La alternancia educativa en escuelas y colegios: Un dilema esencialmente ético

Edición 76

Privilegiar la educación presencial de los niños y adolescentes con el menor costo en vidas o privilegiar la vida con los menores efectos negativos sobre la educación. Es importante abordar los valores éticos asociados a la justeza de la toma de una decisión con los mejores resultados para todos, destacando las responsabilidades individuales y colectivas implicadas. La garantía del ejercicio de la autonomía y la libertad, así como el respeto a la integridad y dignidad de todos los interesados no pueden estar ausentes. Colocarse en la situación del otro e identificar sus legítimos intereses y derechos también contribuye a la toma de la mejor decisión. Sin la consideración de elementos éticos, la decisión podría tener visos dictatoriales y arbitrarios atentatorios contra el propósito principal: el aseguramiento del derecho de los niños y adolescentes a una educación plena, segura y respetuosa del derecho a la vida.

Por Orlando Acosta
Doctor of Philosophy (Ph. D.) en Virología Molecular, Profesor, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia

La Circular Externa 026 del 31 de marzo de 2021, expedida por los ministerios de Salud y Protección Social y Educación, recomienda avanzar en la apertura de instituciones educativas y de las clases presenciales de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y las directrices sobre alternancia educativa, implementando protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas, reconociendo los impactos en la salud de los niños y adolescentes generados por el cierre de las escuelas y previendo acciones en caso de que se presenten brotes de covid-19 en las instituciones educativas. Tal Circular renueva parte de la Directiva 11 del 30 de mayo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional sobre alternancia educativa.

¿Cómo resolver un dilema cuando a las partes en contradicción parecen asistirles razones incontrovertibles? Cómo proceder cuando la autoridad en nombre de la sociedad intenta preservar un derecho humano en detrimento de otro derecho humano: el derecho a la educación y el derecho a la vida de los niños y adolescentes y el derecho a la vida de los profesores, empleados administrativos y padres de familia.

Efectos de los cierres escolares prologados sobre los niños y adolescentes

Existe evidencia acerca de que las cuarentenas, confinamientos y cierres prolongados de las escuelas tienen consecuencias negativas en los niños y adolescentes en la medida en que afectan su vida social, su educación y su salud física y mental. Se han reportado estados depresivos, de ansiedad y otros desordenes psicológicos y psiquiátricos. Los cierres escolares prolongados privan a los niños y adolescentes de los indiscutibles beneficios sociales, emocionales y mentales propios de la interacción presencial con sus compañeros y profesores.

En el campo económico también se han destacado efectos indeseables sobre los niños y adolescentes como consecuencia de las restricciones pandémicas sobre las actividades educativas presenciales. Estas consecuencias se intensifican aún más en aquellos que no solo se ven marginados de la presencialidad sino del sustituto virtual de emergencia, es decir, las restricciones tendrían mayores consecuencias negativas sobre las familias más pobres. El Banco Mundial ha realizado simulaciones en diferentes escenarios de duración de cierres escolares, encontrando que, en ausencia de una acción política eficaz, cada estudiante de primaria y secundaria podría tener en promedio una reducción de $US 872 en sus ingresos anuales. Esto sería equivalente a $US 16.000 durante su vida laboral (1).

Más de 1.600 millones de niños a nivel mundial se han afectado por los cierres de escuelas a causa del covid-19. La educación pública es un insumo para la producción de capital humano, es inversión monetaria y de tiempo de los padres en sus hijos. Los confinamientos están conduciendo a pérdidas en estas inversiones. Los niños afectados sufrirán pérdidas salariales y reducción consecuencial del bienestar y del consumo. La proporción de niños con educación universitaria caerá, mientras que la deserción crecerá. Dada la progresividad de los impuestos sobre la renta del trabajo, se reducirá la captación futura de impuestos y el recurso público. Los cierres de escuelas tienen consecuencias negativas a largo plazo sobre el capital humano y el bienestar de los afectados, especialmente para los socioeconómicamente más desfavorecidos.

Entre más larga la crisis pandémica, mayor la perdida de escolaridad y de capital humano y más difícil será su recuperación. Los niños y adolescentes cuyo bienestar nutricional depende de ayudas asistenciales en sus escuelas, están siendo afectados severamente por los cierres.

¿Quiénes son los responsables de los efectos negativos sobre los niños y adolescentes?

No es momento para hacer juicios de responsabilidad individual sobre los niveles pandémicos alcanzados en la geografía colombiana. Pero a manera de ilustración, las estadísticas son muy elocuentes al indicar que la pandemia no fue bien manejada en Colombia. Comparativamente, las muertes por millón de habitantes muestran que mientras en Japón se han producido 73, en Cuba 39, Australia 35, Corea del Sur 34, Nueva Zelanda 5, Singapur 5 y China 3, en otros países las cifras son escandalosas: en Colombia se han producido 1.258, Brasil 1.579, México 1.577, Estados Unidos 1.715, Reino Unido 1.862, Bélgica 1.999. Donde desde el comienzo de la pandemia se privilegió la economía antes que la vida, el precio en vidas ha sido relativamente muy alto. Donde primero se privilegió la vida y se tomaron medidas preventivas y de mitigación eficaces, rápidamente se controló la pandemia y se reactivó tempranamente la economía.

En Colombia la pandemia se ha manejado no solo de manera poco eficaz sino de forma poco ética. En la medida en que hay camas UCI disponibles, se asumen como si fueran una especie de lucro cesante. Se procede entonces a liberar las actividades comerciales propiciando así los contactos y los consecuenciales contagios, con el argumento de que hay suficientes camas UCI donde pueden ir a morir dignamente muchos de aquellos que lleguen a una condición clínica crítica. Tal proceder ha contribuido a mantener viva y exacerbada la pandemia. Cada contagio es asumido como una deseable contribución a la inmunidad de rebaño. Entre más ciudadanos se infecten, mayor la contribución hacia la consecución de la inmunidad colectiva. Otros sostienen que es más ético y menos genocida obtener la inmunidad de rebaño a través de la vacunación masiva. El denominado autocuidado o confinamiento inteligente no ha contribuido al control de la pandemia.

Bajo la consideración de que la escuela es parte de la comunidad y que la reapertura sumerge a los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, empleados administrativos, padres de familia) en los mismos niveles de riesgo de contagio de la comunidad respectiva, si se quiere proteger a la comunidad educativa del contagio, se debe proteger a la comunidad donde ella está inmersa. Si la pandemia permanece activa y no permite una reapertura presencial segura, no son los miembros de la comunidad educativa los responsables de los niveles de contagio presentes en la comunidad donde están ubicados los espacios escolares. Por lo tanto, los profesores y demás miembros de la comunidad educativa no son los responsables de los efectos negativos que los cierres generan en los niños y adolescentes. Serían responsables las autoridades que no han controlado eficazmente la pandemia ni garantizado las medidas de mitigación apropiadas.

Cierre universal de las escuelas versus la escuela es lo último que se debe cerrar y lo primero que se debe reabrir

Históricamente, las escuelas han sido universalmente cerradas ante las epidemias y pandemias para salvaguardar la salud y vida de los niños y adolescentes. Sin embargo, hoy la frase: “Las escuelas de primaria y secundaria deben ser los últimos espacios en cerrarse después de que se hayan empleado todas las demás medidas de prevención en la comunidad, y las primeras en reabrirse cuando puedan hacerlo de manera segura”, parece tener un obvio consenso en las condiciones de reapertura mas no en las condiciones de cierre. Claramente, esta frase presupone que hay momentos en que las escuelas se deben cerrar y no se deben reabrir y habrá momentos en que se pueden y deben reabrir. Las condiciones que se deben reunir para una eventual reapertura han sido consideradas por varias autoridades de salud, internacionales y nacionales. Estas autoridades señalan como elemento central para la toma de la decisión de una reapertura el denominado análisis de riesgo-beneficio, es decir, los pros y los contras de la decisión (2). Tal análisis implica la realización de un balance objetivo, sincero y honesto entre los beneficios que se obtendrían para los niños y adolescentes y los riesgos de propagar la pandemia con los costos en salud y en vidas para ellos mismos, los profesores, empleados administrativos y las familias.

A pesar de esta recomendación de las autoridades en salud, algunos señalan que con relación al riesgo de fallecer al que se expondrían los niños y adolescentes, los cierres de las escuelas están produciendo efectos desproporcionadamente altos: unas pocas muertes no deben privar de los beneficios de la presencialidad a la gran mayoría que sobreviviría a un eventual contagio. El argumento se sintetiza en que es mayor el riesgo de tener efectos negativos a causa del cierre de las escuelas que el riesgo de fallecer en actividades presenciales. En un sentido más coloquial, resumen su llamado a la reapertura afirmando que algún precio en vidas se debe pagar para asegurar el beneficio de la educación presencial para la gran mayoría. Parte del contraargumento señala que el menor riesgo de fallecer para los miembros de la comunidad educativa está asegurado por las actividades enteramente virtuales. Al respecto, se ha fijado una escala de riesgo entre la absoluta virtualidad y la actividad presencial plena sin medidas de mitigación.

Pero lo más llamativo es la argumentación de algunos quienes llaman a que los profesores deberían exhibir una especie de juramento similar al juramento hipocrático de los médicos, quienes supuestamente, en virtud de este juramento, deben morir para salvar al paciente. Independientemente de las varias versiones de este juramento, ninguno de sus textos indica que el médico deba morir en el acto médico. De manera contraria, señala que el médico debe cuidar su propia salud, así como la vida, la salud y el bienestar de sus pacientes. Profesor que procure una reapertura presencial segura estaría actuando de manera análoga al compromiso hipocrático al pretender evitar muertes.

Comparaciones deliberadamente omisivas para justificar la reapertura

Varios están afirmando que es totalmente injusto que se permita la apertura de bares, restaurantes, balnearios, hoteles, centros comerciales, entre otros, mientras que las escuelas y colegios se encuentran cerrados. Pero de manera deliberada y poco ética omiten señalar que los contactos entre las personas en estos sitios, no obstante las normas de bioseguridad recomendadas o exigidas, se han producido contagios, hospitalizaciones y muertes. Si esos lugares hubieran estado cerrados miles de muertes se hubieran evitado. Con un agente infectocontagioso como este coronavirus, los contactos entre las personas, aunque con eficiencias diferenciales, significan la muerte para muchos. Aunque es completamente insostenible científicamente que los niños sean inmunes al coronavirus SARS-CoV-2 y que no lo transmitan, uno que otro desinformado todavía continúa afirmando que los niños no se infectan con este virus.

Varios destacan que es completamente injustificado tener miedo a morir por un contagio con el actual coronavirus adquirido en los espacios escolares cuando en estos espacios es común infectarse con el virus de la influenza, el que produce la gripe, que también produce la muerte en un número significativo de los contagiados. Reconocen, paradójicamente, que los niños son los principales propagadores de virus respiratorios y que por siglos se ha convivido con esta realidad sin queja alguna de peligro de muerte en la comunidad educativa. Pero quienes hacen tales afirmaciones omiten señalar que el coronavirus SARS-CoV-2 es alrededor de 10 veces más letal y 2 a 3 veces más infeccioso que el virus de la influenza. Y muchas veces más letal para los mayores y aquellos con comorbilidades. Durante la gripe estacional de 2018-2019 en Estados Unidos, el virus de la influenza produjo 35 millones de contagiados y alrededor de 32 mil fallecimientos. En contraste, el coronavirus SARS-CoV-2 ha producido en un año de pandemia en Estados Unidos más de 31.560.438 casos confirmados y más de 570.260 fallecimientos.

Hay muchos más argumentos científicos para reafirmar que la infección con el coronavirus SARS-CoV-2 es más perjudicial para la salud que la gripe producida por el virus de la influenza. El coronavirus causante del covid-19 produce numerosos efectos de corto y largo plazo de varias semanas a meses de duración en aquellos que sobreviven a la infección, incluyendo aquellos que tuvieron síntomas leves (3). El catálogo de efectos de larga duración es amplio, implicando síntomas respiratorios, neurológicos, psiquiátricos, musculares, renales, cardiovasculares y dermatológicos. En un estudio que incluyó 1.733 pacientes sobrevivientes a COVID-19 se encontró que después de 6 meses continuaban con cansancio y debilidad muscular (63%), dificultades para el sueño (26%) y ansiedad o depresión (23%) (4). En otro estudio de meta-análisis que incluyó 47.910 sobrevivientes a covid-19 de 17 a 87 años se encontró que las secuelas y otras complicaciones médicas se contabilizaban en más de 50 (5). Se estimó que 80% de los pacientes del estudio desarrolló uno o más síntomas de larga duración. Las secuelas más comunes fueron cansancio (58%), dolor de cabeza (44%), desordenes de atención (25%), y dificultad respiratoria (24%). La mejor recomendación para prevenir el padecimiento de los síntomas de larga duración del covid-19 es evitar el contagio con el SASR-CoV-2 o acceder a la vacunación.

En el mundo ya se contabilizan más de 133 millones de casos confirmados de covid-19 y más de 2.885.278 fallecimientos. En Colombia, se registran más de 2.468.236 casos confirmados y más de 64.500 fallecimientos. Los casos positivos son consecuencia de los contactos entre las personas. Ninguna autoridad se ha arriesgado a afirmar que una reapertura presencial de actividades educativas en medio de una pandemia activa generará cero muertes entre los miembros de la comunidad educativa. Una reapertura implica contactos adicionales, incluyendo el transporte. De hecho, la Circular Externa 026 deja abierta la posibilidad de que podrá haber brotes de covid-19 y se tomarán acciones. Pero omite de forma deliberada indicar que cuando hay brotes significa que hay contagios y que algunos de los contagiados podrán llegar condiciones críticas que podrían implicar atención en UCI, donde no todos egresan vivos.

Igual que la educación, la vida también es un derecho humano, es un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) establece que "toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal". En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), el derecho a la vida es un derecho inderogable, lo que significa que no puede suspenderse ni siquiera en un estado de emergencia. "Todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida", y debe ser "protegido por la ley". Las deficiencias de los Estados para proteger a las poblaciones bajo su cuidado durante la amenaza del covid-19 constituyen violación a un derecho humano como lo es la vida. Se debe hacer un balance racional y ético entre el derecho a la educción y el derecho a la vida, considerando que el derecho a la vida es el derecho superior. En una reapertura presencial el gobierno no puede delegar la protección del derecho a la vida en los padres de familia y en los directivos de los colegios.

Se deben hacer todos los esfuerzos para realizar una reapertura segura

Dadas las evidencias sobre los efectos negativos de los cierres de las escuelas sobre la salud mental, en especial de los niños y adolescentes, se hace urgente analizar de forma honesta una eventual reapertura segura de las actividades educativas presenciales. Varios países han tenido estas iniciativas anunciando que se tomarían medidas de bioseguridad que incluían el uso de tapabocas, el distanciamiento social, las medidas higiénicas y la identificación y seguimiento de los contagiados y sus contactos. Algunas de estas iniciativas se llevaron a cabo bajo la figura de actividades hibridas o alternancia, excluyendo a las personas de mayor riesgo, quienes continuaron en actividades presenciales. Algunas de estas iniciativas se tuvieron que suspender en atención al comportamiento de la pandemia en la comunidad respectiva.

En el momento es claro que las escuelas no son el origen o centro de la pandemia, no son el lugar desde donde ella irradie a la comunidad. Está bien establecido que las escuelas durante una pandemia activa tienen el mismo riesgo de contagio presente en la comunidad respectiva; excepto que hay muy pocas excepciones en donde la escuela exhibe menor o mayor tasa de contagios que la comunidad respectiva. Sin embargo, tomar la decisión de reapertura o cierre continuado de las escuelas incorpora muchas incertidumbres para todos los implicados en la toma de la decisión, considerando que los miembros de la comunidad educativa quedarán expuestos a nuevos contactos.

No es fácil responder a la pregunta sobre cuál será el impacto real de la reapertura sobre la salud y la vida de los niños y los adolescentes, así como sobre los profesores, empleados administrativos y sus familias. Hasta se recomienda hacer el experimento para resolver las incertidumbres. Es común exponer el argumento de que no se puede esperar a que la pandemia desaparezca para reanudar las actividades presenciales, que se debe convivir con el coronavirus y que las muertes son inevitables, mala suerte para aquel, y su familia, que le correspondió fallecer. Aunque las medidas de bioseguridad tienen fundamento científico, ellas son cuestionadas por su efectividad, factibilidad y costos. Cuando el riesgo se identifica y se cuantifica, comúnmente se puede diseñar un control eficaz. Sin embargo, el comportamiento humano no permite su implementación plena. Los contratos de bioseguridad no solo son difíciles de cumplir con menores de edad sino con los adultos. Se menciona que prácticamente todos los fallecidos por covid-19 sabían cómo se podía evitar el contagio con el coronavirus, aunque esta afirmación puede ser exagerada. Si las normas de bioseguridad se cumplieran estrictamente, la pandemia se habría extinguido.

Una amplia gama de circunstancias sugiere que reabrir las escuelas durante una pandemia activa no es tarea fácil. Como se mencionó, el nivel de la pandemia en la respectiva comunidad es un elemento central. Los factores de riesgo de los miembros de la comunidad educativa relacionados con la edad y comorbilidades son otro factor para tener en cuenta. Igualmente, las consideraciones sobre los estratos socioeconómicos de las familias implicadas, las opiniones de los padres de familia, las preocupaciones de los profesores, entre otras consideraciones. Todo ello contribuye a complicar la toma de la decisión.

Cómo se transmite el coronavirus SARS-CoV-2

Los millones de contagiados y de fallecidos se explican porque el agente causal del covid-19 se transmite. Desde los momentos tempranos de la pandemia, la transmisión del SARS-CoV-2 ha sido objeto de investigación, incluyendo experimentación y modelamientos. Se describió el contacto directo, el contacto indirecto en objetos, gotas grandes e inhalación de partículas pequeñas en aerosol (6). La transmisión a través del aire implica que las partículas virales infecciosas alcancen el tracto respiratorio de un individuo susceptible a dosis o concentraciones suficientes para producir una infección exitosa. Los individuos infectados arrojan el virus al aire cuando respiran, hablan, cantan, gritan, tosen o estornudan.

Las gotas emitidas por un individuo infectado se han clasificado de acuerdo con su tamaño: las gotas grandes (mayores a 50-100 micras) que por efecto de la gravedad caen antes de los 2 metros de quien las emitió, y las partículas o núcleos (menores a 50-100 micras) que se elevan en aire y pueden alcanzar distancias mucho mayores que 2 metros, inclusive más de 8 metros. Las gotas grandes generalmente se alojan en las fosas nasales, la cavidad oral o los ojos. Las partículas menores a 5 micras tienden a irse directamente a los alveolos pulmonares, lo que las hace más peligrosas. Las partículas más pequeñas pueden permanecer infecciosas en el aire hasta por más de 16 horas, aunque típicamente entre 0,5 y 3,3 horas (7).

Experimentalmente se ha mostrado que los aerosoles (partículas pequeñas) sobrepasan en número a las gotas grandes de 100 a 1 cuando se habla y de 20 a 1 cuando se tose. ¿Cuál es la dosis o concentración de partículas virales infecciosas de SARS-CoV-2 en el aire suficiente para producir una infección exitosa en el individuo que respire ese aire? No se ha determinado. Pero se ha encontrado que una persona infectada puede exhalar con solo respirar hasta 100.000 partículas virales por minuto. Es decir, que en una hora puede inocular al aire varios millones de partículas virales (8). Como punto de comparación, se ha demostrado para el virus de la influenza (gripe), un virus 2 a 3 veces menos infeccioso que el SARS-CoV-2, que la acumulación de 10.000 partículas virales por metro cúbico en el aire es suficiente para producir infección en una persona que respire este aire durante una hora (9).

Estos hallazgos son demostrativos de que el SARS-CoV-2 tiene como medio principal de transmisión el aire. Esto ha conducido a concluir que el distanciamiento social y el uso de tapabocas reducen significativamente el riesgo de contagio. Pero también se ha concluido que los espacios sin renovación del aire son de altísimo riesgo. Entre más personas se encuentren en un espacio, el riesgo de contagio se incrementa. La renovación del aire es un imperativo para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 (10). La determinación de la concentración de CO2 en el aire de los espacios es un indicador de la renovación del aire, pero no guarda una relación directa con la concentración de partículas virales infecciosas en el aire (11). La renovación automática del aire, acoplada a su filtración, para mantener los niveles de CO2 lo más cercano posible a los niveles del exterior es la recomendación ideal.

Los tapabocas deben reunir requerimientos de calidad certificada por la autoridad competente. Los tapabocas artesanales comúnmente no permiten el paso eficiente y cómodo del aire a través del tejido. Esto conduce a que el usuario los utilice separados de la piel de la cara, de tal manera que el aire entra y sale por los espacios a los lados de nariz. Esto crea un alto riesgo de entrada o salida de partículas pequeñas portadoras de virus propias del aerosol. Otros tapabocas artesanales dejan pasar el aire junto con las partículas más pequeñas (12; 13).

Cuáles son las medidas de bioseguridad

Las medias de bioseguridad para una reapertura segura de espacios escolares han sido ampliamente publicitadas por varias autoridades de salud, nacionales e internacionales. Por ejemplo, la Unicef los ha condensado en una especie de lista de chequeo que contiene una serie de requerimientos que se deberían cumplir durante la preparación de la reapertura (85 requerimientos: 14), la iniciación de la reapertura (60 requerimientos: 15) y una vez se haya implementado la reapertura (38 requerimientos: 16). Se requieren nueva infraestructura humana y física. En el caso de Estados Unidos, el presidente J. Biden asignó $US 130.000 millones de dólares de los cuales ya ha hecho efectivos $US 81.000 millones para garantizar una reapertura presencial segura en las escuelas (17). Además, el presidente Biden emitió la directriz de la vacunación urgente de todos los profesores y empleados de las escuelas antes de la terminación del mes de marzo de 2021, como una contribución fundamental a una reapertura presencial segura (18). Efectivamente, durante el mes de marzo profesores y empleados de escuelas fueron priorizados para recibir la vacuna contra el covid-19 (19).

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos destacan que las escuelas deben cumplir estrictamente con medidas y estrategias de bioseguridad como condición para una reapertura segura. Entre las estrategias de prevención se encuentran el uso universal y correcto de tapabocas y el distanciamiento físico. Se agregan las medidas higiénicas de lavado de manos y de aseo de las superficies y objetos de las instalaciones escolares. Se incluye, además, el seguimiento de los miembros de la comunidad educativa diagnosticados o expuestos a covid-19, así como la información acerca de quienes han sido vacunados. Los estudiantes, profesores y empleados administrativos deben ser sometidos sistemáticamente a pruebas moleculares de RT-PCR y quienes se encuentren positivos deben ser aislados y los contactos sometidos a cuarentena (20).

Cómo se estima el riesgo de contagios en los espacios escolares

Los CDC asumen que el riesgo de contagios en las escuelas está determinado por el nivel de la transmisión del SARS-CoV-2 en la comunidad respectiva. Entre mayor sea la transmisión del virus en la comunidad, mayor será la probabilidad que el SARS-CoV-2 sea introducido en los espacios escolares desde la comunidad. Los CDC recomiendan dos indicadores primarios para determinar el riesgo de contagios en la respectiva comunidad: el número total de nuevos casos positivos a covid-19 por 100.000 personas durante los últimos 7 o 14 días, y el porcentaje de las pruebas moleculares (RT-PCR) positivas durante estos mismos periodos.

Con relación de los nuevos casos por 100.000 personas durante los últimos 14 días, el riesgo más bajo se obtiene cuando hay menos de 5 casos y el riego más alto se consigue de 50 a ≤ 200, mientras que el riesgo altísimo se ubica sobre más de 200 casos. En el caso de los últimos 7 días, entre 0 y 9 nuevos casos el nivel de transmisión se considera bajo y se designa azul, entre 10 y 49 el nivel es moderado y se designa amarillo, entre 50 y 99 el nivel es substancial y se designa anaranjado, e igual o mayor de 100 corresponde al nivel alto y se designa rojo.

En el caso de la utilización del porcentaje de pruebas de RT-PCR positivas durante los últimos 14 días, el riesgo más bajo de transmisión se tiene en un porcentaje menor a 3%, mientras que el riesgo más alto se configura de 8% a ≤ 10%. El riesgo altísimo se ubica por encima de 10%. En el caso de los últimos 7 días, por debajo de 5% se tiene la transmisión más baja (azul), entre 5.0 % y 7.9% la transmisión moderada (amarillo), entre 8,0% y 9,9% la transmisión substancial (anaranjado), y en 10% o más se tiene el nivel más alto de transmisión (rojo) (20; 21).

Como ejemplo del nivel de transmisión se podría examinar Bogotá. Durante los últimos 14 días ha mostrado más de 216,36 casos nuevos por 100.000 personas lo cual ubica a la capital en un altísimo nivel de transmisión del SARS-CoV-2. En el caso del porcentaje de pruebas positivas a RT-PCR en este mismo periodo, se obtiene un porcentaje de 14,16%, lo que ubica igualmente a la ciudad en un altísimo riesgo de transmisión. Si se consideran los nuevos casos por 100.000 personas durante los últimos 7 días, se obtiene un valor de 118,5 casos, lo cual corresponde igualmente a un exceso sobre el límite más bajo correspondiente a una alta transmisión (alerta roja). Con las pruebas de RT-PCR positivas en los últimos 7 días, se tiene un porcentaje de 17,27%, que está muy por encima de 10% que es el valor que marca el inicio de la alta transmisión (alerta roja). Si vemos el nivel de vacunación de Bogotá (7,08%), está significativamente arriba del promedio nacional (2,5%). O sea, que la proporción de la vacunación es aún muy baja para mostrar algún impacto visible en el control de la pandemia. Solo se han aplicado a nivel nacional alrededor de 2.400.000 dosis, la mayoría de ellas correspondientes a la primera dosis. Se está aún muy lejos de la meta de vacunación de 35 millones de personas con las dos dosis, de acuerdo con el protocolo de las vacunas hasta ahora disponibles en el país.

Los niños se infectan, transmiten el virus y también fallecen

De acuerdo con los CDC (22), se presentan mucho menos casos de covid-19 en niños de 0 a 17 años en comparación con los adultos. Sin embargo, los datos recientes indican que desde marzo de 2020 los casos de niños se han estado incrementando en Estados Unidos, aunque la verdadera incidencia de SARS-CoV-2 en esta población es incierta debido a que no han sido priorizados para el testeo. Las tasas de hospitalización son relativamente bajas en niños, solo un tercio de ellos transita a unidades de cuidado intensivo (UCI) y los fallecimientos son pocos. Pero en comparación con los adultos, los niños tienen cargas similares de virus, y aún mayores, en la nasofaringe y pueden infectar a otras personas (23; 24). Entre el 16% y el 50% de los niños pueden ser asintomáticos, pero quienes presentan síntomas, éstos son similares a los de los adultos. Los niños con comorbilidades o enfermedades de base pueden estar en mayor riesgo de enfermedad severa a consecuencia del SARS-CoV-2 (25).

En Estados Unidos han fallecido 351 menores de 17 años a 5 de abril de 2021 (26). En el caso de Colombia, de acuerdo con el Boletín del Dane, entre marzo de 2020 y el 17 de enero de 2021, se han producido 148 fallecimiento confirmados por Covid-9 en menores de 15 años, más 301 fallecimientos registrados como sospechosos por Covid-19 por las características clínicas (27). Falta la actualización del Dane de los datos de los niños fallecidos por Covid-19 en Colombia a la fecha.

Qué ha pasado con las reaperturas

Aunque existe bastante heterogeneidad sobre los resultados de las reaperturas en términos del tiempo que han durado, su carácter (híbrido o pleno) y los impactos sobre la salud y la vida de la comunidad educativa, el rasgo más común es que se han tenido que suspender en muchos lugares en la medida en que la comunidad escolar ha sido víctima de los niveles de transmisión presentes en la respectiva comunidad. En el ámbito doméstico, en Sincelejo de cerraron en marzo 3 colegios por casos de covid-19, incluida la muerte de una docente (28). En Barranquilla se ha suspendido la alternancia educativa con el fin de contener el tercer brote de covid-19 (29).

Si se mira a nivel internacional, se puede destacar una nota publicada en la prestigiosa revista The Lancet (30). Los argumentos de que las escuelas, una vez reabiertas, no se incorporan al nivel de transmisión de la comunidad, que no contribuyen a mantener el nivel la pandemia y que los riesgos para los niños son despreciables, han conducido a que las medidas de bioseguridad en las escuelas sean desestimadas y se propicien reaperturas sin el aseguramiento de las medidas de mitigación estrictas. Las evidencias para estas argumentaciones laxas y poco responsables tienen grandes limitaciones (31; 32).

Los cierres de escuelas y colegios se han asociado con reducción sustancial del número reproductivo efectivo (Rt) del virus en muchos países (33). La encuesta de infección de la Office for National Statistics (ONS) del Reino Unido muestra que la prevalencia de la infección entre los niños de 2 a 10 años (2%) y de 11 a 16 años (3%) aumentó por encima de la prevalencia de todos los demás grupos de edad antes de las vacaciones de Navidad de 2020, cuando las escuelas estuvieron abiertas. Se ha concluido que las escuelas que no cuentan con medidas de mitigación solidas podrían contribuir a incrementar en al menos 30.000 muertes por COVID-19 en los escenarios de reapertura propuestos, de acuerdo con modelamientos de la Universidad de Warwick y el Imperial College de Londres (34).

Aunque covid-19 es poco probable que cause enfermedad severa en los niños, la prevalencia de síntomas de covid-19 de larga duración, de acuerdo con la encuesta de infección de la ONS, el 13% de los niños entre 2 y 10 años y el 15% de aquellos entre 12 y 16 años tienen al menos un síntoma persistente 5 semanas después de haber sido identificados como positivos. Dado que no se tiene aún información sobre las consecuencias a largo plazo de la infección de niños con SARS-CoV-2, no se encuentra prudente facilitar que el virus circule entre los niños, además del riesgo de contagio para sus familias. Los niños menores de 16 no han sido incluidos en el protocolo de vacunación. Permitir reaperturas sin normas de bioseguridad estrictas es crear un reservorio de coronavirus cuya evolución por mutaciones podría dar surgimiento a eventuales variantes del virus con probabilidad de ser más infecciosas y letales.

Es claro, que las reaperturas presenciales de actividades escolares no son una herramienta para disminuir o extinguir la pandemia. Los contagios son inevitables. Sin embargo, hay estudios demostrativos sobre reaperturas en que los brotes de contagios en las escuelas se han podido reducir significativamente cuando se cumple con estrictas medidas de bioseguridad, incluyendo el seguimiento riguroso de los contagiados y sus contactos (35). Cuando ha ocurrido transmisión del SARS-CoV-2 en los espacios escolares, hasta el 72% de los casos se explica por incumplimiento de las medidas de mitigación, como el uso correcto del tapabocas. Sin embargo, no se descarta que el surgimiento de nuevas variantes genéticas del coronavirus exija medidas adicionales de mitigación de los brotes.

Cómo se puede llegar a un acuerdo consensuado de reapertura segura

Es pertinente señalar la jurisprudencia constitucional relativa al derecho constitucional fundamental de participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los afecten. Aunque la información científica ilumina la toma de una decisión, la decisión de reapertura de actividades educativas presenciales tiene carácter político, ético y legal. Sin embargo, en la toma de esta decisión, el componente ético se torna relevante.

La toma de esta decisión en medio de una pandemia activa no es nada fácil. Bajo la noción participativa, se debe promover la confluencia de todos los interesados con el fin de compartir una información transparente y de llegar a una decisión consensuada que permita asegurar la calidad de la decisión que se tome. En este tipo de decisiones se enfatiza una amplia gama de factores éticos. Las consideraciones morales se deben poner en el centro de una discusión enmarcada por un razonamiento ético consistente. El valor central es el bienestar de los niños, los adolescentes y de toda la comunidad educativa.

Es importante abordar los valores éticos asociados a la justeza de la toma de una decisión con los mejores resultados para todos, destacando las responsabilidades individuales y colectivas implicadas. La garantía del ejercicio de la autonomía y la libertad, así como el respeto a la integridad y dignidad de todos los interesados no pueden estar ausentes. Colocarse en la situación del otro e identificar sus legítimos intereses y derechos también contribuye a la toma de la mejor decisión. Sin la consideración de elementos éticos, la decisión podría tener visos dictatoriales y arbitrarios atentatorios contra el propósito principal: el aseguramiento del derecho de los niños y adolescentes a una educación plena, segura y respetuosa del derecho a la vida.

Bogotá, 6 de abril de 2021

Notas: 

Referencias

World Bank. 2020. Simulating the potential impacts of the COVID-19 school closures on schooling and learning outcomes: A set of global estimates. https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/simulating-pote... closures-learning-outcomes-a-set-of-global-estimates).

CDC. 2021. Operating schools during COVID-19: CDC's considerations. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools- childcare/schools.html#:~:text=Ensure%20you%20have%20accessible%20sinks,(preferably%20covered)

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