La consulta popular, un pulso entre el pueblo y la oligarquía

La primera pregunta de la consulta popular dice: "¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 a. m. y las 6 p. m.?".

Dicha pregunta está inspirada para recuperar los derechos de los trabajadores que laboran en jornadas nocturnas y que por consiguiente debe ser compensado con un mayor valor, en el entendido que es un esfuerzo adicional al que se realiza durante el día.

Se trata entonces de que se reconozca dicho trabajo nocturno tal como se hacía antes del 31 de diciembre de 2002, que fue modificado desde allí hasta nuestros días por la ley 789 del 2002 impulsada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, al alargar la jornada diurna hasta las 10 p. m., es decir el recargo nocturno quedaba reducido a solo 6 horas y no las 12 como era antes.

Dicha modificación ha significado que en los 22 años de aplicación de dicha ley los empresarios del país se han embolsillado por este concepto, más de 90 billones de pesos. De recuperarse dicho derecho, 4 billones de pesos anuales volverían a ser parte integral de los ingresos de los trabajadores que laboran en dichas en horas nocturnas.

No sobra decir, que antes del año 2023, los empresarios siempre pagaron desde la década del 50 del siglo pasado este recargo nocturno a sus trabajadores sin que por esas circunstancia ninguno de ellos haya dejado de realizar su operación empresarial y por tal no se quebraron.

En esa época el presidente Uribe presentó dicho proyecto de ley reiterando una cacareada tesis neoliberal desechada hoy por los argumentos tanto teóricos como empíricos en el sentido de que reduciendo los costos laborales se generaría empleo y se reduciría la informalidad.

Dicha tesis fue un total engaño y solo escondía el propósito de llenar de privilegios a quienes fueron sus más decididos apoyos y respaldos financieros en sus campañas político electorales.

Dicha norma iba acompañada además, de la disminución en los dominicales y festivos en un 25 % y de la eliminación del carácter laboral del contrato de aprendizaje para la juventud trabajadora.

El desarrollo y la aplicación de esta norma y de otras muchas más en el período neoliberal del 1990 a 2018 generó múltiples manifestaciones y expresiones de la clase trabajadora en contra de ella y de sus graves consecuencias en el aumento significativo de la desigualdad y el aumento de la pobreza.

Situación que en el período de Iván Duque frente a anuncios de nuevos paquetazos regresivos en materia laboral, pensional y tributaria, despertó en el pueblo colombiano una expresión masiva de rechazo a esas pretensiones y una movilización como nunca antes se hubiera visto en Colombia, primero en el paro nacional del 21 de noviembre del 2019 y posteriormente en el estallido social del 28 de abril del año 2021.

En dicho estallido se levantaron las banderas más significativas de la necesidad de la recuperación de derechos, en crítica acerba a la de los negocios y la corrupción propiciada por los gobiernos oligárquicos, disminuyeron significativamente los derechos de los trabajadores y la población.

Producto de esta movilización y otros factores, fue elegido presidente Gustavo Petro y actuando en ese sentido presentó reformas sociales para recuperar derechos especialmente en salud pensiones y en lo laboral.

Estas reformas han sido bloqueadas por el Congreso de la República especialmente la comisión séptima del senado, que en el pasado 18 de marzo hundió la reforma laboral. Fueron 8 senadores de los partidos proempresariales del Centro Democrático, Conservador, Liberal, Cristianos(Mira y Colombia Justa y Libre) y de la ASI.

Frente a este bloqueo el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de convocar a una consulta popular que radicó en un hecho de mucha simbología, el pasado 1° de mayo día Internacional de la clase trabajadora.

Dicha consulta además del punto ya mencionado tiene 11 preguntas más donde se recupera el dominical y festivo en un 100 %, el carácter laboral del contrato de aprendizaje, la formalización laboral de trabajadores domésticas, madres comunitarias, periodistas, artistas, futbolistas, transportadores y repartidores de plataformas digitales, así como también se dan subsidios a las mipymes y a la economía popular, se dan licencias para atender la salud y a las mujeres en periodos menstruales incapacitantes, se establece el contrato a término indefinido para garantizar mayor estabilidad laboral, se eliminan la subcontratación y la intermediación laboral de los contratos sindicales, se establece la obligación de contratar a personas discapacitadas, se establece el contrato agropecuario y se establece un bono pensional para los campesinos y campesinas de Colombia.

El pulso político entre la recuperación de derechos o hundir la reforma laboral, expresa de manera clara y meridiana la diferenciación de intereses entre el pueblo y la oligarquía.

La oligarquía nos impuso muchas reformas, entre otras la laboral, para reducir el pago de la mano de obra y de esa manera beneficiarse y llenar sus alforjas de manera desmedida, lo cual explica sin lugar a dudas la deshonrosa y vergonzosa posición de Colombia, de ser uno de los tres países más desiguales del planeta.

Ha quedado claro que la ley 789 fue un engaño porque no produjo empleo, ni reducir la informalidad.
Así queda reflejada la voracidad empresarial y la mezquindad frente al trabajo, señalando eso si, que la que la fuente de riqueza es el trabajo, que el empresariado no reconoce.

El pueblo por el contrario en una condición de inferioridad política en los gobiernos neoliberales y proempresariales siempre expresó su descontento y su rechazo a dichas reformas, que volvió a reivindicar como banderas suyas en el estallido social y por tal la necesidad de recuperarlas.

Es un interés entonces de la clase trabajadora recuperar sus derechos laborales. Si la fuente de riqueza es el trabajo es evidente que el problema radica en cómo se distribuye dicha riqueza. Y en este periodo del gobierno del presidente Gustavo Petro cada vez sectores más amplios de la población van entendiendo que lo que está en juego son sus intereses y sus necesidades.

Este pulso político hoy se desarrolla en mejores condiciones para el pueblo. Hay un gobierno, el de presidente Petro, que ha esclarecido mucho de estos temas y un movimiento organizado de sectores sociales y sindicales empeñado en profundizar en dicha pedagogía y socialización como ha quedado prácticamente reflejado en las múltiples movilizaciones sociales en respaldo de las reformas, pero en especial las del pasado 18 de marzo y 1° de mayo del presente año.

El pulso político tendrá su primer round en la definición, en un mes, por parte del Senado de si aprueba o niega la consulta popular.

La negación de la consulta por parte del Senado se convertirá en otra expresión de descontento, inconformidad y rechazo a las mayorías oligárquicas en el Senado que solo representan los intereses del gran empresariado nacional y extranjero y por consiguiente una razón más de las múltiples que ya tiene el pueblo, para desalojar a dicha clase oligárquica de la representación en el congreso de la república.

De aprobarse en el Senado o simple y llanamente el Senado no fijar ninguna posición , será el presidente quien la convoque y se realizará la mencionada consulta popular en los tres meses siguientes, es decir, hacia los primeros días de septiembre deberá desarrollarse la votación de la consulta.

En ese momento se requerirá la participación de más de 13,7 millones de colombianos en los puestos de votación y para que sea válida y adicionalmente vinculante tendrá que tener un poco más de 7 millones de votos por el sí.
La tarea es gigantesca pero posible. Se requiere del mayor entusiasmo y compromiso, del mismo que se ha visto en las movilizaciones en las calles y en los discursos que ha presentado el presidente Gustavo Petro.

Además de una profunda acción comunicativa de carácter masivo, conjugada con una buena pedagogía y socialización de la consulta, deberá acompañarse de una amplia acción organizativa de comités de impulso que generen la mayor red de comunicación y organización del pueblo alrededor de la consulta y que pueda extrapolarse en el tiempo para próximas acciones políticas, incluso electorales, que permitan siempre saldar estos pulsos políticos a favor de los intereses del pueblo.

Solo el pueblo salva al pueblo el pueblo, pues es el constituyente primario y además soberano. Sin luchas no hay victorias nos han enseñado los mártires de Chicago y las múltiples víctimas del conflicto armado y el estallido social de nuestro país. En su memoria y en la defensa de los intereses y derechos del pueblo ganaremos la consulta.

Ni un paso atrás.