En Colombia, el término derechos humanos ha terminado manoseado, desvirtuado e inclusive desprestigiado. Algo similar viene aconteciendo también con las masacres que casi a diario se perpetran en Colombia, trágico y espeluznante asunto que el gobierno y los poderosos medios de comunicación han logrado hacer aparecer ante la opinión pública, por lo habitual, como algo “normal”, despojándolo de todo aquello que pueda desencadenar justa indignación y dolor de patria.

Que la política colombiana sea altamente contradictoria y corrupta, es una afirmación que hoy no sorprende a nadie. La existencia de clientelismo a gran escala y en gran parte del territorio, de tendencias peligrosamente autoritarias, y de un debate político dominado por el personalismo y las agendas oscuras, con intenciones mezquinas y electoreras, tampoco asusta a nadie, pero indigna a muchos. Sorprende tal nivel de descaro, de ausencia por lo menos de las “apariencias”, de las “formas”, de las medidas, de las proporciones. Es tal la desfachatez, que parece irreal.

La presentación del proyecto de reforma a la Ley 1623 o Ley Estatutaria de la Juventud, el cual hace parte del conjunto de proyectos presentados por el Comando Nacional Unitario al Congreso de la República, se sustenta en dos aspectos que son fundamentales, el primero de ellos en que la masiva participación de la juventud en las movilizaciones sociales, especialmente desde el 2019 y particularmente en los territorios, expresan la desesperada situación que viven ante la ausencia de oportunidades laborales y educativas, entre otras y el segundo de ellos que los espacios de participación exist

De la gravedad de la situación creada por el covid habla el hecho de que hasta el Fondo Monetario internacional haya decidido darles a los países, a finales de agosto, recursos a través de los Derechos especiales de giro (DEG).

Pero en Colombia, el Banco de la República (BR) decidió apropiarse ilegalmente de esos dineros dirigidos a los gobiernos según se lee en la correspondencia y documentación del FMI. La suma en juego son 2.790 millones de dólares, casi dos billones de pesos (1,96 mil millones).

Tucídides fue un pensador ateniense que vivió en el siglo V antes de cristo, éste célebre historiador después de estudiar las desastrosas consecuencias de las guerras del Peloponeso protagonizadas entre Esparta, la potencia dominante y Atenas, el poder en ascenso, llegó a la conclusión de que cuando dos fortalezas se enfrentan militarmente ambas salen perdiendo. Es a este resultado al cual los cronistas contemporáneos llaman la trampa de Tucídides.

En defensa de la poesía. Feria del libro de Madrid, septiembre 2021