autonomía

Profesor de la Universidad Distrital, Edgar Ortiz, nos muestra, con cifras y datos contundentes, la actual situación de desmedro de la educación superior por parte de los gobiernos de la élite dominante, analiza también la dimensión del actual movimiento estudiantil con su portentoso estallido del 10 de octubre, la dimensión de sus peticiones y el papel del rectores, profesorado y estudiantes por la defensa de la educación superior.  

Por Édgar Ortiz Mora

Docente e investigador de la Universidad Distrital

Desde el neoliberalismo, las políticas públicas consideran a la educación como un instrumento de formación de capital humano para el mercado de trabajo, y con el argumento de que ha cambiado por el avance de las tecnologías de la comunicación e información, el conocimiento ha pasado a jugar un rol determinante en la producción de la riqueza, por tanto, las inversiones en educación posibilitan ganancias importantes de productividad y el gasto en educación es un “capital” que depende de los cambios en el mundo del trabajo. Hoy día el trabajador tiene que estar en un proceso de adaptación permanente al mercado de trabajo, y al estudiante se le obliga a responder a la permanente y cambiante demanda laboral e impone en la política pública educativa, reformas curriculares, mecanismos de evaluación y establecimiento de prácticas docentes, que subordinan el proceso educativo al rendimiento económico de manera que el sentido que muchas veces cobra el término calidad educativa, con su paquete de logros mensurables, expectativas de aprendizajes y pruebas estandarizadas, presupone una concepción de escuela “fábrica” y de estudiante “producto” cercana a la concepción de calidad total promovida por la lógica empresarial.

El ajuste presentado a la educación, no contempla recursos concretos dirigidos a la base presupuestal de las universidades, su destinación cubre el Programa de Alimentación Escolar PAE ($500 mil millones), Créditos-beca Icetex ($750 mil millones), Calidad educativa en básica y media ($226,1 mil millones), Infraestructura educativa ($ 275,3 mil millones) y $245,3 mil millones para otros programas. Según el Sistema Universitario Estatal-SUE-, el ajuste general contemplado para el Ministerio de Educación, solo se acerca al IPC proyectado para 2018, pues sin los recursos establecidos por la Reforma Tributaria de 2016 (Impuesto a la renta y complementarios y 40 por ciento de medio punto de IVA Social), el presupuesto para las universidades públicas pasaría de $3.235,4 a $3.328,5 billones, con un crecimiento de 2,87%, inferior en 0,43 % al IPC, con algo más crítico, en 1993 la nación aportaba $1,72 billones para 159.218 estudiantes de pregrado en 2016 aportó y pasa a $2,93 billones para 611.800 estudiantes, la división del aporte frente a la cantidad de estudiantes, arroja $10.825.890 entregados en 1992 por cada estudiante, contra solo $4.785.338 en 2016.

Es necesario destacar que el 50% de las universidades estatales cuentan con Acreditación Institucional de Alta Calidad, el crecimiento de la matrícula en Educación Superior pública entre 2014 a 2018, pasó de 1.142.084 a 1.241.790 estudiantes, un total de 99.707 nuevos cupos, la evolución y crecimiento de las universidades públicas es notable, en 2004 recibían 365.085 estudiantes en 1078 programas de pregrado y hoy reciben 576.393 en 1445 programas (63,34% en estudiantes). De 320 maestrías y 45 doctorados en 2004, hoy hay 795 programas de maestrías y 205 doctorados, un crecimiento que supera el 355%, de 834 grupos de investigación que las universidades públicas tenían en 2004, han pasado a 2555 y de 280 estudiantes colombianos al exterior en el año 2004, hoy se acerca a 5000 y se reciben cerca de 2500 estudiantes extranjeros.

A este panorama se añade el Programa Ser Pilo Paga PSPP que descartó de entrada a las IES públicas, diseñado en instituciones no oficiales se estructuró con una ostensible ventaja para la recepción de los recursos por parte de las universidades privadas, la mayor parte de los recursos del programa se concentró en cinco IES privadas y no fue una beca, sino un crédito redimible al término de los estudios y al acabarlo el gobierno no ofrece con claridad y los mismos estudiantes del programa no conocen a ciencia cierta sus obligaciones y compromisos al respecto y cuando se aumenten los deudores del Estado otro escándalo estallará cuando empiecen a cobrarles.

La mayoría de los 40.000 beneficiados del programa, muy seguramente, no retornarán a sus regiones y lo más probable es que permanezcan en las ciudades donde estudiaron, que prosigan allí estudios de postgrado y consigan trabajo y familia. Por lo tanto, el programa no tendrá un efecto multiplicador en las regiones ni tampoco consolidó el derecho a la educación ya que solo benefició a 10.000 estudiantes por año, menos del 2 por ciento de los egresados anualmente de la educación media, que en la actualidad son más de 540.000. Lo más grave es que, para el 2018, no se asignará cifra alguna para las IES públicas por este concepto y como pregonan los estudiantes en su protesta “el problema es que ser pilo no paga, si lo público se acaba”

Por efecto de estas políticas gubernamentales se presenta una agobiante situación financiera en las universidades estatales del país, según el SUE y ratificado por los estados deficitarios que muchas de ellas exhiben en sus recientes presupuestos anuales, y la situación lamentable de parte de sus instalaciones o la obsolescencia e inexistencia de los recursos educativos, las universidades públicas no podrán sobrevivir y cerrarán sus puertas antes de culminar 2019

La falta de financiación limita la autonomía universitaria, que define a la universidad y significa el fortalecimiento de la independencia y de la actitud, facilita el desarrollo de proyectos con profunda responsabilidad social, el fortalecimiento de la libertad de cátedra, de investigación y de autogobierno institucional, se ven amenazados porque hoy en día hay más influencia de la economía privada que de la política pública en nuestras universidades. Con la presión por la autofinanciación en las universidades públicas y, en consecuencia, la búsqueda de nuevos recursos mediante estrategias de negocio, las universidades públicas terminen cediendo su calidad y su crecimiento racional y natural por nuevas fuentes de financiación con compromisos específicos. La universidad pública debe estar completamente financiada por el Estado, pues sin esta condición la autonomía universitaria se ahoga en medio de las dinámicas del mercado.

Diversas instituciones financieras defienden que el Estado no debe proveer educación directamente, sino que debe limitarse a financiarla y a evaluar sus resultados en el marco de una provisión privada en competencia, argumentando que el sector privado puede contribuir a la eficiencia y a la efectividad educativa, consideran a las familias como clientes, de manera que el papel del Estado consiste no en proveer sino en regular la oferta, y ofrecer la información para escoger la ‘mejor’ escuela, y quieren maximizar sus beneficios, enaltecen que esa competencia contribuye a que se mejore la calidad y la eficiencia de las instituciones educativas, el gobierno de Duque tiene esa orientación y privilegia la opción de financiación por medio del ICETEX, tanto para matriculas nacionales y en el exterior en programas de pregrado y posgrado y aunque no se ha oficializado todo da a entender que el reemplazo del PSPP va a estar en dicho ámbito, los intereses y plazos ofrecidos por esa entidad tienen endeudados y sin salida a estudiantes y sus familias para cubrir las deudas adquiridas.

En cuanto a la política de ciencia y tecnología Iván Duque, en la campaña, propuso acceso amplio a la tecnología con Internet móvil que conecte al menos al 70% de los colombianos, una estrategia formal de lucha contra la piratería informática y el cibercrimen, adopción temprana de tecnologías como el Internet de las cosas, entre otras. En cuanto al cuidado del medio ambiente, propuso mejorar la calidad del aire con infraestructura de señalización inteligente, impulsar el alumbrado inteligente en las ciudades, sistemas de monitoreo en tiempo real, y cultura ciudadana para el uso responsable y eficiente de las vías, vehículos y transporte público. De la misma forma aseguró que se iba a fortalecer el sistema de regalías con la ayuda de las universidades para que los recursos lleguen a su destino: las investigaciones. El presidente buscaría que el aporte actual de la ciencia y tecnología al PIB se duplicaría en su gobierno, pero todo se desvaneció cuando por el ajuste fiscal su ministro de hacienda Carrasquilla, disminuyo el presupuesto de Colciencias en $78.611 millones con respecto al año anterior, poniendo en entredicho la continuación de programas de investigación, formación de investigadores y actividades de divulgación en las universidades, obligándolas a buscar patrocinio con entidades privadas extranjeras quienes definirán en qué y cómo deben invertir

Con el recorte presupuestal se desvaloriza progresivamente a los profesores, que han ido perdiendo a lo largo del último siglo poder adquisitivo de su remuneración, una vinculación estable (hoy más del 65% de los docentes son provisionales) y se disminuye su reconocimiento social. Eso inviabiliza su trabajo y el valor central de su labor como agentes centrales del proceso de construcción de conocimiento y de la práctica política que implica la educación desde una perspectiva de defensa de los intereses nacionales y ciudadanos.

Ante la propuesta gubernamental de desfinanciar la educación hay una contundente respuesta de los estudiantes colombianos, que mediante la discusión amplia y democrática definieron un paro nacional con base en un pliego de peticiones y un programa reivindicatorio, construido por sus organizaciones representativas acordes a las características de las universidades y las regiones, y con una amplia campaña de divulgación y protesta, congregan a la inmensa mayoría de estudiantes, jóvenes que no pueden estudiar, egresados, maestros, trabajadores, indígenas, sindicalistas y comunales en todo el país y en el exterior para exigir una adecuada financiación del Estado a la educación superior pública.

El movimiento, que no pueden desconocer los grandes medios de comunicación, impregnado de la alegría y creatividad de los estudiantes y con un amplio respaldo de la opinión pública, da un toque de alerta a la política privatizadora y antidemocrática del gobierno de Duque-Uribe y rememora las justas luchas que los estudiantes de la década del setenta del siglo pasado dieron en pos de una educación nacional, científica y al servicio de los intereses nacionales y testifica que la entrega y valor de los dirigentes estudiantiles de la época, ha encontrado en los estudiantes de hoy a verdaderos maestros, una generación que hará los cambios que necesita el país.

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