Violencia del pasado y del presente: no pasarán

Edición 76

Con la firma del acuerdo de paz Colombia dejó atrás un conflicto, un enfrentamiento, pero no quedó resuelto el problema de la violencia. Sin embargo, el acuerdo dio luces sobre dos asuntos de gran importancia: 1- Jamás hubo condiciones para que la llamada guerrilla alcanzara el poder por medio de la insurgencia popular. 2- La derecha recalcitrante siempre argumentó que la guerrilla era el factor generador de la violencia en Colombia y utilizando ese argumento desató la más violenta acción política y militar contra la población. Creó un ejército paramilitar, organización clave con la que llegó al poder en el 2002.

Por Alberto Herrera
Director de La Bagatela

Con la firma del acuerdo de paz Colombia dejó atrás un conflicto, un enfrentamiento, pero no quedó resuelto el problema de la violencia. Sin embargo, el acuerdo dio luces sobre dos asuntos de gran importancia: 1- Jamás hubo condiciones para que la llamada guerrilla alcanzara el poder por medio de la insurgencia popular. A pesar de utilizar distintas formas para obtenerlo, nunca estuvieron ni cerca de lograrlo. Controlaron ínsulas de territorio, utilizaron el terrorismo para aparentar fortaleza e intimidar a la población, acudieron a la extorsión, al secuestro y posteriormente al narcotráfico para financiarse, ante la falta de argumentación para justificar sus acciones de “guerra”. Llegaron a asesinar a militantes de la izquierda que no compartían su proceder, reclutaron efectivos a la fuerza, que no acompañaban su ideología, incluidos menores, aprovechando la desigualdad social reinante y el descontento. Nada sirvió ni justificó una torpeza de más de 50 años. Este asunto quedó claro después de tantos años. 2- La derecha recalcitrante siempre argumentó que la guerrilla era el factor generador de la violencia en Colombia y utilizando ese argumento desató la más violenta acción política y militar contra la población. Creó un ejército paramilitar, organización clave con la que llegó al poder en el 2002, cuyo origen se remonta a las Convivir originadas en ese entonces por el gobernador de Antioquia. Acudió a lo más criminal y violento para justificar su tesis. Fue tan perturbador su posición que con su accionar afectó a la totalidad de sectores sociales, convirtiendo a unos en sus cómplices y a la mayoría en sus víctimas. A todo el que se le opuso lo amenazó; asesinaron centenas de dirigentes sindicales, hubo millones de desplazados, se apropiaron más de un millón de hectáreas. Fue tan perturbadora para la nación su política que hasta usó a su antojo la institucionalidad para ejercer violencia; a las Cortes las persiguió, eligió el 35% del Congreso bajo el alar del paramilitarismo, a sus opositores políticos los chuzó, persiguió y asesinó, puso a disposición de los criminales los organismos secretos del Estado, llevó a las Fuerzas Armadas a su mayor desprestigio al permitir o secundar las acciones del paramilitarismo que cometió sin traba ni tranca los crímenes más atroces, para culminar con la cacería de jóvenes inocentes ordenada a los batallones para hacerlos pasar por guerrilleros. El mundo conoció y repudio esta práctica fatalmente conocida como “falsos positivos”. Y fue tan violenta esta tendencia derechista que después de 60 años de convivencia y complicidad, dividió a la aristocracia que ha detentado el poder en Colombia, pues un sector de ella se distanció de ese accionar criminal y violento, se percató de la debilidad de la guerrilla y consideró que ese conflicto se podía resolver mediante un acuerdo, sin perder los privilegios de siempre.

En ese instante, la historia reciente de Colombia dio el vuelco más importante y se abrió la posibilidad del debate amplio y directo entre la sociedad que permitió por un lado, la consolidación de la corriente democrática y progresista que como nunca antes adquirió una influencia decisoria en la vida nacional, y por el otro contemplar la posibilidad de la reconciliación sobre la base del monopolio de la posesión de las armas en manos de las fuerzas armadas regulares.

El país al lograr le reelección de Santos con la decidida e indispensable participación de esa corriente democrática, con insignificantes excepciones, pasando por encima de todas las amenazas de esa derecha recalcitrante que anunció la llegada del castro-chavismo, el peligro de “la lucha de clases” y de otra cantidad de argumentos envenados y calumniosos, se dio la posibilidad de consolidar al acuerdo de paz que se alcanzaría a pesar de la derrota en el plebiscito para su refrendación, que el gobierno de Santos programó sin necesidad y que no atendió debidamente. La masiva movilización ciudadana con la destacada participación de los jóvenes de toda Colombia selló la firma del acuerdo en la antesala de la campaña que escogería el sucesor de Santos a la presidencia de la República.

Con la entrega de las armas por parte de las Farc se sintió en Colombia un nuevo ambiente y la posibilidad de un debate político sin amenazas, donde se pudieran expresar con libertad las distintas propuestas. La mencionada fuerza derechista que jamás aceptó el acuerdo, prometió volverlo “trizas”, afiló su espada y fomentó un clima de violencia que poco a poco se fue enrareciendo. Ante la lenta implementación de los acuerdos y el fragor de la campaña electoral, el asesinato de líderes sociales, es decir, dirigentes comunitarios, sindicalistas, campesinos, indígenas y defensores de los derechos humanos, se convirtió en una constante.

Solo faltó el triunfo de Duque para que reapareciera la violencia del pasado. Son innumerables los hechos que lo manifiestan, que no son aislados sino que por el contrario muestran una tendencia. La lista parece interminable, llenaría páginas enteras, se señalan algunos.

Ni el New York Times “pasó” la prueba

En diciembre de 2018, el presidente Duque designó al general Nicasio de Jesús Martínez Espinel al frente del Ejército, a pesar de las pruebas creíbles que lo vinculan con falsos positivos. Investigaciones del periódico New York Times, la revista Semana y Human Rights Watch publicaron documentos que mostraban que, en 2019, el Ejército restableció políticas militares que se asemejan a los falsos positivos. “A inicios de año, los generales y coroneles colombianos se reunieron y se les pidió que firmaran un compromiso por escrito para intensificar los ataques”, señala Nicholas Casey, reportero del NYT en Colombia a quien hostigaron hasta obligarlo a salir del país.

La paz tampoco

El ataque del gobierno al proceso de paz se agudizó. Lo pactado lo considera ilegal y pretende acabar con importantes logros como la JEP, valioso instrumento para investigar los dolorosos hechos ocurridos durante el conflicto que en su mayoría son desconocidos y permanecen en la impunidad. Además el expresidente Uribe propuso una asamblea constituyente para acabar con las Cortes, incluida la JEP y unificarlas en una sola Corte, así como excluir a los militares de esta jurisdicción. No sobra recordar que en febrero de 2019, 55 miembros de las fuerzas armadas habían declarado por su papel en los falsos positivos ante la JEP, que las pruebas son cada día más comprometedoras y que ya hay 6.042 casos identificados de este criminal proceder.

Bombas que matan menores de edad

En noviembre de 2019, el ministro de Defensa Guillermo Botero renunció mientras se enfrentaba a una moción de censura en el Congreso. Se le juzgaba por el asesinato de líderes populares y por el nuevo caso en que murió asesinado Dilmar Torres un desmovilizado de las Farc por el Ejército en el Catatumbo. Su defensa que incluía los parlamentarios afines al gobierno quedó sin palabras cuando el senador Roy Barreras adicionó al debate las pruebas de un bombardeo militar a un campamento de disidentes de las Farc donde se encontraron menores de edad muertos por el ataque –la Fiscalía estableció al menos ocho– y el hecho de que algunos de ellos fueran apenas unos niños, entre ellos una de 12 años de edad. Parece que lo sucedido no fuera suficiente y que para justificar estos “actos” hay que repetirlos al punto que otro bombardeo similar a un campamento guerrillero se llevó a cabo hace unas semanas y con descaro y desafiando el pasado, el nuevo mindefensa argumenta la muerte de menores de edad identificándolos como “máquinas de guerra”.

Tropas gringas para incendiar el continente

El país debe exigir una información de la presencia de tropas gringas, que de estar tres meses en nuestro territorio, como lo dijo el finado ministro Holmes en otro debate de moción de censura, ya pasan de 10 meses y lo que se conoce es incierto. Se sabe de su especialidad para entrenar grupos paramilitares como lo confirmó el jefe militar gringo en su momento, se sabe que algunos grupos se establecieron cerca de la frontera con Venezuela donde se dan combates entre el ejército venezolano con grupos indefinidos y que el gobierno ha identificado con las disidencias, se sabe que esta semana aterrizaron cuatro gigantescos aviones militares gringos en cuatro puntos de la geografía nacional pero no se sabe su misión y se sabe por encima de todo que Duque le juega a la decisión de los EE. UU. por derrocar el gobierno de la nación vecina.

Ante la indiferencia del gobierno

Y qué decir de los más de 1.000 líderes sociales asesinados o las 76 masacres ocurridas en 2020 según la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Con las cifras de la Defensoría del Pueblo, el “esclarecimiento” de estos crímenes no llega al 1,2% del acumulado de líderes asesinados desde 2016. “Les parece que tres mil ejecuciones criminales de gente inocente, asesinada para mostrar resultados no es tan grave. Y les parece más grave que se investigue al jefe del partido de gobierno”. (“Manipular las cifras sobre asesinato de líderes también es violencia”. Escrito por Camilo González. Marzo 1, 2021).

El actual gobierno pretende aplicar fórmulas del pasado que permitieron gozar de cierta popularidad a su gestor. A Duque habría que recordarle que las Farc ya no existen como movimiento armado gracias a un acuerdo de paz que trajo una luz para la convivencia en Colombia, que achacar los actos de violencia a unas disidencias sin importancia política y con reducida influencia es acomodar la realidad para justificar un proceder violento aquí y allá, propio de una tendencia fascistoide que ante la pérdida de influencia y la resistencia ciudadana, tiene los días de su existencia contados.

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